En la reunión que han mantenido hoy con la ministra de Justicia, Pilar Llop, los presidentes de Sala han solicitado el refuerzo del Gabinete Técnico y de las Secretarias de Sala y planteado reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo.
El Supremo pide a Llop medidas urgentes para garantizar su funcionamiento mientras no se puedan cubrir vacantes
Así lo ha reclamado hoy a la ministra de Justicia, Pilar Llop, ante las necesidades que arrastra desde hace años y la situación creada por la imposibilidad del CGPJ en funciones de efectuar nombramientos por la Ley 4/2021, que en octubre provocará que tenga un 20% de sus plazas vacantes
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22/2/2022 15:51
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Actualizado: 22/2/2022 16:44
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La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha reclamado hoy a la ministra de Justicia, Pilar Llop, la adopción de medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del Alto Tribunal «ante las necesidades materiales y de personal que este órgano arrastra desde hace muchos años» y la situación creada por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de efectuar nombramientos estando en funciones tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, impulsada por PSOE y Unidas Podemos.
Los presidentes de Sala han pedido el refuerzo del Gabinete Técnico y de las Secretarias de Sala y han planteado reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo.
Por su parte, Llop ha solicitado al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, un informe «para determinar cuáles de las necesidades del TS son fruto del aumento de la litigiosidad y cuáles son debidas al bloqueo en la renovación». Según ha informado el Ministerio en un comunicado, Llop ha dicho que el Departamento que dirige “no puede tratar con normalidad una situación que no es de normalidad», por eso pide «disociar una cosa de la otra”.
En la reunión, presidida por Lesmes, la Sala de Gobierno ha expresado su «preocupación» por la no renovación del Consejo, pero ha subrayado que «existen otros planos de preocupación de extraordinaria importancia, ajenos a esta situación, que se están prolongando en el tiempo».
Así, ha solicitado entre otras medidas el incremento del número de letrados del Gabinete Técnico y planteado varias reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo del tribunal, «que actualmente cuenta con una plantilla de magistrados un 14% inferior a la legalmente prevista, porcentaje que será del 20% el próximo mes de octubre, cuando el número de plazas vacantes se elevará a 16 frente a las 12 existentes a fecha de hoy».
La Sala de Gobierno del TS destaca que esta situación hace que el funcionamiento del tribunal se vea «gravemente mermado», pese al nombramiento en abril de 2021 por el Ministerio de Justicia de doce letrados para reforzar el Gabinete Técnico con el fin de prestar apoyo en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad, quejas, etcétera, que supone el 90% del trabajo del Supremo.
Señala que «ese refuerzo no se vio acompañado por el incremento de personal administrativo que asumiera la asistencia a esos letrados, estimándose necesario el nombramiento de un funcionario de tramitación por cada cuatro letrados de refuerzo».
Además, recuerda que Llop ha denegado recientemente la designación de otros cinco letrados solicitados por la Sala Primera para el Área Civil del Gabinete.
LAS PETICIONES PLANTEADAS A LLOP POR CADA UNA DE LAS SALAS
La Sala de lo Civil cuenta con una plantilla de diez magistrados, incluido el presidente, estando desde noviembre de 2020 una plaza vacante. El incremento de la carga de trabajo se ha agudizado de forma extraordinaria tras la fase de pandemia, hasta alcanzar el 42,5% en el último año. Por ello, esta Sala considera «extremadamente necesario» el nombramiento de los cinco letrados solicitados para prestar apoyo en la llamada “fase de decisión”, la que transcurre entre la admisión de un recurso y el dictado de la sentencia.
La Sala de lo Penal es la única Sala sin plazas vacantes, pero «su carga de trabajo también ha seguido una tendencia alcista durante los últimos cinco años, con un repunte de un 27 por ciento en 2021 respecto a la habida en los años 2019 y 2020». El principal problema es «la alta tasa de interinidad de la plantilla orgánica de funcionarios adscrita a la Sala, que alcanza el 59%», por lo que solicita medidas que motiven su permanencia e incentivos económicos similares a los que disfrutan en otros órganos judiciales como la Audiencia Nacional o los que dependen de la Comunidad de Madrid.
