El director de la agencia de investigación ‘Mira’, Julio Gutiez, confirmó ayer que «alguna empresa» en la que «gobierna el PP» le contactó para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que se negó a llevar a cabo este trabajo porque lo que encargaron era «ilegal» por «los datos que solicitaban».
El «servicio» que le solicitaron, en el caso de haberlo llevado a cabo y haber sido identificados por ello, habría estado penalizado con una multa de entre 10.000 y 60.000 euros.
En un audio difundido por el canal ‘7NN Noticias’, Gutiez explicó que a su agencia fueron para contratarle «unas personas vinculadas a alguna empresa» del Partido Popular «o en las que gobierna el PP» para encargarle una labor que «era ilegal por los datos que solicitaban».
No mencionó a Ángel Carromero, hombre de confianza del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ayer presentó su dimisión por su supuesta implicación en todo este affaire.
«Les dije que era ilegal y que yo no hacía ninguna investigación ilegal. Querían unos datos muy concretos de la Agencia Tributaria y un banco. Me negué y ahí se quedó la historia», subrayó, al tiempo que también afirmó que un periodista le llamó más tarde para confirmar que en ‘Génova’ habían intentado contratarle pero que él se había negado.
«Le dije al periodista que ni confirmaba ni desmentía», declaró el director de la agencia de detectives, que defendió que en su vida profesional no ha filtrado quiénes eran sus clientes ni ninguna de sus investigaciones.
El Partido Popular negó en un comunicado que «desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid» y avisó que tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades.
Así, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció que los servicios jurídicos del partido están estudiando si proceden acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante las «acusaciones gravísimas, casi delictivas» contra el presidente Pablo Casado y la dirección nacional.
