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El Supremo considera que la no cobertura de sus vacantes implicará unos perjuicios a la administración de Justicia valorados en 1.000 sentencias menos al año
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado el informe del gabinete técnico que analiza la compleja situación a la que se enfrentarán las diversas Salas del Alto Tribunal en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del Consejo General del Poder Judicial. Foto: Carlos Berbell/Confilegal

El Supremo considera que la no cobertura de sus vacantes implicará unos perjuicios a la administración de Justicia valorados en 1.000 sentencias menos al año

Y más retraso en los tiempos de respuesta
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22/10/2021 12:13
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Actualizado: 22/10/2021 12:13
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La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha aprobado el informe que solicitó al gabinete técnico del Tribunal sobre la situación a la que se enfrentarán las diversas Salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El informe concluye que la situación, de prolongarse, será “insostenible” y “va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año”.

El informe del gabinete técnico analiza la compleja situación que afronta el Alto Tribunal, con 11 plazas sin cubrir (un 14% de su plantilla de 79 magistrados), que se ampliarán a 16 el próximo año, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20,25% de su plantilla vacante. 

EL INFORME PARA DESCARGAR

“Una situación que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente, no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial”, señala el Supremo.

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Advierte que las consecuencias desfavorables repercutirán tanto en la fase de admisión de los recursos de casación como en la de enjuiciamiento y decisión. Afirma que «tal estado de cosas no puede ser remediado, por más que se quiera hacer el sobreesfuerzo, asignando más ponencias» a los magistrados.

Y ello, «porque la formación de la doctrina jurisprudencial que ha de orientar la actividad de todos los órganos judiciales de la distintas Jurisdicciones requiere un estudio y deliberación muy reflexivo y cuidado de los recursos, con mayor motivo en el contexto de la actual caracterización jurídica del recurso de casación en muchas de las Salas, basado en una selección rigurosa de los recursos que se admiten, con base en el criterio del interés casacional para la formación de la jurisprudencia”.

REPERCUSIÓN EN TODOS LOS ESCOLES JURISDICCIONALES

Esta dilación en el tiempo de la admisión de las casaciones repercutirá también, según este informe, sobre el conjunto de todos los escalones jurisdiccionales, al retrasarse en igual medida la solución jurisprudencial para las cuestiones problemáticas que se suscitan ante los tribunales de instancia, “y que podrían solventarse con rapidez y seguridad jurídica si el Tribunal Supremo estuviera en condiciones de resolver con agilidad y detenimiento la correcta interpretación y aplicación de las normas en juego”.

El informe aprobado destaca que “la imposibilidad legal del CGPJ en prórroga de su mandato de efectuar nombramientos para cubrir las vacantes unida a la incertidumbre sobre cuando se constituirá el nuevo Consejo, hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado: en la actualidad con una plantilla un 14 % inferior a la legalmente prevista, y en pocos meses (a finales de octubre de 2022), de perdurar esta situación, con una disminución del 20% de las plazas. Y todo ello en un contexto de crisis económica, social y sanitaria que es notorio está incrementando la litigiosidad”.

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Asimismo, recuerda que el Tribunal Constitucional ha reiterado en multitud de ocasiones en su doctrina que la justicia tardía no es verdadera justicia pues puede suponer un menoscabo de la tutela judicial efectiva. “Pues, bien, esta situación no va hacer otra cosa que demorar la resolución de multitud de recursos en las correspondientes salas, con el grave perjuicio que ello supone tanto para el justiciable como para la imagen de la justicia en la conciencia ciudadana, cuyo fortalecimiento es clave para el mantenimiento de la paz social”, señala el informe.

EVITAR EL COLAPSO

“Es imprescindible por ello la pronta cobertura de las vacantes existentes en el Tribunal Supremo  así como las que de forma inminente van a producirse, si no se quiere acabar en el colapso del más alto órgano jurisdiccional de nuestro país”, concluye el informe.

En él se hace un repaso a la repercusión que tiene la imposibilidad de cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal.

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Salvo en la Sala de lo Penal, a la que la falta de cobertura de vacantes no le afecta en el futuro inmediato, en el resto de ellas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas vacantes.

Subraya que en la Sala de lo Contencioso-Administrativo hay actualmente seis vacantes sin cubrir (casi un 20% de la plantilla), a las que sumarán dos más en marzo y abril de 2022, “con grave perjuicio en la pendencia y tasa de resolución, siendo muy probable que se alcancen las 450 sentencias menos en cómputo anual”.

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Destaca que en la Sala de lo Civil la vacante que está actualmente sin cubrir representa un 10% de la planta, además de que la anterior vacante tardó seis meses en cubrirse. Todo ello se considera “un evidente perjuicio” en una sala ya sobrecargada de trabajo, y que, de persistir la situación, se calcula que dictará 100 sentencias anuales menos,

Respecto a la Sala de lo Social, con tres vacantes actualmente y otras dos previstas (incluida su presidenta) para antes de octubre de 2022, resalta que es prácticamente un 40% menos de su planta de 13 magistrados, lo que sería absolutamente insostenible y podría llevar al colapso total, con 400 sentencias menos al año y una alta demora en la resolución de los asuntos.

Y sobre la Sala de lo Militar, con una plaza vacante y otra más prevista en 2022, indica que ello tendrá un inevitable impacto.

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