El Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, ha concedido la autorización económica para cinco comisiones de servicio en el área civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, «con el objetivo de apoyar la fase de decisión de los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal en la Sala Primera», la de lo Civil.
Esta autorización económica se remitirá a la Sección de Planta y Oficina Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Una vez designados los comisionados y adoptado el correspondiente acuerdo, el Ministerio autorizará el llamamiento de los cinco magistrados designados para el apoyo al Supremo hasta el 31 de diciembre de 2022.
Según ha informado el Ministerio, «la dotación presupuestaria de esta medida extraordinaria asciende a 234.000 euros por seis meses, cifra que puede variar en función de su definitiva puesta en marcha».
Justicia señala que «esta autorización se suma a las medidas extraordinarias aprobadas en 2021, y prorrogadas durante 2022, con la dotación, de 12 letrados y un presupuesto anual de casi 700.000 euros, para paliar los efectos ocasionados en el funcionamiento del TS con motivo del bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones, lo que ocasiona un retraso de más de 1.000 sentencias al año».
Asimismo, indica que «este plan de choque se suma a otras medidas impulsadas por el gabinete de Llop, como son la reforma del recurso de casación civil, penal y contencioso-administrativo, así como la mejora de la digitalización de las salas del Alto Tribunal o la digitalización de la jurisdicción militar, en línea con el Ministerio de Defensa».
EL TS TAMBIÉN HA REITERADO A LLOP LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS PARA EVITAR EL COLAPSO EN LA SALA TERCERA
Recientemente, el Supremo también ha reiterado a la ministra de Justicia la reclamación de medidas que permitan evitar el «colapso» que puede producirse en la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Las peticiones al Ministerio se producen ante la situación de la Sala Tercera, que desde abril cuenta con sólo 25 magistrados tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, «lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados».
Para afrontar la entrada de los litigios de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de medidas Covid, en enero la Sala de Gobierno del TS también solicitó al Ministerio que dotase a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de una nueva secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
