El Gobierno ha avalado que sea la Fiscalía Anticorrupción y no la Fiscalía Europea quien investigue el contrato de emergencia vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, al recordar que el propio reglamento del órgano comunitario señala que «en caso de desacuerdo sobre cuestiones relativas al ejercicio de la competencia deben ser las autoridades nacionales quienes decidan».
Así se ha pronunciado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita de 4 de mayo ante la pregunta de los diputados de Junts en el Congreso Mariona Illamola y Josep Pagès sobre si consideraba «coherente» la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
La fiscal general acordó el pasado marzo que la Fiscalía Anticorrupción continuase haciéndose cargo de las diligencias relativas al contrato de compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta madrileña. Dicha decisión tuvo lugar después de que la Fiscalía Europea quisiera quedarse con esta causa en su totalidad porque estudiaba ya una posible malversación, toda vez que el contrato de emergencia se pagó con fondos europeos.
Delgado defendió que si bien la parte de la presunta malversación, el fraude a la Hacienda Europea y el cohecho lo investigará la Fiscalía Europea, los delitos conexos que tienen que ver «con el buen funcionamiento de las administraciones públicas españolas» debía quedarse en Anticorrupción.
REGLAMENTO DE LA FISCALÍA EUROPEA
En este sentido, el Gobierno ha subrayado que el artículo 25 del reglamento del órgano comunitario establece en sus apartados quinto y sexto que «la Fiscalía Europea informará a las autoridades nacionales competentes, sin dilación indebida, de toda decisión de ejercer o no su competencia».
Así, ha insistido en que «en caso de discrepancia entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales» serán estas últimas las «competentes» para decidir quién llevará la investigación del caso.
Además, ha indicado que ante tal discrepancia es la fiscal general del Estado quien tomará la decisión en los términos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es decir, previa consulta del Consejo Fiscal, tal y como hizo Delgado el pasado marzo, cuando reunió al órgano consultivo antes de resolver.
Desde Junts han recordado que la Fiscalía Europea expresó su rechazo a la decisión de la fiscal general española porque -a su juicio- va en contra del Derecho europeo. En concreto, el órgano comunitario señaló que la decisión de Delgado de dividir en dos la causa «no se ajusta a la legislación de la Unión Europea» y anunció que continuaría con su investigación.
Los diputados independentistas también preguntaron el pasado 31 de marzo al Gobierno si consideraba «coherente» a decisión de Delgado en virtud de que España firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía Europea.
En su respuesta, el Ejecutivo ha evitado pronunciarse directamente y ha recordado que el Ministerio Fiscal es un «órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia» que tiene «consagrada» su autonomía funcional «sin dependencia externa ni posibilidad de injerencia de ningún poder del Estado»
