La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, califica de intolerable la «nueva discriminación que han sufrido a manos del Gobierno vasco un total de 460 agentes y exagentes que esperaban acogerse a la Ley de Víctimas de Vulneraciones de Derechos por la violencia política en esta comunidad autónoma».
Según informa, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, quien hace una semana calificaba de «intolerable» la situación de violencia que habían vivido los guardias civiles y sus familias en el entorno de asesinatos, represión y humillación provocado por ETA y sus grupos afines, ha declarado hoy en una rueda de prensa que los solicitantes que pertenecían a la Guardia Civil o la Policía Nacional no cumplen con los requisitos que señala esta ley aprobada por el Parlamento Vasco.
De acuerdo a la interpretación del gobierno vasco, sólo pueden acogerse a la misma aquellos que hayan sufrido violencia y vulneración de los Derechos Humanos «por parte del Estado o de personas privadas con la aprobación del Estado».
Jucil denuncia «la interpretación torticera y sectaria por parte del Gobierno vasco que solo intenta beneficiar a los asesinos de ETA, despreciando como siempre a las víctimas».
«La ley dice todo lo contrario, en el sentido de que acoge a cualquiera que ha sufrido violencia política dentro del terrorismo etarra, sin diferenciar la profesión de cada uno», manifiesta a Confilegal el portavoz de esta asociación, Agustín Leal.
Jucil denuncia «la interpretación torticera y sectaria por parte del Gobierno vasco que solo intenta beneficiar a los asesinos de ETA, despreciando como siempre a las víctimas»
Señala que esta interpretación «cerrada y discriminatoria» de una ley que se pretende universal deja «desprotegidos y segregados» a parte de quienes cumplen con la condición víctimas de la vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como refleja el título de la ley.
Apunta que la consejera Artolazabal ha declarado que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen «otras vías y otras leyes» para reclamar su condición de víctimas, algo que para esta asociación es «una demostración más de la discriminación a la que se quiere someter a quienes sufrieron, durante años y aún soportan, un ambiente de segregación y de humillación constante por parte de quienes, por mandato legal, tienen la obligación de la defensa de sus derechos».
JUCIL ACONSEJA RECURRIR Y AGOTAR LAS VÍAS LEGALES
Jucil aconseja a todos los peticionarios que han visto rechazada su demanda que presenten el correspondiente recurso y agoten la vía administrativa antes de acudir, si fuera necesario, a la vía judicial «para que se reconozcan sus derechos».
Jucil agradece y resalta como importante que el Gobierno vasco reconociera hace solo unos días, el pasado 21 de enero, el sufrimiento que padecieron los guardias civiles y sus familias a manos de ETA y su entorno a través de un estudio elaborado por el Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, pero considera que la decisión de la comisión de valoración resulta «intolerable, discriminatoria y segregacionista, ya que no acepta a estos peticionarios como víctimas de las vulneraciones de derecho, a pesar de que el estudio del Instituto Pedro Arrupe lo documente y certifique”.
