Desde que se ha iniciado el proceso de nacionalización de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) por el Gobierno de Pedro Sánchez, se están sucediendo toda una serie de declaraciones meramente oportunistas por parte de los aliados del Gobierno, que van desde Podemos a ERC, entre otros, que abogan por trasladar los inmuebles del «Banco Malo» a las Administraciones Públicas, tanto autonómicas como municipales, a los efectos de su gestión y reparto entre sus redes clientelares.
Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez no responde a estas peticiones de sus aliados lo cual incrementa esa sensación de incertidumbre y opacidad que gira en torno a la SAREB y su futuro.
El mandato legal de cuando se creó esta sociedad mercantil que asumió los créditos tóxicos de un sistema bancario quebrado en el año 2012 es claro; la liquidación de dichos créditos lo antes posible, al objeto de que se amortiza la deuda usada para financiar la operación, tal y como ha hecho el “NAMA” (SAREB irlandés) tres años antes de los previsto.
Ninguno de los aliados del actual Gobierno aborda, sin embargo, la importante y espinosa cuestión de la ingente deuda pública de la SAREB, en torno a 35.000 millones de euros
Sin embargo, cada vez es mayor la presión de los aliados del Gobierno actual para que se le transfieran las viviendas que tiene la SAREB en determinados territorios: el Ayuntamiento de Barcelona exige las 1.000 viviendas que tiene en la Ciudad Condal, en la misma línea que ERC en toda Cataluña, el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana vinculado a Podemos lleva semanas en esta misma línea de asumir los activos inmobiliarios de la SAREB en su Comunidad, por poner sólo dos ejemplos.
Por su parte, el PSC, que es quien en el fondo manda en el PSOE, sin ser tan explícito en sus reivindicaciones, está manifestando que está en contacto con la SAREB, para obtener sus viviendas.
Ninguno de los aliados del actual Gobierno aborda, sin embargo, la importante y espinosa cuestión de la ingente deuda pública de la SAREB, en torno a 35.000 millones de euros; simplemente quieren los activos de la SAREB, pero no los pasivos, y se olvidan que la Sareb fue constituida para liquidar lo antes posible sus activos, lo que en otras palabras significa vender los bienes para pagar las deudas.
Si las Administraciones locales reclamantes desean obtener las viviendas del Sareb lo que tienen que hacer es ofertar por esos bienes, es decir, comprarlos, y a partir de ahí, con ese dinero, la SAREB tendrá que amortizar parte de su deuda, y las Administraciones públicas podrán así disponer libremente de esos inmuebles.
Lo que ya no podemos permitir bajo ningún concepto es que se haga de la ruina de la SAREB objeto de oportunismos políticos, porque irreversiblemente la ruina no parará de crecer, como ha pasado hasta el momento.
Sin embargo, mucho me temo que el Gobierno, presionado por sus aliados independentistas y su sucursal del PSC entrará en ese juego electoralista, como hace en otras cuestiones críticas de política económica.
Tenemos, hay que reconocerlo, un Gobierno rehén de sus aliados y ahora mismo hay un nuevo rescate solicitado que se llama “SAREB”.
Veremos lo que tarda en esta ocasión el Gobierno de Pedro Sánchez en pagarlo.
