Las principales reivindicaciones de la AF a Llop: Derogación del 324 de la LECrim, nuevo Estatuto Orgánico y revisión retributiva

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, ha solicitado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, la derogación de la actual regulación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece plazos para la instrucción de las causas; un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «que recoja la exigencia de autonomía presupuestaria y verdadera capacidad de gestión y de reglamentación para alejar así a la Carrera Fiscal de la ‘tutela’ del Ministerio de Justicia» y blinde a la institución y a quien la dirige «de toda injerencia política»; y la inmediata convocatoria de la Mesa de Retribuciones para abordar todas las cuestiones sin solucionar en materia retributiva.

Como informó Confilegal, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, se reunió el pasado 20 de diciembre con Llop en el Ministerio para presentar sus reivindicaciones para la Carrera Fiscal a la nueva ministra. Llop, por su parte, informó a Dexeus de las reformas que el Ministerio está llevando a cabo para transformar la Administración de Justicia, y trataron la formación inicial de jueces y fiscales, de la que la ministra baraja la posibilidad de que se realice de forma conjunta.

La AF desgranó en este diario todas las mejoras laborales y retributivas solicitadas en la reunión, que duró una hora, además de otros temas que quedaron pendientes. La ministra solicitó a Dexeus que le enviara por escrito todas sus reivindicaciones y la AF acaba de enviarle el documento, al que ha tenido acceso este diario.

El escrito, de 6 páginas, consta de 10 apartados -materia retributiva, estatuto orgánico, instrucción penal y anteproyecto de la LECrim 2020, prevención de riesgos laborales, formación, dietas de formación, justicia digital, concursos reglados, acceso a la carrera: sistema de oposiciones, y ampliación de plantilla y reequilibrio de categorías- con un total de 37 cuestiones.

Reivindicaciones retributivas

En materia retributiva, la AF destaca que la pérdida acumulada de poder adquisitivo en las retribuciones de la Carrera Fiscal, desde la entrada en vigor de la Ley 15/2003 hasta la actualidad y tomando como referencia la variación del IPC, ha llevado a diferencias superiores al 14% para los sueldos, al 10% de los complementos de destino y 12% de las retribuciones de las guardias.

Así, señala que en 2021 el sueldo de los fiscales ha seguido por debajo del que percibían los miembros de la Carrera Fiscal inmediatamente antes de la reducción del sueldo operada por el RDL 8/2010 (9,73% para todos los miembros de la Carrera Fiscal). Añade que a su vez, el sueldo de un fiscal en 2022 resulta inferior al que correspondería a un abogado fiscal si las retribuciones fijadas en la Ley 15/2003 hubieran sido actualizadas conforme al IPC, de la misma manera que, por ejemplo, el complemento de destino de un fiscal del grupo tercero de población en 2022 está por debajo de la cuantía que correspondería a un fiscal del grupo cuarto de población si se hubiera producido dicha actualización.

Frente a esta situación, la Asociación de Fiscales reclama la actualización de los conceptos retributivos previstos en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, «hasta la completa recuperación del poder adquisitivo perdido».

También manifiesta que la antigüedad, actualmente remunerada mediante un incremento del 5% del sueldo inicial correspondiente a la categoría de ingreso por cada tres años, «debe ser objeto de revisión a fin de fijar un incremento del 8% del sueldo en función de la categoría profesional que realmente se ostenta en el momento de consolidación del trienio».

La AF reclama, asimismo, la supresión de las categorías de grupos de población cuarto y, en especial del quinto, al que pertenecen todos los abogados fiscales, integrando dichos grupos dentro Grupo Tercero de población, y actualizando los grupos conforme al padrón municipal.

Además, considera indispensable la revisión de los conceptos y cuantías estipulados como complementos de destino por circunstancias especiales y complementos específicos, con el fin de «contemplar y remunerar adecuadamente en cada caso situaciones de particular penosidad, responsabilidad o necesidad de especial formación».

Apunta que la retribución por variables, en todo caso debe alcanzar el 5% de la cuantía global de las retribuciones fijas de los miembros de la Carrera Fiscal, máximo fijado por la Ley, y que el abono deberá de extenderse a todos los fiscales, que cobrarán individualmente en función del grado desarrollado de la actividad del destino fijado por la FGE, exactamente igual a como está regulada la retribución por variables en la Carrera Judicial.

Para la AF, «no resulta admisible ni justificable» que la retribución del servicio de guardia de fiscales, jueces y magistrados sea igual que la del personal de la oficina judicial o fiscal, «ya que el trabajo y la responsabilidad no son equiparables». Subraya que el servicio de guardia de fiscales, jueces y magistrados debe retribuirse de tal forma que responda y se adecúe a la responsabilidad de sus cargos, y que en la retribución de las guardias deberá tenerse en cuenta las características del Juzgado en que se presten, de conformidad con el régimen de guardias legalmente diseñado.

