Tres organizaciones. Tres recursos ante el Tribunal Supremo. Tres derrotas.
La Confederación Nacional de la Construcción fue la primera en caer. Después CEPYME. Y por último la CEOE. Las tres impugnaron el Real Decreto 439/2024, la norma que permite a las pequeñas y medianas empresas tener representación propia en los órganos donde se debate su futuro.
Las tres han perdido.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado las sentencias número 661/2026 y 625/2026 los días 28 y 19 de mayo respectivamente, desestimando íntegramente los recursos de CEOE y CEPYME.
Además, el Supremo impone las costas judiciales a ambas patronales. Un detalle que no es menor: significa que el tribunal no aprecia ni atisbo de duda razonable en sus pretensiones.
¿Qué estaba en juego?
El Real Decreto 439/2024 modificó la composición del Consejo Estatal de la PYME y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada para permitir que organizaciones específicamente representativas de las pymes —como Conpymes y Pimec, junto a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad— puedan sentarse en ambos órganos.
Conpymes representa a más de 2,1 millones de pymes y autónomos en España.
CEOE y CEPYME solicitaban la nulidad de esas modificaciones. El Supremo las ha rechazado.
El argumento del tribunal es directo: se trata de órganos consultivos sin capacidad decisoria, cuyas funciones inciden directamente en las pequeñas y medianas empresas.
Por tanto, es razonable que su composición incorpore una pluralidad de interlocutores, incluyendo no solo a las grandes patronales, sino también a quienes defienden específicamente los intereses del tejido pyme. Una participación que, precisa la Sala, conecta directamente con el artículo 129 de la Constitución.
El fondo del conflicto
La disputa tiene una lógica sencilla. Hasta ahora, quien hablaba en nombre de las pymes ante la Administración eran organizaciones que también representan a grandes empresas y multinacionales, con intereses a veces muy distintos a los de un taller familiar o un comercio de barrio. Las pymes estaban representadas, sí, pero de forma indirecta.
El ejemplo más claro es la morosidad. Cuando una gran empresa tarda en pagar, tiene un problema de tesorería.
Cuando una pyme no cobra a tiempo, puede quedarse sin dinero para las nóminas, perder proveedores o cerrar directamente. Son situaciones radicalmente distintas, y quien no las sufre en primera persona no las defiende con la misma urgencia.
Las sentencias abordan también el problema de la sobrerrepresentación: que una misma organización, o un grupo de organizaciones vinculadas entre sí, pueda estar presente en un órgano por varias vías simultáneas.
El Supremo lo frena, validando reglas concretas que impiden esa acumulación. Como señala la resolución, fijar esos límites es una garantía democrática e institucional para que la participación de las pymes sea efectiva, proporcional y transparente.
La réplica de CEOE y CEPYME: participar no es representar
Las dos patronales no han encajado la derrota en silencio.
Señalan que la sentencia distingue dos planos distintos: la participación en órganos consultivos, donde la Administración puede escuchar a una pluralidad de voces, y el diálogo social propiamente dicho —concertación y negociación colectiva— que corresponde exclusivamente a las organizaciones reconocidas como más representativas al amparo del artículo 7 de la Constitución.
«Participar no es representar», zanjan desde ambas organizaciones.
La lectura de Conpymes
Desde Conpymes, su presidente José María Torres ha subrayado que la sentencia «no solo derrota la pretensión de CEOE-CEPYME de limitar la pluralidad del tejido empresarial, sino que refuerza la necesidad de revisar urgentemente cualquier sistema que permita posiciones de dominio, duplicidades o sobrerrepresentación».
Para Torres, la clave es que «las pymes tienen derecho a estar representadas por quienes defienden de forma directa sus problemas, sus prioridades y su realidad económica», sin que esa voz quede diluida dentro de macroestructuras con intereses más amplios y, en ocasiones, contrapuestos.
La organización anuncia que seguirá trabajando para que esta doctrina se traduzca en una presencia real y efectiva en todos los espacios institucionales relevantes para la competitividad y la supervivencia de las pymes.
El 95 por ciento de las empresas españolas son pymes. Que estén donde se habla de ellas no parece, a estas alturas, una exigencia excesiva.
