Sobre estas líneas en una foto tomada en 2018, frente al Ministerio de Justicia, en el curso de una manifestación. Lama considera que el Ministerio de Hacienda y Función Pública debe ejercer el liderazgo para evitar que las Comunidades Autónomas no sigan lo aprobado por la ley. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
«Cuanto más analizamos la nueva ley de interinos, más dudas tenemos», Francisco Lama, secretario de acción sindical de CSIF
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15/1/2022 01:00
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Actualizado: 14/1/2022 21:23
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“Necesitamos la gobernanza para que existan criterios homogéneos a la hora de convocar los procesos selectivos que se pongan en marcha ahora”, es una de la reflexiones que hace para Confilegal, Francisco Lama, secretario de acción sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), al analizar la norma aprobada recientemente para reducir la temporalidad en la administración.
Considera que el Ministerio de Hacienda y Función Pública debe ejercer el liderazgo para evitar que las Comunidades Autónomas no sigan lo aprobado por la ley, “es un acto de rebeldía que sigan convocando procesos selectivos sin seguir la nueva norma”.
“Cuanto más leemos la ley y más la desmenuzamos, más dudas nos genera su aplicación práctica. Lo que no podemos es ser participes de futuras negociaciones que generen inseguridad jurídica para los aspirantes”, comenta.
Desde CSIF se insiste en que los trabajadores han sido las verdaderas víctimas de los últimos gobiernos que han generado tanta precariedad en el empleo.
“Cuando lleguemos al 31 de diciembre del 2024 veremos si la norma ha sido efectiva y ha reducido la temporalidad y estabilizado a los interinos”.
¿Qué valoración hace CSIF de la aprobación de esta Ley para Reduccion de la Temporalidad recientemente publicada en el BOE?
Para nosotros la norma que ha salido, lejos de dar certeza genera más inseguridad. Fundamentalmente por varias cuestiones. La primera es que es una norma habilitante para que las distintas administraciones la apliquen.
A nuestro modo de ver, esto puede quebrar el principio de equidad.
Pensamos que el Gobierno no puede renunciar a la competencia exclusiva que establece la Constitución en materia de empleo público. Lo señala el artículo 149.18 de nuestra Carta Magna.
Otra cuestión que nos preocupa es que la norma al establecer dos sistemas de acceso distinto a la estabilización del profesional temporal, solapa periodos de las plazas a las que hace referencia.
Me imagino que nuestros diputados y senadores antes de introducir el segundo párrafo del punto primero del articulo 2 de la norma, ahí habla que las plazas de los procesos de empleo público del 2017 y 2018 que no se haya cubierto o estén sin convocar irán al concurso oposición.
Sin embargo, la disposición adicional sexta, habla de que irán a concurso las plazas que estén cubiertas ininterrumpidamente con anterioridad a uno de enero del 2016, de forma excepcional y por una única vez.
Los acuerdos de 2017 y 2018 retrotraían a plazas cubiertas de forma temporal tres años antes. Eso significa que el primer proceso llegaría a plazas cubiertas desde 1 de enero del 2015 y el del 2018 igual.
Se podría dar la casuística que hubiera plazas que cubiertas de forma temporal desde 1 de enero del 2015 vayan a concurso oposición y otras a concurso extraordinario. Hay un solapamiento claro.
¿La doble vía de acceso no convence?
Más que convencernos o no, tengo que recordarle que a nosotros se nos negó por activa y por pasiva que fuera viable y que el Tribunal Constitucional lo hubiera limitado en varias sentencias.
De hecho, si tiramos de hemeroteca, en las comparecencias de los anteriores ministros Carolina Darias y Miquel Iceta de función pública dijeron en sede parlamentaria que dicha excepcionalidad no se podría impulsar ni aplicar.
Tengo que dejar claro que las reglas del juego que se nos puso encima de la mesa en la negociación fueron esas. Y con esas, nosotros partimos con varios objetivos, el primero transponer la Directiva 1999/70, como CSIF ha venido demandando hace años.
Pero trasponer la Directiva con todas sus consecuencias. Se trataba por tanto de identificar plazas que estuvieran en situación de fraude y otras cuestiones.
Al mismo tiempo habría que establecer medidas de control y sancionadoras con las administraciones que lo hicieran mal.
Nosotros siempre defendimos que las indemnizaciones para los interinos que no superasen el proceso selectivo fueran las del despido improcedente, pero al final con la negociación el Real Decreto-Ley 14/2021 se quedó en los 20 días por año, del despido objetivo.
Con la aprobación de la nueva norma, ¿se mantiene el espíritu del acuerdo suscrito entre los sindicatos y el gobierno realmente?
Nosotros éramos conscientes que un acuerdo de este tipo tenía que ser aprobado por Congreso y Senado e incluso corríamos el riesgo de que la oposición podría alterar el contenido de lo negociado.
Lo que no esperábamos era que el propio Gobierno impulsase cambios sobre el mismo.
Hay una cuestión importante, que ya distintos expertos han señalado, el resultado de esta reforma normativa dependerá de negociación que lleven a cabo los sindicatos en cada mesa de negociación.
