La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y Foro Judicial Independiente (FJI) han reclamado hoy el incremento de la plantilla judicial y el correspondiente esfuerzo presupuestario para sostenerla. También, las reformas legales necesarias «que permitan superar el tradicional binomio juez-juzgado y que faciliten económicamente la creación de plazas judiciales».
Han hecho esta reivindicación en un comunicado conjunto, en el que muestran su acuerdo con las conclusiones alcanzadas el pasado 21 de abril por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el déficit estructural de la plantilla de la Carrera Judicial debido a la falta de creación de plazas judiciales. El órgano de gobierno de los jueces ha puesto de manifiesto una «indeseable cronificación» de un régimen de excepcionalidad como es el de la justicia interina, debido a la insuficiente dotación de plazas judiciales y, además, un déficit estructural, que va en aumento, del número de plazas necesarias en la Carrera Judicial”, y ha pedido al Ministerio que aumente la oferta de plazas en las próximas convocatorias de oposiciones a la Carrera.
AJFV, JJpD y FJI destacan que España es uno de los países con mayor litigiosidad de nuestro entorno europeo, con un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, y que esto no se refleja en el número de jueces para resolver esos litigios, sino al contrario, pues la media española de jueces por habitante es muy inferior a la media europea, lo que evidentemente arroja «sobrecarga y retraso en la respuesta» que desde los juzgados se da a los problemas de los ciudadanos.
«Con esto queremos decir que la situación de la que partimos ya es precaria. Pero es que, según concluye el CGPJ, a finales de 2023, y debido sobre todo a las jubilaciones, de las plazas judiciales ya creadas, que, repetimos, son insuficientes, quedarán vacantes unas 181. Es decir, el poder ejecutivo no está convocando por el turno libre plazas de jueces/as en número bastante como para cubrir al menos la tasa de reposición por jubilaciones», explican.
También ponen el foco en que el CGPJ, por un lado, «denuncia la falta de creación de plazas judiciales por parte del poder ejecutivo, lo cual está muy bien señalar», pero por otro lado, y durante su largo mandato, «ha dejado de convocar numerosas plazas por el turno de juristas de reconocida competencia y por el turno de especialidades, como es su obligación, contribuyendo así al mantenimiento de esas vacantes a las que se refiere».
«Hay pocas plazas judiciales, pero si las mismas ni siquiera se cubren por la falta de compromiso del poder ejecutivo (y del propio CGPJ), vamos abocados a una ralentización aun mayor de la justicia española», advierten estas asociaciones.
Añaden que no quepa duda de que, además de precarizar las condiciones de trabajo de los miembros de la Carrera Judicial, «los mayores damnificados serán los justiciables y sus derechos, que podrán ser vulnerados sin encontrar un Poder Judicial que los ampare eficazmente».
Estas asociaciones recuerdan que no es la primera vez que denuncian la falta de jueces en España. Lo han dicho públicamente en numerosas ocasiones y otras tantas se lo han hecho llegar a los diferentes responsables políticos. Sin embargo, denuncian que la única respuesta que han es «el silencio, demostrativo de lo poco que interesa que la Justicia funcione y con ello poca altura de miras, pues un sistema de justicia con medios y eficaz, repercute en un estado de Derecho más avanzado, en una economía más eficiente y en una mejor imagen y confianza externa».
AJFV, JJpD y FJI hacen hincapié en que «el bienestar de nuestra sociedad y su salud democrática no sólo dependen del correcto funcionamiento de servicios tales como la Sanidad o la Educación, sino también de la Justicia». «No atenderla, como conscientemente llevan haciendo los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años, es poner en riesgo uno de los pilares fundamentales del Estado, menoscabando el crecimiento económico del país, los derechos de los ciudadanos y las garantías contra la corrupción de los poderosos», subrayan. Por ello, hacen este llamamiento.
