Aunque la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, y su equipo, practicamente han seguido todas las líneas de actuación que puso en marcha su antecesor, Juan Carlos Campo, la de un «lenguaje legal comprensible», el román paladino de toda la vida que decía Gonzalo de Berceo –»en el cual suele el pueblo fablar con su vecino–, no ha tenido toda la atención que se merece en este impulso modernizador.
Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), compartía –y comparte– esa preocupación porque a los juristas de todo tipo y condición se les entienda, como planteaba Campo.
Por eso, durante su intervención en la Real Academia Española (RAE), el pasado lunes, pidió un esfuerzo para que el lenguaje jurídico sea más sencillo y comprensible.
Fue durante a presentación del Diccionario Panhispánico de Español Jurídico a representantes de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA).
Ortega afirmó que “hacer el lenguaje jurídico más comprensible y sencillo es un imperativo en una sociedad en la que la transparencia es un valor afianzado”.
Y aseguró que eso no significa “desposeer a las sentencias de su armazón jurídico”.
No mencionó a Campo.
La presidenta del CGAE califició este diccionario, cuya edición en papel fue presentada en 2017 y la online en 2020, “es un paso adelante para la clarificación de miles de términos legales y un lazo de unión entre las sociedades hermanas de un lado y otro del Atlántico”.
Por su parte, el director de la RAE, el jurista Santiago Muñoz Machado explicó el funcionamiento de este diccionario –“el primero de especialidad que hace la RAE”, señaló-, que tiene referencias a normas legales y jurisprudencia y cuya edición online está vinculada al BOE.
Este acto en la RAE se celebró un par de días antes de la inauguración del XXIV Congreso de la UIBA, que se celebrará del 25 al 27 de mayo en el Colegio de Abogados de Pamplona.