Se ha perdido una oportunidad única de establecer un marco homogéneo en una ley que vinculase al conjunto de administraciones públicas
¿Cree que puede generar su aplicación mucha litigiosidad en los tribunales?
Creemos que sí. Lo primero es que ya hay algún partido político que ha anunciado que recurrirá la Ley al Tribunal Constitucional
Lo que va a ser objeto de recurso van a ser todos los procesos selectivos que se convoquen, sobre todo a nivel de concurso extraordinario de méritos que se plantea.
«Nosotros siempre defendimos que las indemnizaciones para los interinos que no superasen el proceso selectivo fueran las del despido improcedente»
No está bien cerrado, ¿verdad?
Eso lo tendrán que decir los tribunales si están bien diseñados o no. A día de hoy no sabemos en que criterios se basa el Gobierno para establecer esos cinco años que plantea para acceder a dicho concurso extraordinario.
El problema de la temporalidad se ha disparado en nuestro país, ¿le sorprende?
Le recuerdo que en los últimos años todos los grupos parlamentarios, incluso el propio Gobierno, a través de su propio grupo, podrían haber puesto en marcha iniciativas legislativas y soluciones para acabar con la temporalidad.
Sin embargo, nadie lo ha hecho hasta ahora, de ahí que el índice de temporalidad en nuestro país a nivel de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos sea tan elevado.
Creo que dentro de la negociación colectiva se han logrado acuerdos que lo que perseguían era acabar con la temporalidad. Acuerdos que no se han aplicado por las diferentes administraciones.
Ahora, hay una norma que puede frenar la temporalidad en las administraciones.
Tenemos una norma, como bien dice, pero con los matices que le explicado va a generar confusión y litigiosidad notable.
En principio, obligan a las administraciones a cumplir plazos y a reducir la temporalidad y establece sanciones o responsabilidades para administradores incumplidoras.
Desde CSIF vamos a estar vigilantes y denunciar, como hemos hecho este jueves, los actos de rebeldía de muchas Comunidades Autónomas que hacen caso omiso a la norma aprobada y siguen convocado procesos selectivos.
Una situación que ya viene de atrás, desde la tramitación del ‘icetazo’, muchas administraciones no han parado de sacar plazas y cesar interinos sin indemnizaciones.
Es evidente que ha sido así. Se han convocado antes de la aprobación de la Ley y se siguen convocando pese a que ya se aprobó la nueva norma que quiere reducir la temporalidad en nuestro país
Esto es lo que consideramos más grave. Las Comunidades Autónomas que lo hacen cometen un acto de rebeldía, además en muchas de ellas gobierna el PSOE, sobre todo en el ámbito educativo.
En este contexto, ¿qué plantea CSIF para revertir la situación?
Solicitamos que de forma inmediata, Función Pública haga suya las competencias que son suyas en ese marco legislativo, corrija cualquier tipo de interpretación que pueda ser lesiva para los aspirantes a estas plazas que se convocan.
Es fundamental ese liderazgo para que no se quiebre el principio de igualdad de cara esos aspirantes.
Da la sensación que convocar una Conferencia Sectorial es una medida urgente.
Desde luego que es necesaria su convocatoria para aclarar conceptos y evitar lo que ahora está sucediendo en nuestro país. Tiene que ser de forma inmediata, como luego convocar la Comisión de Coordinación de Empleo Público.
Más allá de la tan traída cogobernanza de la que se ha hablado en el ámbito sanitario, ahora mismo lo que necesitamos es gobernanza.
Se trata de acabar con estos actos de rebeldía para no lesionar los derechos de muchos aspirantes, tanto los que quieren incorporarse como aquellos que ya están y se les va a estabilizar.
Hay que darse cuenta que ni el Ministerio de Sanidad ni el Ministerio de Educación han sido capaces de trabajar en la acomodación de las normas de sus ámbitos al espíritu de esta ley.
De hecho, este último comentario que usted señala refleja que en la norma aprobada se mantiene el año en blanco para acomodar la nueva legislación a estos colectivos, de los más numerosos a nivel de interinos.
Se ha quedado como usted bien señala. De hecho esa es una de las disposiciones que no ha modificado la nueva Ley 20/2021 de Reducción de la temporalidad. Ya venía reflejado en el Real Decreto-Ley 14/2021 que plasmó nuestro acuerdo desde la negociación colectiva.
Nadie debe olvidar que este es un problema que han generado en los últimos años las distintas administraciones públicas.
Ha ido engordando porque los diferentes Gobiernos no hicieron sus deberes, se trataba de planificar los recursos humanos y, por otro lado, a través de sus grupos parlamentarios, desde iniciativas legislativas, corregir este problema.
Nadie ha hecho lo que tenía que hacer, hasta que fruto de un acuerdo firmado por CSIF y el resto de sindicatos firmantes en un acto de responsabilidad y siendo conscientes de las dificultades, este tipo de acuerdos no contentan a nadie, suscribimos un acuerdo con las reglas de juego que nos dijeron en ese momento para acabar con el problema de la temporalidad.
Ahora esperamos que Función Pública lidere la aplicación de la norma para evitar distorsiones como las que ya se están dando con estas convocatorias en marcha de procesos selectivos.
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