La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentaba este miércoles por la tarde una demanda colectiva contra Apple por prácticas comerciales engañosas en nombre de más de 400.000 afectados por la obsolescencia programada del iPhone 6.
Esta asociación de consumidores exige una indemnización para los usuarios españoles por un importe que oscila entre los 99 y 189 euros por persona.
OCU ya presentó en diciembre de 2020 unas diligencias preliminares para solicitar a Apple que identificara a los afectados, a fin de que, en base a la legitimación que tiene para ello, la organización pudiera defenderles en un Juzgado.
Desde esta entidad se explica a Confilegal que se ha intentado llegar a un acuerdo con la multinacional norteamericana, pero no han reconocido los hechos “No han sido receptivos”, aclaran
Una vez finalizado ese trámite, procede la presentación de la demanda en la que OCU solicita a Apple una compensación, no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca.
Por todo ello, solicita una compensación de entre 99 y 189 euros. Esta cifra procede de la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.).
Estrategia europea judicial
También explilcan que esta iniciativa forma parte de la iniciativa del grupo Euroconsumers, en el que forman parte Astroconsumo por parte de Italia; Bélgica, Deco en Portugal y la propia OCU
Esto va a significar que en cada uno de estos países se abra un frente judicial contra la propia Apple.
En el caso español, la Organización tras valorar la viabilidad jurídica de la misma ha subcontratado a un despacho que gestiona este tema. La información del despacho no nos lo facilitan alegando que no pueden hacer publicidad de otras empresas.
En principio, esta misma fuente nos confirma que OCU asume los costes del proceso y los afectados no tendrán que incurrir en gasto alguno.
Se trata de plantar cara a una empresa que ya en otras ocasiones se ha saltado la normativa de protección de los consumidores y da continuidad a su campaña contra la obsolescencia programada.
Fuentes de la entidad explican la existencia de las prácticas comerciales injustas, engañosas y agresivas de Apple, que para la organización ha actuado de manera fraudulenta ocultando información a los usuarios, vulnerando así la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
OCU considera que el gigante de la tecnología actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos.
Al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba “más lento” un hecho que les empujó a cambiar de modelo.
En esta demanda de más de cuarenta páginas se insiste que Apple de manera deliberada condicionó a los consumidores para renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico que cifra entre 40 y 80 millones de euros, aproximadamente.
Experto en acciones colectivas
Desde OCU explican la experiencia de esta asociación en acciones colectivas. Ahí está el tema del Dieselgate y Volkswagen que en primera instancia fue estimado por un juzgado mercantil de Madrid. Ahora el asunto está en la Audiencia Provincial de Madrid
También hay que recordar la demanda colectiva contra Facebook.
Desde la asociación se insiste que va a asumir el gasto necesario para entablar esta contienda judicial, pagando los honorarios de abogados y procuradores, para que los afectados no tengan que incurrir en coste alguno.
En caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir las costas del proceso. OCU confía en que la justicia ponga freno a estos comportamientos lesivos para los consumidores afectados y la sociedad en general.
Con esta acción OCU planta cara a las practicas injustas y engañosas que tienen como finalidad acortar la vida útil de los dispositivos.
«Desde esta entidad, siempre hemos intentado llegar a un acuerdo con la empresa, el tramite judicial es el ultimo recurso. No han sido receptivos, no han reconocido de los hechos y no estaban dispuesto a este acuerdo», concluyen.
