El 10% de las adjudicaciones de obras públicas resueltas en el primer trimestre del año acabó sin adjudicatario, el triple que en el mismo periodo de 2021, cuando tan solo el 3,2% de las mismas quedaron desiertas, según un estudio elaborado por Gobierto, una plataforma de servicios de estrategia y creación de productos digitales para administraciones públicas.
En su análisis, basado en la recopilación y tratamiento de los datos procedentes de la Plataforma de Contratación del Sector Público, achaca a la inflación -que cerró marzo en el 9,8% interanual- el hecho de que cada vez más obras públicas no tengan «quien las construya».
Así, considera que el encarecimiento de las materias primas desde la pasada primavera se ha trasladado a la licitación de obra pública «de manera acusada» y ha provocado un aumento de las adjudicaciones desiertas, una pérdida de la capacidad de ahorro y una menor concurrencia de licitadores.
En ese sentido, los tres últimos trimestres «han pulverizado el récord de obras desiertas del tercer trimestre del 2019, cifrado en el 5%, elevándolo hasta el 6,6%, 7,0% y 10,2%, respectivamente». De hecho, tan solo en los tres últimos trimestres quedaron desiertas un total de 1.114 obras públicas, más que todas las que lo hicieron en los años 2019 (635) y 2020 (321) juntos, que suman 956.
MEDIDAS DEL GOBIERNO
El Gobierno aprobó a principios de marzo una norma que persigue amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española, fijando finalmente en un 5% el alza mínima de los materiales para que las empresas puedan acogerse a esta revisión de precios excepcional.
Así, se considerará que existe este impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre exceda de ese 5%. De esto modo, cualquier variación en el presupuesto se limitará al 20% del importe original del contrato.
Posteriormente, a finales de marzo, el Gobierno amplió el alcance de estas medidas y estableció la posibilidad de que se puedan determinar otros materiales, adicionales a los ya establecidos inicialmente, cuyo incremento de coste deba tenerse también en cuenta en este cálculo.
Algunos organismos públicos, principalmente Adif, el mayor licitador de obra pública, ya está introduciendo cláusulas de revisión de precios desde hace un año para evitar que las obras queden paralizadas y los proyectos, en los que se invierten grandes cantidades de dinero público, acaben por abandonarse.
Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la crisis de las materias primas ya había provocado a principios de año la paralización de casi 500 obras por un valor conjunto de 230 millones de euros en España.
