Ocurre siempre en estas circunstancias. El torrente de acontecimientos hace que olvidemos el origen del estallido de este volcán mediático: la fallida contratación de un detective privado para investigar a Isabel Díaz Ayuso. Las noticias continuas nos arrastran sin darnos tiempo a reflexionar y la reflexión es básica, esencial.
Por eso me pregunto esto: ¿Quién dio la orden, dentro del PP, de contratar a un detective privado para acceder ilegalmente a las cuentas de Ayuso y de su hermano? ¿A quién se le ocurrió tirar por la calle de en medio de esta forma? ¿Nadie pensó en la «ética» de esa decisión?
Ayer me contaba Juan de Dios Vargas, director de la agencia de detectives Distrito 46, de Valencia, que «personas relacionadas con el PP» no solo habían contactado a Julio Gutiez, de la agencia de investigaciones «Mira», presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España entre 2006 y 2009; un tipo serio y muy respetado en el sector, por cierto.
«Tocaron a cinco agencias de detectives. Esa es la realidad. Y todas dijeron que no lo hacían por dos razones: porque no había un interés legítimo, porque era una actividad de espionaje, que la Ley de Seguridad Privada 5/2014 nos prohíbe. Esas actividades están sancionadas gravemente con multas de 10.000 a 60.000 euros. Además del castigo penal correspondiente», me explicó.
En España hay 3.791 licencias de detectives en activo de las 5.600 licencias concedidas por la Dirección General de la Policía. Es decir, se conocen todos.
Es un patio de vecinos, como quien dice.
Es evidente que desde el Alto Mando del Partido Popular, en el edificio de Génova, había preocupación por el contrato de compra de 250.000 mascarillas FFP2 de la empresa Priviet Sportive, S.L. el 1 de abril de 2020. Lo que costó 1.512.500 euros.
Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se llevó, al parecer, una comisión de casi 300.000 euros. Una cifra que figura en un contrato privado suscrito entre Tomás Díaz Ayuso y Daniel Alcázar, dueño de Priviet Sportive, S.L.
El momento en que se llevó a cabo la compra, 17 días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarara el estado de alarma, en plena pandemia, con cientos de personas falleciendo por ese virus desconocido, convertía a las mascarillas en el bien más preciado.
A lo que se enfrentó Priviet Sportive, S.L., fue a un mercado turco en el que los proveedores tradicionales dejaban tirados a sus clientes por la mejor oferta para hacer caja.
Ojo, no estoy justificando el contrato sino poniendo en perspectiva histórica lo ocurrido; esencial.
La presidenta madrileña explicó ayer, durante su comparecencia, que había comprobado que todo se hizo legalmente y con transparencia, que ella no supo de la operación y que preguntó después a su hermano por ello, quien le aseguró todo estaba regulado ante Hacienda y, además, declarado.
¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS?
El Alto Mando del Partido Popular, al parecer, tiene en su poder un dictamen elaborado por un despacho de abogados que afirma –es una opinión profesional– que pudo haber existido un delito de tráfico de influencias en la adjudicación de este contrato de emegencia.
Para probar la existencia de ese supuesto delito es preceptivo, para empezar, tener pruebas de que Isabel Díaz Ayuso hubiera influido, de alguna manera, en el consejero de Salud para favorecer a la empresa que representaba su hermano.
Esa es la primera pieza del puzzle.
¿Existe?
El dictamen dice que no.
Lo que es evidente es que «alguien», dentro del PP, ha actuado mal, encargando al «fontanero» Ángel Carromero –su salida del Ayuntamiento de Madrid no puede tener otra explicación– el «trabajito» de conectar con alguien con experiencia de hacerse con las cuentas corrientes de la presidenta de Madrid y de su hermano para probar que ella pudo haber cobrado.
¿Y quién mejor que un profesional, un detective privado?
Algo completamente ilegal.
Ese «alguien» dentro del PP es el que ha desatado este terremoto de intensidad 10, en la escala de Richter, que ha destruido los puentes de la confianza que existían entre Pablo Casado y su antigua protegida y amiga.
El conocimiento de que «alguien» dentro del PP trató de operar desde el lado oscuro para acceder a esa información es lo que hizo que Díaz Ayuso propiciara que se tirara de la manta.
Hasta un ciego puede ver –y siempre cito a mi buen amigo Miguel Durán– que lo que hay de fondo es la batalla por la Presidencia del PP de Madrid, al que aspiraba Isabel Díaz Ayuso. Lo digo en pasado porque el futuro del PP es incierto.
Es fácil deducir que, de haber poseído esa información, ese «alguien» dentro del PP habría podido embridar y controlar a Díaz Ayuso.
El calculo fue erróneo.
Estamos en uno de esos momentos en los que la Historia suceden a velocidad del sonido y las cosas dejan de ser lo que eran.
¿Conoceremos alguna vez a ese «alguien» dentro del PP que dio la orden de buscar a un detective privado para este trabajito?
Porque ese señor (o señora) es el culpable de lo que está pasando.
Lo que trae a colación aquella anécdota de Winston Churchill (apócrifa, como la mayor parte, pero muy descriptiva) en la que estando el viejo político sentado en un escaño de la Cámara de los Comunes, se le acercó un joven diputado conservador y le dijo: «Señor Churchill, estoy encandato de sentarme junto a usted, aquí frente a nuestros enemigos», señalando a los de enfrente. Los laboristas.
Churchill se volvió a él y le contestó: «Pollo, no se equivoque. Aquellos, los laboristas, no son nuestros enemigos. Son nuestros adversarios. Nuestros enemigos los tenemos justo detrás de nosotros. Son los nuestros».
Lo dicho. El PP se ha pegado un tiro en el pie, pero no con una pistola. Ha sido con un bazoka.
«Fuego amigo» en estado puro.
