Reclama a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que con todo el dinero que se están ahorrando en los sueldos de los magistrados del TS que el CGPJ no puede nombrar, se pague el refuerzo que ha pedido la Sala de lo Civil. Foto: Carlos Berbell
A José María Macías (vocal del CGPJ) no le convencen en absoluto ‘las excusas’ del Ministerio
Le produce asombro que el Ministerio "reconozca que el objetivo de la reforma de la LOPJ es perjudicar al Tribunal Supremo"
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23/2/2022 14:17
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Actualizado: 23/2/2022 14:19
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«Produce asombro que la ministra de Justicia, Pilar Llop, disocie los problemas del Tribunal Supremo diciendo que no van a solucionar los que son consecuencia de la ley que bloquea los nombramientos, puesto que es la confirmación de algo que ya sabíamos: que esa Ley no tiene otro objetivo que perjudicar el buen funcionamiento del Supremo, y precisamente por eso, como su objetivo es ese, no pretenden solucionar el perjuicio que ocasiona». Así lo manifiesta a Confilegal José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«Es el reconocimiento de que la intención del Gobierno es perjudicar al Tribunal Supremo como consecuencia del bloqueo de la renovación del Consejo. Por eso, han provocado esta situación y no quieren remediarla porque lo que están buscando es generarla. Y lo están reconociendo abiertamente. Me quedo perplejo», añade.
Respecto al refuerzo aprobado por el Ministerio en abril de 2021, consistente en el nombramiento de 12 letrados, que Llop dice que es “una medida de carácter extraordinario que no tiene precedentes”, Macías señala que «es una renovación de una medida anterior que ha quedado insuficiente» y que, por lo tanto, «eso de que no hay precedentes es mentira».
En tercer lugar, destaca que el Ministerio «está sacando pecho sobre la modificación que se va a hacer en los recursos de casación civil y penal». Según Macías, «pretenden presentar en positivo lo que es una muy mala noticia, porque esa regulación, en realidad está destinada a reducir la pendencia en el Tribunal Supremo por la vía de impedir que los ciudadanos puedan presentar recursos viables, porque ahora se va a inadmitir prácticamente todo».
«Lo que presentan como un avance es en realidad un retroceso en las garantías de los ciudadanos», sentencia este magistrado en excedencia, que ha ejercido en las jurisdicciones civil, penal y contencioso-administrativa, siempre en Cataluña, y es abogado en ejercicio, profesor de Derecho administrativo y de la UE de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha sido profesor de la Escuela Judicial.
También se ha pronunciado sobre las cifras que ha señalado Justicia, que ha presentado a la Sala de Gobierno del Supremo «un resumen de las medidas de choque que el Ministerio de Justicia ha contemplado para el presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 del TS con un total de 13.264.127 euros».
Este vocal del CGPJ asevera que «en definitiva, el dinero que hay, es el que el Ministerio quiera poner». Según Macías, el Departamento de Llop, «en realidad, más que poner, está ahorrando o escatimando dinero, porque ¿dónde van los salarios de los 12 magistrados que no podemos nombrar?».
«Se los están ahorrando, no los están invirtiendo en el Tribunal Supremo», destaca Macías, y concluye diciendo que «sería conveniente que con todo el dinero que se están ahorrando en los sueldos de los magistrados del Supremo que no podemos nombrar, se pague el refuerzo que ha pedido la Sala Primera».
Macías ve «una vergüenza» la denegación del Ministerio de estos cinco magistrados de apoyo al Supremo pese a la advertencia de colapso. Afirma que con ello, el Ministerio quiere forzar al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces. Y vuelve a reclamar al Ministerio de Justicia que haga las habilitaciones presupuestarias que correspondan para solucionar este problema y garantizar su funcionamiento mientras no se puedan cubrir vacantes.
El órgano de Gobierno del Supremo pidió ayer a Llop en la reunión la adopción de medidas urgentes «ante las necesidades materiales y de personal que este órgano arrastra desde hace muchos años» y la situación creada por la imposibilidad del CGPJ de efectuar nombramientos estando en funciones tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, impulsada por PSOE y Unidas Podemos. Ley que, según Macías, es inconstitucional.
Además, los presidentes de Sala han reclamado el refuerzo del Gabinete Técnico y de las Secretarias de Sala y han planteado reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo.
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