Destaca que la situación es especialmente grave en los órdenes jurisdiccionales Civil y Social, que en los últimos años han experimentado un "importantísimo" incremento de la litigiosidad. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
El CGPJ reclama al Ministerio que aumente la oferta de plazas en las próximas convocatorias de oposiciones a la Carrera Judicial
Tras constatar la existencia de un déficit estructural en la plantilla que va en aumento y “cronifica” la justicia interina; el CGPJ estima que a finales de 2023 el déficit de jueces, teniendo ya en cuenta los ingresos que se producirán hasta esa fecha, será cercano a los 200
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21/4/2022 14:59
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Actualizado: 21/4/2022 15:52
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha constatado la existencia de un déficit estructural en la plantilla de la Carrera Judicial que va en aumento y “cronifica” la justicia interina, y ha acordado hoy pedir al Ministerio de Justicia que incremente la oferta de plazas en las próximas convocatorias de pruebas de acceso a la judicatura.
Según las estimaciones del órgano de gobierno de los jueces, a finales de 2023 habrán ingresado en la Carrera Judicial 382 nuevos jueces y magistrados, mientras que las plazas vacantes serán 563, sin contar con las unidades judiciales que el Ministerio de Justicia prevea crear para ese año, lo que arroja «un déficit de al menos 181 jueces».
La cifra de nuevos ingresos se corresponde a la suma de los 171 alumnos de la promoción 71, actualmente en la fase de prácticas tuteladas; los 161 alumnos de la promoción 72, que el pasado mes de enero iniciaron su formación inicial en la Escuela Judicial; y las 50 plazas convocadas para el ingreso como magistrados nombrados por el turno de juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional.
El CGPJ destaca que «el número actual de plazas vacantes es de 342 -incluyendo 58 de nombramiento discrecional que no podrán ser cubiertas mientras el CGPJ siga en funciones-, que salen de las bajas por jubilaciones, fallecimientos y otras causas producidas en los últimos años y de las vacantes producidas por los concursos de traslado». Añade que a ellas hay que sumar las que se prevé que se producirán en los próximos años por jubilación o por el pase a la situación de servicios especiales: «Unas 60 en lo que queda de 2022 y alrededor de 85 en 2023».
«El resultado son 487 vacantes, a las que deben añadirse las 6 plazas correspondientes a unidades judiciales creadas por los Reales Decretos 1050/2020 y 1052/2021 que aún no tienen fecha de entrada en funcionamiento y otras 70 correspondientes a otras tantas unidades judiciales previstas en la programación del Ministerio de Justicia para 2022», explica.
Y apunta que sin tener en cuenta las unidades judiciales que puedan crearse correspondientes a la programación de 2023, el total de vacantes a finales de ese año ascendería, por tanto, a 563.
CRECIMIENTO DESACOMPASADO ENTRE ESCALAFÓN Y PLANTA
El órgano de gobierno de los jueces manifiesta que una de las principales causas de la elevada cifra de vacantes existente en la actualidad es la distinta evolución de la planta judicial -las plazas en órganos judiciales- y del escalafón de la Carrera Judicial -el número de jueces-.
Según informa, el 1 de enero de 2014 había 5.373 jueces y magistrados en el escalafón, mientras que la planta judicial era de 5.230 plazas; mientras que el pasado 1 de abril el escalafón contaba con 5.521 jueces (148 más) y la planta ascendía a 5.726 plazas (496 más).
FUERTE INCREMENTO DE LA LITIGIOSIDAD
Señala que a estas circunstancias se añade el «importantísimo incremento de la litigiosidad producido en los últimos años», especialmente en los órdenes jurisdiccionales Civil y Social, hasta el punto de que el nivel de entrada en 2021 fue incluso superior al que se registró en los años 2014/2015, cuando aún tenían incidencia en los datos los efectos de la anterior crisis económica, iniciada en el año 2008.
De hecho, indica, la comparativa con los datos del año inmediatamente anterior al comienzo de esa crisis (2007) revela que la entrada de asuntos se ha incrementado en un 78% en la jurisdicción Civil y en un 32% en la jurisdicción Social.
