El Tribunal Supremo (TS) ha decidido no suspender cautelarmente el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que modifica el reglamento de extranjería vigente en España.
La decisión se ha producido tras la celebración de una vista pública en la que se analizaron las solicitudes presentadas por distintas asociaciones, el partido político Vox y la Comunidad de Madrid contra la norma aprobada por el Gobierno.
Inadmisión del recurso de tres asociación por falta de legitimación activa
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha adoptado varias decisiones diferenciadas en función de quién presentó el recurso. Por un lado, ha inadmitido los recursos interpuestos por las asociaciones Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Asociación Libertad y Justicia al considerar que carecen de “legitimación activa”, es decir, que no reúnen los requisitos jurídicos necesarios para impugnar esta norma ante los tribunales.
Como consecuencia de esa inadmisión, el Supremo tampoco entra a valorar las medidas cautelares solicitadas por estas entidades, que pretendían paralizar temporalmente la aplicación del real decreto mientras se resolvía el fondo del asunto.
Vox y Comunidad de Madrid sí, pero igual de infructuosa su petición
En cambio, el tribunal sí reconoce legitimación activa al partido político Vox para recurrir judicialmente el reglamento. No obstante, rechaza igualmente su petición de suspensión cautelar, por lo que la norma continuará en vigor mientras se tramita el procedimiento judicial.
La misma decisión adopta respecto a la Comunidad de Madrid, cuya solicitud de paralización cautelar también ha sido denegada por la Sala.
El origen de los hechos
El real decreto objeto de controversia modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta normativa regula cuestiones esenciales relacionadas con permisos de residencia, trabajo, arraigo y procedimientos administrativos en materia de inmigración.
Las medidas cautelares son resoluciones provisionales que los tribunales pueden adoptar para evitar que una norma o decisión administrativa produzca efectos irreversibles antes de que exista una sentencia definitiva. En este caso, el Supremo ha optado por mantener la vigencia del reglamento mientras continúa el análisis jurídico de los recursos admitidos.
La decisión no supone todavía un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si el contenido del real decreto es o no conforme a Derecho. Lo que resuelve el tribunal en esta fase es únicamente si procede suspender temporalmente la aplicación de la norma durante la tramitación judicial.
Según la nota informativa difundida tras la vista pública, los autos completos serán notificados a las partes en los próximos días.