También indica que la cuantía de las retribuciones especiales por sustitución debe ser igual a la suma del 100% del sueldo base, el 100% del complemento de destino y del 100% del complemento específico previstos para el desempeño profesional del fiscal al que se sustituya, teniendo en cuenta para su cuantificación el grupo de población y las condiciones objetivas de representación vinculadas al cargo que se sustituye.

Además, demanda el desarrollo normativo del complemento económico de carrera profesional previsto en el artículo 403.3 de la Ley Oorgánica del Poder Judicial, que, según afirma, «permitiría superar la discriminatoria situación de categorías profesionales, conforme a los trabajos de estudio en la materia de la Asociación de Fiscales».

Nuevo Estatuto Orgánico

La AF hace hincapié en que «se precisa un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal previo a la necesaria reforma de la LECrim, que garantice autonomía del Ministerio Fiscal, que genere confianza en la ciudadanía y que permita un amplio consenso político en dicha reforma».

Según la Asociación de Fiscales, este nuevo EOMF tiene que incluir autonomía presupuestaria y de gestión del Ministerio Fiscal; tiene que abordar la nueva organización territorial del Ministerio Fiscal y la existencia de Fiscalías de Sala especializadas; debe recoger las fórmulas de disentimiento frente a órdenes de superiores jerárquicos; así como contemplar un régimen disciplinario en el que no tenga intervención el Ministerio de Justicia; y ha de establecer reglas de comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado, de forma escrita y pública, sin posibilidad de comparecencia del Fiscal General en el Consejo de Ministros.

La AF también reclama que el nuevo estatuto aborde definitivamente el nombramiento del fiscal general del Estado, la capacidad de decisión, el régimen de abstención y la limitación de las puertas giratorias de la política a la Carrera Fiscal.

Asimismo, exige que refuerce las funciones del Consejo Fiscal, con capacidad decisoria en determinadas materias, y con procedimiento de amparo de fiscales.

Todos estos aspectos deben desarrollarse, según la AF, en un nuevo Reglamento de la Carrera Fiscal «que otorgue seguridad jurídica».

Riesgos laborales

Por otra parte, la Asociación de Fiscales reclama del actual Ministerio de Justicia en materia de prevención de riesgos laborales «una serie de cuestiones fundamentales» que ha venido reclamando de los anteriores equipos ministeriales y que «deben superar el actual borrador de Convenio de Prevención de Riesgos Laborales entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado que, siendo un primer paso, siempre hemos valorado como insuficiente».

En concreto, reclama la creación de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio del Ministerio Fiscal, la creación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales propio del Ministerio Fiscal al modo del del Consejo General del Poder Judicial, y la dotación al Ministerio Fiscal de presupuesto propio para la ejecución del «anhelado» Plan de Prevención de Riesgos Laborales propio de la Carrera Fiscal.

«Se deben garantizar nuestras condiciones de trabajo, y no sólo a los miembros del Ministerio Fiscal en situación de embarazo y durante el período de lactancia, sino que reclamamos medidas de protección específicas para los puestos de trabajo de los Fiscales, con una casuística más amplia que refleje todas las situaciones de riesgo (por ejemplo, las derivadas de estrés o los riesgos in itinere) que pueden afectar al Ministerio Fiscal», agrega.

Reivindica un plan «ambicioso» en el que se determine la carga de trabajo «razonable y proporcional» para asegurar la salud de los fiscales que analice la afectación a la salud en caso de exceso de carga de trabajo y medidas para paliar dicha situación. Pide que no sólo sirva para prevenir los riesgos de la salud de los fiscales atendiendo al listado y determinación de enfermedades propias y especiales y el protocolo de actuación ante ellas, sino también para la determinación de las plantillas y a efectos de productividad.

Además, la AF solicita la reanudación inmediata de los reconocimientos médicos anuales de los fiscales, y la vacunación frente a la gripe de todos los fiscales, «tal y como sucede con los jueces y magistrados».

Formación

La AF sostiene que la formación de los fiscales debe recaer en los propios fiscales, y por ello considera que «resulta de extraordinaria importancia que la formación de los fiscales, tanto inicial como continuada, se desarrolle en un centro formativo realmente especializado en las necesidades de la carrera y que pudiera dar servicio durante todo el año».

Señala que «no está justificada la falta de equiparación entre la formación inicial que recibe la carrera judicial y la fiscal. En este sentido, considera que jueces y fiscales deben participar de una fase inicial de formación conjunta. Y en tanto ello no fuera posible, se articule un “Centro de Formación de la Carrera Fiscal” independiente del Ministerio de Justicia e, incluso físicamente, del Centro de Estudios Jurídicos.

Por otro lado, resalta que la actual Dirección del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) tiene como líneas maestras la de potenciar la formación ‘online’. La Asociación de Fiscales entiende que, «sin denostar la misma pues puede y debe ser un instrumento útil, debe seguir apostándose por la presencialidad, pues esta sirve para articular, vertebrar y expandir lazos de unión entre los compañeros que articulan mecanismos de transmisión de conocimientos y buenas prácticas que van mucho más allá de las enseñanzas que se pueden impartir en un determinado curso».

