El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el Real Decreto por el que se nombraba a Concepción Campos Acuña presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras haber obtenido el respaldo del Congreso de los Diputados conforme al procedimiento previsto en la normativa vigente.
El nombramiento viene rubricado por Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Doctora en Derecho y Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela, Campos es una directiva pública profesional, secretaria de Administración Local, categoría superior, con más de 20 años de experiencia (su último destino había sido el Ayuntamiento de Vigo).
En la actualidad se encontraba en situación de excedencia como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili.
La nueva presidenta de la institución viene a relevar a José Luis Rodríguez Álvarez, que termina en este año su mandato de cinco años.
A lo largo de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, el pasado 25 de marzo, la nueva presidenta situó como eje prioritario la actualización de la Ley de Transparencia, aprobada hace más de una década.
Actualizar la Ley de Transparencia
Dado que la Ley de Transparencia se aprobó hace más de diez años y se han constatado logros y avances, pero también “carencias e ineficiencias”, una de sus prioridades será lograr su actualización, para lo que reclamó el apoyo de la Cámara.
“No estamos en el momento fundacional de la transparencia, sino en un momento en el que hace falta avanzar, consolidar, corregir, actualizar y reforzar”, afirmó.
En este sentido, subrayó la necesidad de avanzar desde una fase inicial de implantación hacia una etapa de consolidación y mejora del sistema, orientada a corregir disfunciones, reforzar garantías y aumentar su eficacia real.
Entre sus objetivos destaca también el impulso de una transparencia más útil y orientada al dato, superando su concepción como mera obligación formal.
En materia de publicidad activa, en la que a su juicio el balance es “agridulce”, se deberá ampliar el catálogo de obligaciones, y uno de los retos será transformar la cultura en la Administración para pasar de la transparencia como mera obligación formal a “una transparencia como verdadero valor institucional, orientada al dato y a la reutilización de información”.
Reforzare el derecho de acceso a la información
En relación con el derecho de acceso a la información, Campos considera necesario reforzarlo como un derecho “verdaderamente operativo”, mejorando los tiempos de respuesta y superando “ciertas inercias restrictivas” de Administración.
La reforma de la ley, insistió, deberá reforzar la posición de árbitro del Consejo, dotándolo de un régimen sancionador efectivo, y de mecanismos coercitivos eficaces que garanticen la ejecutividad real de sus resoluciones. La presidenta reclamará también una mayor dotación de recursos técnicos, humanos y presupuestarios para la autoridad independiente. “Si se quiere hacer más, hace falta un Consejo fuerte”, dijo.
La cooperación institucional constituye otra de las líneas estratégicas de su mandato. En un contexto territorial complejo, la presidenta apuesta por intensificar la coordinación con los órganos autonómicos de transparencia y otras entidades implicadas, con el objetivo de generar sinergias y evitar la fragmentación del sistema.
Por último, Campos ha situado el uso responsable de la tecnología y la inteligencia artificial como uno de los grandes retos de futuro.
El Consejo, ha señalado, debe desempeñar un papel activo en la promoción de la transparencia algorítmica, garantizando que la aplicación de estas herramientas en el ámbito público se realice con criterios de claridad, equidad y control.
Con esta hoja de ruta, la nueva presidenta afronta una etapa decisiva para reforzar el alcance y la efectividad de la transparencia en España.
La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno atribuye a la Presidencia del Consejo amplias responsabilidades en la gobernanza de la institución y en la toma de decisiones. Sus funciones están reguladas en el artículo 38 de esta norma y en el artículo 13 del Estatuto del Consejo.
La Presidencia ejerce sus funciones con plena independencia y total objetividad, no está sujeta a mandato imperativo y no recibe instrucción de autoridad alguna. Ejerce el cargo con dedicación exclusiva y plena sujeción al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Concepción Campos actualmente forma parte del Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital (CAIA) del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), un órgano multidisciplinar que funciona como un verdadero «think tank» de la profesión jurídica.
