"Como ellos ya sabían que desde el Consejo íbamos a implementar fórmulas para intentar solucionar el grave daño que está causando al Tribunal Supremo intencionadamente, utilizan la llave que tienen para impedirlo: el dinero", señala. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
José María Macías (vocal del CGPJ): ‘Es una vergüenza la denegación del Ministerio de cinco magistrados de apoyo al Supremo pese a la advertencia de colapso’
Afirma que con ello, el Ministerio quiere forzar al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces
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21/2/2022 13:19
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Actualizado: 21/2/2022 13:35
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El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías manifiesta que es «una vergüenza» la denegación por parte del Ministerio de Justicia de cinco magistrados de apoyo al Tribunal Supremo (TS) de apoyo al Gabinete Técnico del órgano judicial en el área Civil, pese a la advertencia de «colapso» que dio el Alto Tribunal ante la «avalancha» de recursos que se prevé.
Lo cierto es que era lo que Macías esperaba del Departamento que dirige Pilar Llop. «Por la misma razón por la que en el Gobierno están saboteando al CGPJ, porque quieren que el Tribunal Supremo funcione mal para poder apretar al Partido Popular para la renovación», señala a Confilegal preguntado por este asunto este magistrado en excedencia, abogado en ejercicio, profesor de Derecho administrativo y de la UE de la Universidad Autónoma de Barcelona desde hace 28 años, que también ha sido profesor de la Escuela Judicial.
El presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, presidirá mañana martes, a las 12:30 horas, una reunión entre la Sala de Gobierno del Alto tribunal y una delegación del Ministerio de Justicia, encabezada por la ministra Pilar Llop. En el encuentro, entre otras cuestiones, se tratarán los problemas de funcionamiento del Supremo derivados de la existencia de doce vacantes en su plantilla de magistrados y de la imposibilidad del CGPJ en funciones de cubrirlas tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021.
Macías reclama al Ministerio de Justicia que haga las habilitaciones presupuestarias que correspondan una vez que se ha detectado el problema, «en vez de decir que está este dinero y que es el límite».
Macías sostiene que el Ministerio tiene la capacidad de poner el dinero, por lo que le parece «un argumento absurdo y cínico que diga que no hay más», ya «si no hay más es porque no quiere ponerlo, lo que obedece a una decisión política». Por tanto, ve la respuesta del Ministerio el «colmo del cinismo».
Destaca que «resulta evidente que después de haber generado ese problema el Gobierno, para el Ejecutivo sería absurdo solucionarlo porque entonces no estarían consiguiendo lo que quieren».
«Como ellos ya sabían que desde el Consejo íbamos a implementar fórmulas para intentar solucionar el grave daño que está causando al Tribunal Supremo intencionadamente, utilizan la llave que tienen para impedirlo: el dinero», indica Macías.
«Ellos gestionan el presupuesto y también tienen la capacidad para paralizar el Tribunal Supremo, primero con una ley inconstitucional y después impidiendo que nosotros podamos aplicar medidas de choque para solucionar los problemas que han causado con esa ley inconstitucional. Esta es la situación que vivimos con ellos», argumenta indignado este vocal del CGPJ.
«Esta denegación es una reacción a la acción del Consejo para intentar impedir los efectos del sabotaje de dicha ley y que no podía esperar de ellos otra cosa. Lo extraño hubiera sido que después de haber hecho este lío nos dejaran solucionarlo», remacha.
PARA CONOCER LA HISTORIA AL DETALLE
Según consta en los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente del CGPJ en la sesión del pasado 9 de febrero, la Dirección General del Servicio Público de Justicia ha desestimado la autorización económica interesada para la adscripción temporal de cinco magistrados al Gabinete Técnico en comisión de servicios con relevación de funciones.
Desde el Ministerio manifiestan que el presupuesto para 2022 está comprometido prácticamente en su totalidad.
El Ministerio redactó su resolución el 2 de febrero, mismo día en el que se dio a conocer que la ministra, Pilar Llop, y el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se reunirían en las próximas semanas para abordar la implementación de medidas en el Alto Tribunal que combatan las consecuencias derivadas del bloqueo en la renovación del CGPJ, que impide realizar nombramientos discrecionales.
También anunció ese día Justicia que prorrogaba durante 2022 las 12 comisiones de servicio extraordinarias para el área civil del Gabinete Técnico del TS para paliar los efectos ocasionados en el funcionamiento del Supremo con motivo del bloqueo de la renovación, que lleva más de tres años en funciones, lo que ocasiona un retraso de más de 1.000 sentencias al año y más retraso en los tiempos de respuesta.
Ante esta situación, el Ministerio de Justicia acordó en septiembre de 2021 conceder autorización económica para las medidas de refuerzo solicitadas por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. En total, se hizo una dotación extraordinaria de 12 letrados -uno de ellos coordinador- en comisión de servicio con relevación de funciones para las áreas civiles, penal, contencioso-administrativa y social del Gabinete Técnico hasta diciembre de 2021.
Preguntado el Ministerio por Confilegal sobre la denegación de estos magistrados, señalan que «existe un paquete de medidas de apoyo al TS en medios humanos, materiales y procesales». «Los medios humanos son los que comenzaron en septiembre y se les prorrogó por todo 2022; los materiales, fundamentalmente los avances en digitalización de todas las salas incluida la militar; entre los procesales, y ya que preguntas por la Sala Civil, la reforma del recurso de casación prevista en el APLEP», indican.
Añaden que para coordinar todos estos temas, el equipo de la ministra se reunirá con el de Lesmes en las próximas semanas.