Recuerda que dentro del actual presupuesto del CEJ, la Carrera Fiscal goza de singularidad presupuestaria, pues una parte del mismo es exclusiva para su formación. Sin embargo, denuncia que la Carrera Fiscal se ve «privada de la posibilidad de su gestión y ejecución, pues ésta corresponde al CEJ. Debería dedicarse esa partida presupuestaria directamente a la formación del Ministerio Fiscal, concediéndole a éste autonomía presupuestaria a esos efectos cumpliendo así las recomendaciones del GRECO, sin que dependa de un Organismo Autónomo del Ministerio de Justicia como es el Centro de Estudios Jurídicos».

Dietas de formación

La AF también expresa que constituye un «problema creciente» el alojamiento y manutención de los Fiscales durante su formación continuada, «pues las dietas previstas reglamentariamente han quedado obsoletas y sus cuantías, inicialmente válidas, hoy no cubren mínimamente las necesidades a las que están orientadas».

Recuerda que desde la Asociación de Fiscales se han planteado diversas soluciones para solventar el problema. En concreto, se han realizado tres propuestas para incrementar las dietas: el aumento de su cuantía, la inclusión de la totalidad de la Carrera Fiscal en el Grupo 1, y el complemento de la dieta.

La AF también pone el foco en que las dietas llevan en la misma cuantía desde diciembre de 2005, de forma que si a las cantidades previstas para el Grupo 2 (aplicable a la carrera fiscal excepto la primera categoría) le aplicamos el IPC desde entonces, tendríamos una dieta entera de 133,76 euros, de forma que la partida del alojamiento en lugar de unos 66 euros se elevaría hasta unos 85 euros. Esto le lleva a reclamar la «inmediata actualización» de las dietas conforme al IPC.

Justicia digital

La Asociación de Fiscales reclama igualmente la adecuación técnica de todos los sistemas de gestión procesal coexistentes en España. Considera «intolerable» la disparidad de desarrollo entre ellos y la insalvable distancia entre su rendimiento y las necesidades de un «auténtico expediente digital».

Para la AF, resulta «indispensable» proveer de los medios técnicos adecuados a los miembros de la Carrera Fiscal para el correcto y ágil desempeño de su función, lo que comprende tanto equipos actualizados y periféricos idóneos como plataformas y aplicaciones operativas en todo el territorio nacional.

Concursos reglados

La Asociación de Fiscales también reclama que los concursos de acceso a las plazas de la Carrera Fiscal tengan carácter reglado, esto es, con periodicidad de al menos dos o tres al año y siempre en el mismo período, evitando que coincidan con el inicio del curso escolar «para garantizar la conciliación de la vida familiar y profesional de los compañeros», de manera que los fiscales conozcan con carácter previo cuándo va a publicarse un concurso, porque siempre se publican en la misma fecha.

Además, reclama que la competencia en materia de gestión, resolución y publicación de concursos de traslados de la Carrera Fiscal recaiga en la Fiscalía General del Estado.

Sistema de oposiciones

La AF recuerda que siempre ha defendido que el actual sistema de oposiciones es «el mejor sistema» dentro de los posibles de acceso a la Carrera. Señala que «eso no quiere decir, obviamente, que no existan posibilidades de mejora o de perfeccionamiento del actual sistema, que existen», pero subraya que «lo que es indiscutible es que es un sistema que garantiza la igualdad de todos los aspirantes a la Carrera, la publicidad y la transparencia del proceso y que prima la excelencia».

Ampliación de plantilla y reequilibrio de categorías

Otra de las reivindicaciones de la asociación mayoritaria de la Carrera Fiscal es que se proceda al reequilibrio de las plazas de tercera categoría en relación a las plazas de la categoría de jueces, y a una ampliación de plantilla que contemple dicho aspecto y que resulte ajustada a las necesidades presentes y futuras de la Carrera Fiscal.

La AF espera que el Ministerio de Justicia sea sensible a todas estas mejoras «imprescindibles» para la Carrera Fiscal» y las lleve a cabo. Destaca que la gran mayoría de ellas ya fueron exigidas por esta asociación en tiempos del ministro Rafael Catalá (PP) y de la ministra Dolores Delgado (PSOE), actual fiscal general del Estado, «y no fueron atendidas», según señala a Confilegal Cristina Dexeus.

«Como tampoco fue atendida por el ministro Juan Carlos Campo» (PSOE), añade, la petición de esta asociación de que la reforma de la LECrim fuera acompañada al mismo tiempo de un nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que cumpliera con las exigencias de la Comisión Europea sobre Estado de Derecho en España y del GRECO en materia de imparcialidad y neutralidad de la institución y del fiscal general del Estado que la dirige.

La AF espera que «este año, y más pronto que tarde, se acometan todas estas reformas tan necesarias».