«Hay que podar el árbol legislativo.» Con esa imagen, sencilla y quirúrgica a un tiempo, el jurista asturiano Javier Junceda Moreno sintetizó ante la Real Academia Europea de Doctores el diagnóstico que lleva tres décadas elaborando: las democracias occidentales no sufren escasez de leyes, sino intoxicación por exceso de ellas.
Lo dijo el 21 de abril en Barcelona, en el solemne acto de su recepción como académico de número de una institución fundada en 1914, pluridisciplinar y asociada al Instituto de España desde 2013.
El escenario era propicio para la reflexión de largo aliento. Pero Junceda no fue a hacer literatura académica. Fue con un diagnóstico y con una propuesta concreta en el bolsillo: una proposición de ley de simplificación administrativa que elaboró para el Parlamento del Principado de Asturias y que no salió adelante por un solo voto.
El texto, incluido íntegro en el libro editado por la Academia, establecía un deber general de simplificación, fijaba plazos máximos de resolución, generalizaba las declaraciones responsables e incorporaba la inteligencia artificial como herramienta al servicio del ciudadano.
«No parece que este sea el momento de nuevas leyes, sino de leyes útiles y claras. Algo infinitamente más importante», afirmó.
La ametralladora que dispara leyes
El punto de partida fue contundente. José Ortega y Gasset ya denunció la «legislación incontinente» que convertía al Estado en «una ametralladora que dispara leyes«.
Carl Schmitt la llamó «legislación motorizada».
Tácito, en sus Anales, sentenció que la república más corrupta es la que acumula más leyes. Tres siglos y dos milenios de tradición intelectual convergían en el mismo diagnóstico.
Junceda cifró la magnitud del problema en la España de hoy: un Parlamento nacional, 17 asambleas autonómicas, más de 8.000 ayuntamientos y la inabarcable producción normativa de la Unión Europea —cuyo volumen vigente ni el buscador más sofisticado es capaz de cuantificar, admitió con sarcasmo— generan lo que denominó «polución normativa».
Una torrentera que compromete el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución y hace materialmente imposible cumplir el artículo 6.1 del Código Civil, que presume que nadie puede alegar ignorancia de la ley.
«En las actuales circunstancias, resulta cómico, por no decir patético, hablar en estos términos», sentenció.
El blended autonómico
Con la autoridad que le confiere haber participado en la elaboración de más de 30 proyectos legislativos para distintas asambleas regionales, Junceda dedicó uno de los pasajes más incisivos de su discurso a la clonación normativa autonómica.
Las Comunidades Autónomas, denunció, han convertido sus legislaciones en réplicas casi idénticas entre sí.
«La labor de confección legal consiste hoy en detectar las mejores leyes dentro del ámbito material de que se trate y mezclarlas con coherencia. Hacer un buen ‘blended’, diríamos en el ámbito del whisky.»
El resultado desnaturaliza la propia esencia del Estado autonómico, concebido para adaptar las normas a realidades territoriales específicas.
La provocación final fue inevitable: si las 17 normativas son idénticas, ¿qué sentido conserva la multiplicidad de parlamentos y boletines oficiales?
Podar, no arrasar
Frente al diagnóstico, Junceda fue explícito en rechazar la solución populista.
«La motosierra libertaria que aspira a devolvernos a los escenarios de las utopías clásicas, en los que con unas cuantas normas colgadas a la puerta del templo podían gobernarse un pueblo, es impensable en la actualidad».
Lo que propuso fue más exigente: evaluar el impacto real de cada ley, crear observatorios que analicen su saldo positivo o negativo, e incorporar cláusulas de caducidad automática —»como el yogur», graficó— inspiradas en la experiencia italiana de las clausole ghigliottina.
La participación pública en los procesos legislativos, añadió, debe reservarse a quienes realmente dominan la materia.
No parece lo más razonable que un proyecto de ley del suelo se someta al escrutinio de escolares, mientras no se consulta a los principales especialistas en ordenación del territorio», ironizó, en referencia a un caso reciente que le constaba de primera mano.
El acto y su contexto
El ingreso siguió el protocolo solemne de la institución. Firma del Libro de Honor, lectura del acta de nombramiento —acordado por unanimidad el 10 de noviembre de 2025—, promesa estatutaria y entrega del diploma por el vicepresidente de la Junta de Gobierno, Joaquim Gironella Coll.
Fue el doctor José María Simón Castellví, presidente honorario de la Federación Internacional de Médicos Católicos y figura de referencia en la oftalmología internacional, quien propuso a Junceda ante la corporación.
El vínculo entre ambos nació durante los diecisiete años que el jurista vivió en Barcelona, donde contribuyó al nacimiento de la Universidad Internacional de Cataluña.
El académico de número Daniel Berzosa López contestó el discurso en nombre de la corporación.
Calificó el trabajo de Junceda como un diagnóstico «con precisión quirúrgica» de «una de las patologías más graves y persistentes de nuestra democracia contemporánea» y destacó tres aciertos de la propuesta asturiana: el principio de conservación de la norma vigente como punto de partida, la transversalidad con participación de colegios profesionales y academias, y el régimen sancionador proporcionado para las declaraciones responsables.
«Su propuesta es un instrumento listo para ser utilizado por cualquier Parlamento que quiera recuperar la sensatez normativa», concluyó.
Doctor en Derecho, doctor honoris causa por 6 universidades —entre ellas la Decana de América—, profesor de la Escuela Judicial y autor de más de 200 publicaciones, Javier Junceda Moreno se incorpora a una institución que cuenta entre sus académicos de honor con 18 premios Nobel.
Jovellanos, que murió sin ver cumplido su sueño de eliminar los «estorbos» que frenaban el progreso español, sobrevoló como referencia ilustrada el tramo final de un discurso que, entre Tácito, Ortega y Napoleón, reclamó lo mismo que el asturiano ilustrado dos siglos antes: menos leyes, mejores leyes.
Al acto asistieron su esposa, sus cuatro hijos —Blanca, Carmen, Jaime y Javier—, su cuñado Borja y su entorno familiar más cercano, además de los padrinos José María Simón Castellví y Rubén Lobo.
