El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a información bancaria de Alberto González Amador y de varias sociedades y personas vinculadas a él en el marco de una pieza separada abierta por un presunto delito de corrupción en los negocios.
En la resolución, el magistrado ordena requerir a diversas entidades financieras información sobre movimientos y saldos bancarios correspondientes a los investigados.
El juez solicita que las entidades faciliten de forma directa y reservada toda la documentación requerida, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y la fecha en que se cumplimente el requerimiento.
La decisión judicial se enmarca en una línea de investigación distinta de la que ya analiza los presuntos delitos fiscales y de falsedad documental atribuidos a González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Precisamente, el pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso presentado por la defensa de González Amador con el que pretendía impedir que la UCO continuara investigando posibles irregularidades diferentes a las ya examinadas en el procedimiento principal.
El núcleo de esta nueva investigación se sitúa en la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza S.L., comprada en 2020 por una empresa vinculada a González Amador por un importe cercano a los 500.000 euros.
El examen de las cuentas de González Amador
La resolución responde a una solicitud formulada por los investigadores de la Guardia Civil, que habían reclamado acceso a información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social.
No obstante, el magistrado considera oportuno iniciar las diligencias con el análisis de las cuentas bancarias y pospone para una fase posterior la eventual obtención de datos fiscales y laborales.
Según recoge el auto, las actuaciones practicadas hasta el momento apuntan de manera «indiciaria y provisional» a la posible existencia de una operación vinculada a la compra de Círculo de Belleza S.L. por importe de 500.000 euros.
El instructor trata de determinar si dicha adquisición pudo encubrir el pago de una comisión a una persona relacionada con Quirón Prevención, a raíz de las relaciones comerciales mantenidas con González Amador.
El magistrado justifica la medida por la necesidad de conocer el origen y la evolución patrimonial de los investigados y de su entorno, con el fin de comprobar si se produjo algún incremento patrimonial injustificado y si este guarda relación con los hechos investigados.
Asimismo, considera que la injerencia en la esfera de privacidad financiera de los afectados resulta proporcionada, al estar vinculada a una investigación penal concreta y delimitada.
«La decisión judicial que acuerda esta diligencia no solo ha de ser procesalmente pertinente, sino que debe también insertarse en un marco de tratamiento de datos penalmente legítimo, orientado a fines determinados de investigación, sujeto al deber de colaboración de los destinatarios del requerimiento y constreñido por exigencias de corrección, pertinencia y uso finalista de la información obtenida», señala el auto.
