La Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) ha dirigido sendos escritos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, y al coronel jefe de la Comandancia de Valencia, José Antonio Fernández de Luz, instándoles a que investiguen lo que está ocurriendo en el acuartelamiento de Bombai, Valencia, donde 9 de sus 37 efectivos están de baja por depresión: un 24,3 % del total.
«Para Jucil es importante aclarar las razones por las que, en los últimos dos años, tras la incorporación de un nuevo oficial al mando del puesto de Llombai ha aumentado la presión sobre los compañeros«, explica en un escrito esta Asociación.
En concreto, los agentes tienen una mayor carga de trabajo con una organización de los servicios manifiestamente mejorable, ya que en la actualidad los agentes se tienen que responsabilizar a la vez de la atención a los ciudadanos en la oficina de denuncias, de la protección y seguridad del acuartelamiento, de supervisar los calabozos y de la atención telefónica, según Jucil.
Esta sobrecarga de funciones, argumenta Jucil, supone un estrés laboral que ha conducido a varios compañeros a causar baja médica y se hace necesario adoptar medidas en materia de prevención y de buena salud laboral.
De acuerdo con esta Asociación, el pasado 30 de abril dirigieron un escrito al coronel jefe de la Comandancia de Valencia en el que solicitaron la activación del protocolo de actuación, frente a un presunto caso de acoso laboral y para que permitiera aclarar aclarar en qué condiciones se trabaja en ese acuartelamiento.
Este acuartelamiento es el segundo puesto más importante de la Guardia Civil en la provincia de Valencia con una amplia extensión de cobertura sobre las poblaciones de Catadau, Alfarp, Llombai, Real, Montroi, Dos Aguas y Montserrat.
Luis Miguel Martínez, responsable jurídico de JUCIL en Valencia afirma que “el protocolo cuenta con los procedimientos y recursos que permiten prevenir, detectar y erradicar las conductas que supongan un acoso psicológico en el trabajo o fuera de él y, en el caso de que ocurran tales supuestos, adoptar las medidas correctoras y de protección a las víctimas”.
