El ministro de Justicia en una foto tomada en el hemiciclo del Congreso de los Diputados antes de asumir esa responsabilidad. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El ministro de Justicia impulsa el movimiento «lenguaje legal comprensible», aunque todavía no lo llama así
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02/3/2020 03:00
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Actualizado: 19/12/2023 12:08
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«Una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender».
Las diversas encuestas sobre el estado de la Justicia dicen que, mientras que la ciudadanía confía en el rigor y calidad de los profesionales del derecho, al mismo tiempo subrayan que «no les comprendo o, en el mejor de los casos, les comprende con dificultad».
Las quejas que los ciudadanos han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «indican que el lenguaje jurídico es críptico y oscuro y que resulta incomprensible para el ciudadano, especialmente en aquellos procedimientos en los que no es preceptiva la asistencia letrada».
«A menudo las personas que acuden ante un tribunal no entienden bien la razón por la que han sido llamadas y, muchas veces, salen sin comprender el significado del acto en el que han participado o las consecuencias del mismo».
Estas son afirmaciones que se contienen en el Informe de la Comisión de modernización del Lenguaje Judicial.
Fue el producto del encargo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2009 y que presidió el entonces secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, titular actual de la cartera.
Forman parte del primer capítulo titulado «El derecho a comprender». El alma de aquella iniciativa que después, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón olvidó.
El texto, de 32 páginas, contiene tres tipos de recomendaciones. Unas, dirigidas a los profesionales del derecho; otras a las instituciones; y unas terceras a los medios de comunicación.
Hoy, precisamente, esa necesidad vuelve a la actualidad más plena y tiene todos los visos, por su velocidad, intensidad y dirección, de convertirse en el movimiento «lenguaje legal comprensible».
La versión española de lo que en Inglaterra se conoce como el movimiento «plain English» (inglés simple), referido al mundo legal.
La lógica es aplastante. Si el artículo 117 de la Constitución dice que «La justicia emana del pueblo», ¿cómo es posible que es misma Justicia no haya hecho el esfuerzo para hacerse entender por aquellos a los que sirve y que vive de sus impuestos?
El pueblo tiene que comprender lo que dice su justicia. Porque se ama lo que se conoce y se desprecia aquello que no se comprende. Jamás ha sido tan evidente este axioma.
Campo, un convencido de que las cosas deberían ser así, ha vuelto a la vida este compromiso personal cuyo kilómetro cero fue la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002 y que fue una de las consecuencias del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito el 28 de mayo de 2001.
Fruto de aquél texto el Consejo General del Poder Judicial del momento, del que formaba parte el actual ministro, implementó una moderna política de comunicación, mediante la aprobación del Protocolo de Comunicación de la Justicia, la creación de 18 gabinetes de Comunicación –uno por cada uno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional– y el reforzamiento del existente en el Tribunal Supremo.
Además, puso en marcha los programas «Informar en Justicia», talleres de formación impartidos por jueces y magistrados a periodistas, e «Educando en Justicia», dirigido directamente a los alumnos de EGB y de BUP, y apoyó, como miembro de la Comisión de Comunicación, la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en los juicios.
EL JUICIO DEL «PROCÉS»
El juicio televisado del «procés» es producto de las decisiones que se tomaron entonces y una consecuencia de las tres sentencias del Tribunal Constitucional que acabaron con el concepto de «sanctum santorum» que habían tenido las salas de vistas hasta 2004.
Este juicio, precisamente, ha marcado un antes y un después, para bien, de la Justicia española.
Ha sido una campaña de imagen impagable. 52 días abriendo la mayor parte de las veces los informativos de las televisiones, los boletines de radio y las portadas de los diarios –de papel y digitales–.
Lo más relevante, lo que pasó más desapercibido –porque se pensó que era lo suyo– fue la fácil comprensión de todo el proceso para el gran público, que desconoció el gran esfuerzo que los profesionales de la comunicación del Supremo estaban haciendo para servicio de la ciudadanía.
No fue un esfuerzo del momento, por parte del tribunal, sino que vino de atrás. Desde el minuto uno de la instrucción del «procés», en septiembre de 2017.
Magistrados y fiscales hicieron un esfuerzo sin precedentes para que sus autos y escritos fueran comprendidos por los profesionales de la información, intermediarios y «explicadores» al servicio de la ciudadanía.
Carmen Lamela, cuando estaba en la Audiencia Nacional, Pablo Llarena, como instructor del caso, el tribunal de apelación del caso, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Jorge Barreiro, los fiscales, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, escribieron para que el gran público entendiera sus palabras.
Sin olvidar al propio tribunal del caso, formado por Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo, cuya sentencia final, del 14 de octubre pasado, está escrita para ser comprendida por legos en la materia.
Nunca antes en la historia los medios han prestado tanta atención al mundo de la justicia.
El efecto continúa. Otros magistrados del Alto Tribunal como Vicente Magro, Julián Sánchez Melgar, Javier Borrego, Eduardo de Porres, o de la Audiencia Nacional, escriben para que se les entienda.
Es cierto que otros todavía abusan del «suajili jurídico», que desconocen el valor del punto y aparte o del punto y seguido y que siguen abonados a la mala tradición de las subordinadas interminables.
El ministro de Justicia tiene el firme convencimiento de que la Justicia tiene que ser comprendida por los ciudadanos, tiene que ser explicada –en especial aquellos casos con gran relevancia mediática– en «román paladino, en la cual suele el pueblo fablar con su vecino», como decía Gonzalo de Berceo allá por el siglo XIII; en lenguaje de la calle.
Prueba de ello es que apuesta –aunque no le corresponde porque no tiene ninguna potestad sobre el asunto– por los jueces divulgadores, quienes, de la misma forma que hace la Policía y la Guardia Civil hoy en día, explicarían, de un modo aséptico y neutral, el desarrollo de los eventos judiciales.
Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia o Foro Judicial Independiente –las cuatro asociaciones de jueces– han hecho uso de esa figura cuando los medios se lo han pedido.
Es una figura recomendada por la Red de Consejos del Poder Judicial de la Unión Europea. Países como Holanda, Bélgica, Irlanda, Dinamarca o Suecia ya los están utilizando. Otras naciones, como Serbia, que aspiran a entrar en la Unión, también lo han adoptado.
Esta es una asignatura pendiente que le corresponde aprobar al próximo CGPJ, cuya negociación les corresponde realizar a Campo y a Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid.
Ambos fueron compañeros en aquel órgano de gobierno de los jueces. Los dos compartieron y apoyaron aquella apuesta por la transparencia y la divulgación.
JORNADA DE MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO
Prueba de que esta apuesta del ministro está más viva que nunca es la Jornada de Modernización del Lenguaje Jurídico que tiene lugar esta mañana en la sede del Colegio de Registradores de la Propiedad de España, en Madrid, y que inaugura Campo, con una conferencia titulada «La modernización del lenguaje jurídico».
Luego continuará con una segunda ponencia a cargo del catedrático de Lingüística General de la Universidad de León y miembros de la Real Academia de la Historia, Salvador Gutiérrez del Rey Barba, titulada «Lengua y derecho».
Terminará con una mesa redonda, «La democratización del lenguaje jurídico», en la que tomarán parte, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Corporación; Estrella Montolío Durán, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona, asesora de la Comisión Interministerial de Modernización del Discurso Jurídico; Jesús María García Calderón, vocal de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, primero en ocupar el cargo de fiscal superior de Andalucía; y María Jesús González Espejo, directora del Instituto de Innovación Legal y experta en Legal Design Thinking.
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