La Asociación de Fiscales (AF) ha realizado un estudio sobre la pérdida de poder adquisitivo en las retribuciones de la Carrera Fiscal, que hoy ha puesto a disposición de los fiscales, y ha realizado un llamamiento a la «inaplazable necesidad» de actualización de las retribuciones.
En él, tras sistematizarse la normativa aplicada en la determinación anual de las cuantías, analiza la progresiva pérdida de poder adquisitivo de estas retribuciones, «agravada por la reducción exorbitada que aplicó el Real Decreto-Ley 8/2010 y el incremento récord del IPC en 2021».
La AF pone como ejemplo que las retribuciones fijas previstas en 2022 para un fiscal de Valencia, Sevilla o Zaragoza «suponen una pérdida de más de 12.000 euros al año respecto a las que correspondería percibir de haberse mantenido la capacidad adquisitiva establecida en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal; o en el caso de los Abogados Fiscales, donde tal pérdida es superior a 7.500 euros anuales respecto a la cuantía que hubiera debido corresponder».
Así, según la AF, el incremento de las categorías retributivas que debería ser aplicado para la restitución de la capacidad adquisitiva a las originarias previsiones de la Ley 15/2003 se debería concretar con un aumento de los sueldos de un 22,16%, de los complementos de destino entre un 17,31% y un 12,78%, según categoría, y de un 18,32% las retribuciones especiales correspondientes al desempeño de servicios de guardia.
«Es evidente que el crecimiento exponencial de la inflación y el IPC en España y su diferencia con el incremento de las retribuciones de los fiscales ha dado lugar a un empobrecimiento paulatino en la Carrera Fiscal, que debe ser subsanado de inmediato«, señala a Confilegal la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.
Afirma que esta pérdida de poder adquisitivo «justifica sobradamente» la petición de la AF de que el Ministerio de Justicia convoque la mesa de retribuciones «para empezar ya a negociar los incrementos salariales que palíen este empobrecimiento».
Las retribuciones de jueces y fiscales están reguladas a través de la Ley 15/2003 de forma independiente de la función pública a fin de garantizar la independencia económica de los miembros de una y otra carrera mediante un sistema retributivo que, según esa ley, es objetivo equitativo transparente y estable que reconozca adecuadamente la responsabilidad y dedicación de los mismos.
Para ello, prevé la creación de una Comisión que se ha de reunir cada cinco años para elevar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, propuestas de revisión de las retribuciones adecuadas a los principios contenidos en esta ley (mesa de retribuciones).
En 2008 se convocó dicha mesa sin que llegara a prosperar acuerdo alguno, y en 2010, por la crisis económica de 2008, se produjo una reducción de los sueldos superior al 9%, mayor que en otros Cuerpos del Estado «sin que dicha pérdida se haya en modo alguno recuperado», subraya Dexeus.
Noticias relacionadas:
Gobierno y sindicatos se marcan como objetivo alcanzar un nuevo acuerdo para los empleados públicos