«Estos dos son los órdenes en los que mayor repercusión han tenido los efectos de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas para enfrentarla, y también los que han experimentado un aumento de la litigiosidad consecuencia de diversas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, entre ellas las relativas a las cláusulas abusivas bancarias en los contratos celebrados con consumidores», expone el órgano de gobierno de los jueces.
También pone de manifiesto que los datos del Servicio de Inspección indican que, por regla general, los órganos judiciales de los órdenes Penal y Contencioso-Administrativo «absorben el número de asuntos que ingresan cada año -salvo en 2020, debido a la suspensión de actuaciones procesales no esenciales-, mientras que los de los órdenes civil y social no han conseguido absorber la entrada en los años 2017, 2018, 2019 y 2020».
«El año pasado sí se logró resolver un número de asuntos igual o superior a los que entraron gracias a las medidas de refuerzo adoptadas, que fueron especialmente importantes en los juzgados y tribunales de las jurisdicciones civil y social», añade.
El CGPJ destaca que todo ello se traduce en un aumento del número de asuntos pendientes, que «entre 2014 y 2021 se ha incrementado en un 21,6% a nivel general, mientras que en el orden jurisdiccional civil el aumento ha sido del 68,9%».
ADVIERTE DEL PREOCUPANTE INCREMENTO DEL NÚMERO DE JUECES Y MAGISTRADOS INTERINOS
La Comisión Permanente considera que otro aspecto que evidencia el déficit estructural en la plantilla de la Carrera Judicial es el incremento del número de jueces y magistrados sustitutos, que ha pasado de 951 en el año judicial 2015/2016 a 1.088 en el actual 2021/2022, mientras que para el próximo ejercicio la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia han propuesto un total de 1.166.
El órgano de gobierno de los jueces observa «con preocupación» este incremento y considera que la Justicia interina «no es acorde con los principios contemplados en el artículo 117 de la Constitución«, que establece que la Justicia se administra “por jueces y magistrados integrantes del poder judicial”.
La Comisión Permanente recuerda, en este sentido, que el CGPJ ya aprobó en 2003 una instrucción en la que se señalaba “el carácter excepcional y subsidiario de la figura del magistrado suplente y Juez sustituto”.
“Los datos referidos y los razonamientos expuestos indican una indeseable ‘cronificación’ de un régimen de excepcionalidad como es el de la justicia interina, debido a la insuficiente dotación de plazas judiciales y, además, revelan sin tener que acudir a una explicación profunda un déficit estructural, que además va en aumento, del número de plazas necesarias en la Carrera Judicial”, concluye el CGPJ.
EL TS TAMBIÉN PIDIÓ MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO MIENTRAS NO SE PUEDAN CUBRIR VACANTES
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) también reclamó en febrero a la ministra de Justicia, Pilar Llop, la adopción de medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del Alto Tribunal «ante las necesidades materiales y de personal que este órgano arrastra desde hace muchos años» y la situación creada por la imposibilidad del CGPJ de efectuar nombramientos estando en funciones tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, impulsada por PSOE y Unidas Podemos.
Llop, por su parte, solicitó al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, un informe «para determinar cuáles de las necesidades del TS son fruto del aumento de la litigiosidad y cuáles son debidas al bloqueo en la renovación». Según informó el Ministerio en un comunicado, Llop declaró que el Departamento que dirige “no puede tratar con normalidad una situación que no es de normalidad», por eso pide «disociar una cosa de la otra”.
«Produce asombro que la ministra de Justicia, Pilar Llop, disocie los problemas del Tribunal Supremo diciendo que no van a solucionar los que son consecuencia de la ley que bloquea los nombramientos, puesto que es la confirmación de algo que ya sabíamos: que esa Ley no tiene otro objetivo que perjudicar el buen funcionamiento del Supremo, y precisamente por eso, como su objetivo es ese, no pretenden solucionar el perjuicio que ocasiona», manifestó al respecto a Confilegal José María Macías, vocal del CGPJ.
Macías reclama a la ministra que con todo el dinero que se están ahorrando en los sueldos de los magistrados del TS que el CGPJ no puede nombrar, se pague el refuerzo pedido por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
El CGPJ también ha pedido recientemente a Justicia que refuerce la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN para hacer frente a la avalancha de asuntos de asilo y refugio. Ha solicitado al Ministerio de Justicia la preceptiva autorización económica para poder poner en marcha una medida de refuerzo.
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