En la Sala de lo Contencioso-Administrativo el número de plazas de magistrado vacantes asciende actualmente a 6, que se incrementará hasta 8 con la próxima jubilación de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez.
Además de las medidas de solución temporal ya aprobadas por la Sala de Gobierno a propuesta del presidente de la Sala, César Tolosa -como la redistribución interna de los magistrados para que todas las secciones cuenten con el mínimo legal de cinco para constituirse-, considera necesarias otras ante la litigiosidad masiva que se prevé como consecuencia de los recursos que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia.
Así,solicita la creación de una nueva Secretaría, con un Letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios necesarios para tramitar esos recursos; así como el incremento de la plantilla del Área Contencioso-Administrativa del Gabinete Técnico en 3 letrados.
En la Sala de lo Social hay tres vacantes, a las que podrían añadirse otras dos por jubilación durante este año, incluida la de la presidenta de la Sala, María Luisa Segoviano. Ello dejaría la plantilla con solo ocho magistrados -de un total de 13-, lo que impediría la formación de las dos secciones que se constituyen para la deliberación y votación de los asuntos, y tendría como consecuencia la «drástica reducción del número de sentencias y el consiguiente incremento de la pendencia».
Esta Sala solicita el nombramiento de cuatro nuevos letrados para el Área Social del Gabinete Técnico, así como de dos funcionarios de apoyo.
Por su parte, la Sala de lo Militar tiene el 25% de sus plazas de magistrado vacantes (dos de ocho) y también experimenta un importante aumento de la entrada de asuntos que ha provocado el incremento de la cifra de asuntos pendientes en un 43,85% en los últimos dos años.
PROPUESTAS DE REFORMA LEGISLATIVA
Además de las peticiones en materia de personal, la Sala de Gobierno ha planteado varias reformas legislativas como solución a algunos de los problemas enunciados, entre ellas la reforma de la casación civil «para introducir un nuevo modelo que prevea un único recurso de casación que no dependa del tipo o cuantía del proceso, fortalezca el interés casacional de la interpretación de las normas y garantice la celeridad en los tiempos de respuesta simplificando la fase de admisión».
También propone la reforma del recurso de casación penal para eliminar el trámite de alegaciones del que ahora disponen los recurrentes para responder a los escritos del Ministerio Fiscal y el resto de las partes personadas impugnando su recurso; ampliar la inadmisión por providencia a los recursos contra las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; e introducir la posibilidad de plantear la insostenibilidad de la pretensión en casación.
Plantea, asimismo, la reforma de la regulación recurso de casación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa «a fin de proporcionar instrumentos y cauces procesales eficaces para atender la litigiosidad masiva»; y la instauración de la doble instancia penal militar.
Los representantes del Ministerio de Justicia se han comprometido a estudiar las peticiones.
En la reunión han participado, además del presidente del TS y del CGPJ, los presidentes de Sala del Alto tribunal Francisco Marín Castán (Sala de lo Civil), Manuel Marchena (Sala de lo Penal), César Tolosa (Sala de lo Contencioso-Administrativo) y María Luisa Segoviano (Sala de lo Social); los miembros electos de la Sala de Gobierno Pablo Lucas, Ignacio Sancho Gargallo, Antonio del Moral, Susana Polo y Dimitry Berberoff; el magistrado de la Sala de lo Militar Fernando Pignatelli -en sustitución del presidente de esa Sala, Jacobo Barja de Quiroga-; el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Ángel Tomás Ruano; y el director del Gabinete Técnico, Juan Manuel San Cristóbal.
Por parte del Ministerio de Justicia, además de la ministra, han asistido el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez Hernández; y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.
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