Las mismas fuentes explican que el Ministerio ha pedido al CGPJ que espere a ver los resultados de los 12 refuerzos aprobados, cuya prórroga para 2022 supone 700.000 euros anuales del plan de refuerzos. Apuntan que teniendo en cuenta que para 2022 hay siete millones de euros para refuerzos de jueces y magistrados para todo el país, esta cuantía supone que se dedica el 10% al TS.
«El presupuesto para refuerzos es limitado y se tiene en febrero de 2022 comprometido prácticamente la totalidad. Esto se estudia y aprueba de común acuerdo con el CGPJ. Y en ello estamos», expresan.
Así, Justicia ha rechazado añadir cinco magistrados más a dicho gabinete en el área Civil, una medida que el presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín Castán, considera «indispensable». Marín Castán alertó en noviembre que sin sumar estos cinco jueces, la Sala no es capaz de «dar respuesta adecuada» a la «avalancha» de recursos y no podrá asumir un incremento como el que se prevé «si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación».
MACÍAS NIEGA QUE LLOP HAYA EMPLAZADO AL CGPJ A ESPERAR LOS RESULTADOS DE LOS 12 REFUERZOS, COMO DICE JUSTICIA
José María Macías también ha afirmado a este diario que la respuesta que se ha dado por parte de Justicia a los medios de comunicación sobre que ha emplazado al CGPJ a ver los resultados de los 12 refuerzos no es cierta. Según explica, en aquella Comisión, Justicia no dijo nada de eso, sino que «ni hablar, que no había dinero, no que se esperaban a ver si en el futuro la cosa podía ir».
También critica la forma en la que el Ministerio ha manejado la información sacando «una nota de prensa tremendamente engañosa después de la Comisión, en la que venían a decir que mantenían los refuerzos anteriores, pero eludían todo tipo de información en relación con la petición que había hecho el presidente de la Sala Primera».
«Han ido a engañar, porque si uno no sabía lo que hay detrás porque alguien lo explicara, era imposible de comprender, y una vez que se ha destapado es cuando comienzan las excusas por parte del Ministerio», agrega Macías.
También considera que el Ministerio pretende plantear una situación de seguimiento de las reuniones habituales de la Comisión Mixta entre el Ministerio y el CGPJ e insiste en que «la actitud expresada por el Ministerio es de no colaborar en absoluto».
Denuncia que el Consejo está bloqueado por dicha ley inconstitucional de los socios de Gobierno y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está bloqueando al Tribunal Supremo.
ACTUALMENTE HAY 11 PLAZAS SIN CUBRIR EN LAS DISTINTAS SALAS, QUE SE AMPLIARÁN A 16 EN 2022
La Sala del Gobierno del TS ya puso de manifiesto esta situación en el Alto Tribunal, donde hay 11 plazas sin cubrir en las distintas Salas (un 14% de su plantilla de 79 magistrados), que se ampliarán a 16 en 2022, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20,25% de su plantilla vacante.
Recientemente, la Sala de Gobierno del Supremo ha acordado medidas para evitar el colapso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ha aprobado la propuesta del presidente de esta Sala, César Tolosa, para la reorganización de sus secciones ante las vacantes existentes por la imposibilidad del CGPJ de realizar nombramientos discrecionales.
Propone una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta «más rápida y eficaz» a esa litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación.
Esta Sala, a partir del próximo mes de abril, con las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, contará sólo con 25 magistrados (incluido su presidente), lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menos cinco magistrados.
La Sala de Gobierno del TS espera la entrada de miles de recursos contencioso-administrativos en las próximas fechas contra la desestimación, expresa o presunta por el Consejo de Ministros de reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial, presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por este cauce, por causa de la aplicación de medidas incluidas en las normas aprobadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Para afrontar estos litigios, solicitará al Ministerio de Justicia que se dote una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Asimismo, propone un plan específico para la Sección Cuarta ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por medidas Covid, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la comunidad de Madrid (211), reclamación reconocimiento condición personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en servicio de salud de Castilla-La Mancha (65).
EVITAR EL COLAPSO
La Sala de Gobierno del Supremo advirtió en octubre que es «imprescindible» la pronta cobertura de las vacantes existentes en el Tribunal Supremo, así como las que de forma inminente van a producirse, si no se quiere acabar en el colapso del más alto órgano jurisdiccional de nuestro país”.
Salvo en la Sala de lo Penal, a la que la falta de cobertura de vacantes no le afecta en el futuro inmediato, en el resto de ellas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas vacantes.
Subraya que en la Sala de lo Contencioso-Administrativo hay actualmente seis vacantes sin cubrir (casi un 20% de la plantilla), a las que sumarán dos más en marzo y abril de 2022, “con grave perjuicio en la pendencia y tasa de resolución, siendo muy probable que se alcancen las 450 sentencias menos en cómputo anual”.
Destaca que en la Sala de lo Civil la vacante que está actualmente sin cubrir representa un 10% de la planta, además de que la anterior vacante tardó seis meses en cubrirse. Todo ello se considera “un evidente perjuicio” en una sala ya sobrecargada de trabajo, y que, de persistir la situación, se calcula que dictará 100 sentencias anuales menos,
Respecto a la Sala de lo Social, con tres vacantes actualmente y otras dos previstas (incluida su presidenta) para antes de octubre de 2022, resalta que es prácticamente un 40% menos de su planta de 13 magistrados, lo que sería absolutamente insostenible y podría llevar al colapso total, con 400 sentencias menos al año y una alta demora en la resolución de los asuntos.
Y sobre la Sala de lo Militar, con una plaza vacante y otra más prevista en 2022, indica que ello tendrá un inevitable impacto.
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