La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha aprobado la propuesta del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, César Tolosa, para la reorganización de sus secciones ante las vacantes existentes por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar nombramientos discrecionales.
La Sala de Gobierno advirtió hace meses de las «perniciosas consecuencias» que para el tribunal supone la falta de renovación del CGPJ y la imposibilidad de cubrir las vacantes. El órgano de gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, lleva en funciones desde diciembre de 2018.
En el Alto Tribunal hay 11 plazas sin cubrir en las distintas Salas, que se ampliarán a 16 este año con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20,25% de su plantilla vacante. La Sala de Gobierno alertó el pasado mes de octubre que en caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del CGPJ, la situación será “insostenible” y “va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año”.
Según ha informado hoy, ha constatado la situación «límite» en la que se encuentra la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, que a partir del próximo mes de abril, con las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, contará sólo con 25 magistrados (incluido su presidente), lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados.
Frente a esta situación, ha aprobado reforzar las dos secciones que tras dichas jubilaciones quedarán con sólo cuatro integrantes (la Segunda y la Quinta) con un magistrado cada una, que saldrán de las dos secciones que cuentan con seis magistrados (la Tercera y la Cuarta).
Además, para mitigar la extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en esta Sala, ha acordado proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta «más rápida y eficaz» a esa litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación.
En esa entrada de recursos destacan los que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia, de los que ya se han planteado decenas en los últimos días y que el tribunal prevé que puedan alcanzar varios miles en las próximas fechas.
MEDIDAS Y REFORMAS PARA EVITAR EL COLAPSO DE LA SALA TERCERA
En relación a la reforma legislativa, que se elevará al Ministerio de Justicia a través del CGPJ, la Sala de Gobierno propone modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto.
Indica que la finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica.
Un segundo aspecto de la reforma propuesta afecta a la labor de la Sección de Admisión de recursos (artículo 94 de la misma Ley) que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros.
La Sala de Gobierno entiende que sería un mecanismo similar a la tramitación de los denominados ‘procedimientos testigos’ que, según manifiesta, «permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y de hecho evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos ‘colapse’ el Tribunal Supremo».
AVALANCHA RECLAMACIONES PATRIMONIALES POR MEDIDAS COVID
La Sala de Gobierno del TS espera la entrada de miles de recursos contencioso-administrativos en las próximas fechas contra la desestimación, expresa o presunta por el Consejo de Ministros de reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial, presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por este cauce, por causa de la aplicación de medidas incluidas en las normas aprobadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Para afrontar estos litigios, solicitará al Ministerio de Justicia que se dote una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Asimismo, propone un plan específico para la Sección Cuarta ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por medidas Covid, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la comunidad de Madrid (211), reclamación reconocimiento condición personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en servicio de salud de Castilla-La Mancha (65).
En la próxima reunión, valorará la situación general del tribunal y del resto de Salas.
La Sala de lo Civil considera «indispensable» el nombramiento de cinco magistrados de apoyo para evitar el colapso.
