El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha vuelto a reclamar al Ministerio de Justicia que se acometan a la mayor celeridad los proyectos de construcción de las sedes judiciales en los partidos judiciales de Cartagena, Lorca y Molina de Segura, así como la rehabilitación del Palacio de Justicia, sede del alto tribunal murciano.
Así lo reivindicó ayer en sendas reuniones que mantuvo junto al secretario de gobierno del TSJ, Javier Parra García, con el secretario de Estado, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo; la subsecretaria, Ana María Sánchez Hernández; el secretario general para la Innovación y Calidad, Manuel Olmedo Palacios; y la directora general para el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels Garcia Vidal, para trasladar de forma directa las necesidades de planta de la Región de Murcia, además de instar a que se concreten los plazos para la mejora de las infraestructuras judiciales en la Región.
Además, trasladaron al Ministerio el listado de necesidades y prioridades de nuevas unidades judiciales en la Región, haciendo hincapié en el «déficit histórico de la planta judicial que lastra la respuesta de los tribunales y juzgados de la Región y la alta litigiosidad que se constata en las estadísticas».
Un tándem que impide reducir la pendencia de asuntos y dilata la respuesta judicial, como viene poniendo de manifiesto el TSJMU en sus memorias desde hace más de 15 años.
El presidente del TSJ de Murcia también ha destacado la necesidad garantizar la continuidad de la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia (UMIM) compensando económicamente a los coordinadores y tutores externos que colaboran en las sesiones de mediación y en la coordinación de los más de 500 mediadores externos, incluidos en la bolsa, y que dedican a este servicio público, en beneficio de la comunidad, horas de su actividad profesional.
Además, los responsables del TSJ de Murcia pusieron puesto de manifiesto la «necesidad urgente» de ampliar la plantilla funcionarial de la Audiencia Provincial, tras la ampliación del número de magistrados de sus secciones penales, que ha permitido el desdoblamiento de la agenda de señalamientos de juicios, la mayoría de ellos, causas complejas.
