CCOO, UGT y CSIF -sindicatos más representativos de Función Pública- han fijado con el Ministerio de Hacienda y Función Pública un calendario para negociar un nuevo acuerdo en el seno de las Administraciones Públicas y el sector público empresarial, como se estableció en un acuerdo el pasado 5 de julio.
Según han informado las organizaciones sindicales, en las próximas reuniones abordarán el impacto del IPC sobre el sueldo de los empleados públicos.
El proceso de diálogo también incluirá aspectos fundamentales para el futuro laboral de los empleados públicos como son la digitalización, la jubilación, la promoción interna, la movilidad y la carrera profesional, entre otros.
En la reunión que CC OO, UGT y CSIF han mantenido esta mañana con el Ministerio, en el marco de la Comisión de Seguimiento del Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, se han analizado los instrumentos para establecer los criterios para el desarrollo de la nueva ley sobre temporalidad.
Estas cuestiones también se debatieron ayer en el marco de la Comisión de Coordinación de Empleo Público.
Por parte del Gobierno han estado la directora general de Función Pública, María Isabel Borrel Roncalés, y el subdirector general de Relaciones Laborales, Héctor Casado López, y por los sindicatos, los representantes de Acción Sindical.
Los sindicatos reclaman que el desarrollo de los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021 «deben ofrecer seguridad jurídica y garantizar el principio de equidad para evitar que se produzcan situaciones lesivas para los y las aspirantes».
Asimismo, afirman que es necesario agilizar las convocatorias para que proceso de estabilización en las Administraciones Públicas acabe con la «desorbitada» temporalidad en el sector público y ésta no supere la cifra máxima del 8%.
«En CSIF aspiramos a lograr un acuerdo de legislatura donde se avance en la senda de la recuperación económica y se corrija la pérdida de poder adquisitivo que tienen acumulada el conjunto de empleados públicos. La movilidad voluntaria, la promoción interna -debe contemplarse su excepcionalidad a través también de un concurso de méritos- y las jubilaciones son cuestiones que para CSIF debe contemplar dicho acuerdo», señala a Confilegal Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de este sindicato.
CSIF, JUCIL Y JUPOL ACUERDAN UN FRENTE COMÚN
CSIF ha firmado recientemente un acuerdo marco de colaboración con la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) y el sindicato Justicia Policial (Jupol), ambas organizaciones mayoritarias en los consejos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, para la defensa de los intereses comunes de los empleados públicos.
«CSIF, como sindicato referente en función pública, va a canalizar las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que como empleados públicos coinciden con el resto: la recuperación del poder adquisitivo que se lleva perdiendo en los últimos años, que supone que un empleado público del grupo A1 haya trabajado en los últimos 11 años 18 meses gratis; un empleado del grupo A2, 15 meses; y un C1, como es el caso de agentes, 13 meses gratis», explica Lama.
Además, indica que cuestiones como las reformas de las pensiones que se han llevado a cabo desde 2011 también han supuesto «un grave recorte en los derechos del conjunto de empleados públicos».
CSIF se reunió la pasada semana con Jupol.
Y hoy ha tenido lugar su reunión con Jucil.
