La Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), una de las cuatro asociaciones que representa al antiguo colectivo de secretarios judiciales, ha ratificado la convocatoria de huelga fijada para el próximo 26 de enero porque el Ministerio de Justicia ha impuesto, como condición previa para sentarse a negociar, que se desconvoque dicha huelga.
«El Ministerio ha enfocado al revés el problema. La huelga se ha convocado para poder negociar y llegar a una solución que resuelva el conflicto. Si ya nos piden que, desde el primer momento, desconvoquemos, están ignorando el mecanismo más básico que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos», explica Juan José Yáñez, vocal del Secretariado de la UPSJ y miembro del Comité de Huelga.
A la huelga se ha adherido otra de las cuatro asociaciones de este colectivo formado por más de 4.300 letrados de judiciales, la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), y ha obtenido el apoyo de prácticamente todos los participantes en las asambleas que se están celebrando en los partidos judiciales de toda España.
En todos ellos, según Yáñez, la adhesión está siendo unánime o por mayoría absoluta.
La asociación mayoritaria, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), y el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) «no ven la convocatoria de huelga», según Yañez.
«Esperemos que lo acaben viendo porque sus afiliados están apoyando la huelga», subraya.
La UPSJ plantea que se reconozca el derecho a una negociación colectiva propia porque son los sindicatos generalistas los que están negociando en su nombre.
«No sólo no defienden nuestros intereses sino que además se utiliza esta situación injusta para sacar ventajas en favor de sus representados y en detrimento de nuestros intereses», afirma la UPSJ en un comunicado.
Y argumentan que «Nuestro carácter directivo y las funciones singulares justifican que tengamos un marco de negociación colectiva propio. Pero además, con el
cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce una circunstancia excepcional que no se da en ningún otro grupo de la administración pública que es que dependemos del Ministerio de Justicia, como cuerpo nacional, mientras que el resto de la oficina que dirigimos pueden depender de las comunidades autónomas, sin competencia sobre los Letrados».
Recuerdan, además, que la gran reforma de la Administración de Justicia que se llevó a cabo en 2009 se hizo sobre la base de los letrados judiciales, asumiendo, en ese proceso, nuevas competencias. No fueron remuneradas porque «se nos dijo que la situación económica del país no permitía en ese momento la compensación por las nuevas funciones asumidas».
Una promesa que no se materializado.
«La Ley de Presupuestos Generales del estado 2021 obligó al Ministerio de Justicia a negociar la adecuación salarial. Sin embargo, el Ministerio no ha atendido esa orden parlamentaria, lo que nos obliga a ir a la huelga», concluye la UPSJ.
