El Juzgado de Instrucción 1 de Alicante ha admitido a trámite la querella interpuesta contra la vicepresidenta primera de la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), María Isabel Moya García, por parte de la Asociación Española de Médicos Integrativos (AESMI) por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Asimismo, la querella se dirige contra los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Alicante, órgano que preside Moya desde 2018.
Los hechos se centran en la decisión de inhabilitar profesionalmente a un médico alicantino durante tres meses por la falta de adecuación a las buenas prácticas médicas en un tratamiento nutricional complementario.
La juez Yolanda Julia Candela Quesada, en un auto del pasado 17 de enero al que ha tenido acceso Confilegal, acuerda incoar diligencias previas «para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos, por si fueran constitutivos de un delito».
La asociación pide investigar a Moya por un delito de prevaricación administrativa al entender que la decisión adoptada por el órgano de gobierno del Colegio ha sido arbitraria por la omisión de trámites esenciales, así como por haber actuado con falta de competencia.
Además, considera coautores de los hechos a todos los que tomaron parte en la adopción de la decisión, al haber sido adoptada por el Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Alicante, exceptuando el miembro que se abstuvo de votar a favor.
La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Alicante, según la asociación, acordó incoar expediente disciplinario contra un asociado de AESMI, acusándolo de falta de adecuación de la práctica clínica a las buenas prácticas médicas, así como de infringir el Código Deontológico ofreciendo técnicas y/o terapias que podrían encontrarse dentro de las denominadas pseudociencias y/o pseudoterapias, algo que supuestamente habría venido haciendo de forma continuada.
La asociación afirma que la inhabilitación temporal «ha irrogado graves perjuicios» al facultativo
A juicio de la entidad, representada por el abogado David Sans Acuña, durante el desarrollo del expediente que inhabilitó temporalmente al médico alicantino «se sucedieron innumerables irregularidades y anomalías, incluida una adulteración de fechas, con el objeto de alargar de forma artificiosa la pervivencia de un expediente que debió haber sido archivado por el mero transcurso de los plazos legales».
En la querella contra la vicepresidenta se afirma que la inhabilitación temporal «ha irrogado graves perjuicios» al facultativo y que «desborda los límites de la normativa administrativa de forma tan palpable, grosera y manifiesta que obliga a someter a examen su posible relevancia penal».
En este momento el procedimiento se encuentra en una fase inicial que consiste en averiguar y hacer constar la perpetración del hecho punible, sus responsables y circunstancias que puedan influir en su calificación.
Una vez pacticadas las diligencias pertinentes, la juez adoptará mediante auto el sobreseimiento si estima que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada su perpetración. En cambio, si estima que los hechos pueden constituir delito seguirá el procedimiento previsto para el juicio oral.
