El Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT contra el acta de liquidación provisional de las diligencias contables de las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, un «requerimiento de pago» que supera los 9,7 millones de euros en el caso del sindicato.
De igual forma se ha pronunciado sobre el recurso interpuesto por el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, investigado en diversas de las piezas separadas del caso ERE. Habían recurrido el acta de liquidación provisional y la providencia de requerimiento de pago, ambas de fecha 15 de julio de 2021, en el marco de las diligencias previas correspondientes a las ayudas sociolaborales a la prejubilación promovidas por la Junta de Andalucía y traducidas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e innecesarios.
Después de que la Audiencia Provincial de Sevilla condenase a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso ERE, el Tribunal de Cuentas reclamó 15, 6 millones de euros -15.673.702,21 euros- a exresponsables del PSOE y personas vinculadas a UGT por los ERE en relación con presuntas irregularidades contables aún pendientes de enjuiciar.
La liquidación provisional y la providencia de requerimiento de pago consideran a la FICA de UGT y Daniel Alberto Rivera, como «presuntos responsables contables», y se reclaman 9.745.882,78 euros al sindicato y 2.787.816,95 a Rivera, así como otras partidas también millonarias a otros actores también considerados «presuntos responsables contables» de los hechos indagados con relación a las mencionadas ayudas sociolaborales.
En su resolución, del pasado 2 de marzo, el órgano de fiscalización contable concluye que «no se ha producido perjuicio en la posición jurídica y el derecho de defensa de los recurrentes, ya que no se han limitado sus derechos ni se les ha impedido formular las alegaciones posibles en la fase instructora, con independencia de que puedan legítimamente discrepar de las conclusiones plasmadas en el acta de liquidación provisional y en la providencia de requerimiento de pago, que han sido dictadas por el delegado instructor conforme a las previsiones».
EL SUPREMO VERÁ EN MAYO LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA DE LOS ERE
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) celebrará el 4 y 5 de mayo, a las 10.00 horas, la vista pública de los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE de la Audiencia Provincial de Sevilla por la que se condenó a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación.
El tribunal que estudiará los recursos estará formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres (ponente).
ÚLTIMAS CONDENAS POR EL CASO ERE
El pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a siete años y un día de cárcel y a 17 años de inhabilitación al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión y 10 años de inhabilitación al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez en la pieza separada del caso ERE por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).
Como autores de un delito de prevaricación -en el caso de Fernández continuado- y de un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación, con la atenuante de dilaciones indebidas.
También impuso cinco años de cárcel y siete años de inhabilitación a la presidenta del Consejo de Administración de Acyco, Encarnación Poto, y al abogado José Miguel Caballero como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación. Mismos delitos por los que condena a tres años, seis meses y un día de prisión y a cinco años de inhabilitación absoluta al director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero.
La Audiencia ha condenado a un directivo de la mediadora Vitalia, Antonio Albarracín, a cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que a otro representante de dicha mediadora, Jesús Bordallo, le ha impuesto dos años de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación.
En concepto de responsabilidad civil, seis de los siete condenados -excepto el exdirector general de Trabajo Juan Márquez- tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con hasta 3.033.625,84 euros, cada uno de ellos en diferente proporción.
