Treinta y seis expertos de varios países y un solo español. Esa plaza la ocupa el jurista asturiano Javier Junceda, que interviene hoy lunes y mañana martes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Este año, la Facultad celebra de forma conjunta la IV edición de su Congreso Internacional de Contrataciones Públicas y la I de un nuevo Congreso Internacional de Derecho Público y Administrativo.
Con este nuevo Congreso, el debate va más allá de las compras del Estado y entra en otros terrenos del derecho público. No es un foro cualquiera: lo respaldan la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas.
A Junceda, académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, le toca cerrar.
Su intervención forma parte del panel de clausura de ambos congresos, dedicado a las perspectivas del Derecho Administrativo en el mundo y que lleva por título «Derecho Administrativo Global», en el que participan Óscar Cuadros, director de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Cuyo; Mariana Loza, árbitro independiente; y Fernando García Pullés, profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA (los tres son argentinos)..
Junceda no llega con un mensaje complaciente.
Cuatro focos de alarma
La ponencia se estructura en torno a cuatro cuestiones que el propio Junceda califica de especialmente preocupantes.
La primera es el desplazamiento del derecho público nacional ante los acuerdos internacionales de inversión. España conoce bien esa fricción: la cadena de arbitrajes perdidos por el recorte de las primas a las renovables mostró hasta qué punto un tratado puede imponerse a la potestad regulatoria de un Estado.
La segunda es la influencia de los grupos de interés económicos en la elaboración de las normas. La tercera apunta a algo más incómodo, el uso del Derecho Administrativo como herramienta para perpetuar determinadas ideologías políticas.
Y, por último, la cuarta, lo que denomina «incontinencia legislativa».
El término no es gratuito. Para el jurista, la acumulación de leyes y disposiciones produce una burocratización innecesaria que acaba lastrando a ciudadanos y Administraciones por igual.
Su receta pasa por cuidar la calidad técnica de los textos y por abrir su redacción a quienes después tendrán que aplicarlos: los profesionales del Derecho.
Tampoco esquiva la dimensión económica del problema. Junceda cuestiona que los intereses económicos puedan desplazar las regulaciones nacionales o condicionar la defensa del interés general, una de las piezas sobre las que descansa todo el edificio del derecho público.
De la pantalla al estrado
El viaje a Argentina no llega en el vacío. Días antes de embarcar, Junceda organizó desde el Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos que dirige, una nueva sesión telemática sobre el impacto de la inteligencia artificial en el derecho iberoamericano.
Se inscribieron cerca de 150 personas, procedentes de España y de distintos países latinoamericanos. Dos de ellos, Guatemala y Honduras, se sumaban por primera vez a estos encuentros.
Tomaron la palabra el abogado peruano Rubén Correa, la jurista guatemalteca Jary Méndez, el letrado hondureño Joaquín Mejía Rivera y el magistrado excedente y abogado Eduardo de Urbano.
El debate dejó una fotografía desigual. Cada país avanza a su ritmo en la regulación de la inteligencia artificial, y donde la norma no ha llegado, los riesgos crecen. Los ponentes coincidieron en tres garantías que consideran irrenunciables: supervisión humana, transparencia y protección de datos.
Con esta, el Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos suma ocho sesiones. Cientos de asistentes en directo y miles de visualizaciones posteriores de unas grabaciones que pueden consultarse gratuitamente en internet.
