«Si usted tiene un pleito hoy en España, lo más probable es que lo resuelvan cuando ya no le importe». Esa es la realidad que describió el miércoles pasado Juan Carlos Campo —magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia— ante una sala llena de operadores jurídicos que llevan toda la vida sabiendo que es verdad.
No fue una afirmación para hundir el ánimo a la sala abarrotada de operadores jurídicos que se dieron cita el pasado miércoles para asistir a las Jornadas Procesales sobre Tribunales de Instancia y el Nuevo Modelo de Justicia, celebradas en la sede madrileña de la Universidad Rey Juan Carlos y organizadas por la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ).
Lo hizo para argumentar por qué la reforma en marcha, con la implantación de los tribunales de instancia es, a su juicio, la primera oportunidad real de cambiar las cosas. «Son un mecanismo de esperanza como no habíamos conocido otro», aseguró.
Campo, que fue el ministro que diseñó la arquitectura de esta transformación, centró su discurso en dos preguntas fundamentales: «¿por qué era necesaria la reforma? y ¿qué se espera de ella?».
La respuesta fue categórica: el sistema judicial español nunca ha contado con un modelo de organización real. «No podemos hablar de recuperar una justicia ágil y moderna porque no la hemos tenido nunca», afirmó, reclamando humildad colectiva para abordar el cambio desde sus cimientos.
Un diagnóstico sin paliativos
Campo trazó un diagnóstico certero y sin concesiones de las carencias estructurales de la justicia española, situando al ciudadano en el centro del debate.
Recordó que ya el Libro Blanco de la Justicia, aprobado en 1997, describía el sistema como un modelo de «esquizofrenia de gestión», y que décadas de esfuerzo presupuestario no habían logrado traducirse en una mejora real de la satisfacción ciudadana.
El magistrado puso el dedo en la llaga al señalar que las políticas incrementalistas —crear un juzgado más aquí, ampliar plantillas allá— estaban condenadas al fracaso porque «el modelo no existe» y «el sistema se fagocita a sí mismo».
A su juicio, solo un rediseño completo de la arquitectura judicial puede revertir una situación en la que los ciudadanos esperan doce o quince años para obtener una resolución que, cuando llega, ya no les sirve.
Apoyó su argumentación en las palabras del constitucionalista Luigi Ferrajoli: «Una democracia constitucional no puede sostenerse sin una justicia capaz de garantizar la tutela de los derechos en condiciones de igualdad».
El tribunal de instancia, elemento vertebrador del nuevo modelo
Campo dedicó la parte central de su intervención a desglosar las bondades del tribunal de instancia, al que calificó como un engranaje esencial dentro de un sistema que también incluye la nueva oficina judicial y la Oficina de Justicia en el municipio.
Desde su punto de vista, el mayor valor del tribunal de instancia es su capacidad para generar previsibilidad y seguridad jurídica mediante la deliberación cotidiana entre jueces.
«Cuando el tribunal es colegiado, la deliberación no es un hecho aislado: estás tomando café y ya estás deliberando», ilustró.
Esta dinámica, argumentó, homogeneizará los criterios judiciales sin mermar la independencia de cada juzgador, que siempre podrá apartarse de la mayoría motivando su decisión, lo que a su vez favorece la evolución sana de la jurisprudencia.
«Solo un rediseño completo de la arquitectura judicial puede revertir una situación en la que los ciudadanos esperan doce o quince años para obtener una resolución que, cuando llega, ya no les sirve», sentenció Campo.
El magistrado fue especialmente explícito al señalar las consecuencias a medio plazo de este modelo: si los tribunales de instancia funcionan bien, las audiencias provinciales podrían ver transformada profundamente su función, ya que habría muchos menos errores que corregir en segunda instancia.
«La clave es ir peldaño a peldaño de forma sólida», subrayó.
Campo también reivindicó la Oficina de Justicia en el municipio –basada en los antiguos juzgados de paz– como el complemento indispensable del tribunal de instancia para garantizar el acceso a la justicia en el ámbito rural.
Pensando especialmente en la España vaciada y en sus ciudadanos de mayor edad, defendió que estas oficinas —atendidas por funcionarios— deben ser capaces de asistir a quienes no disponen de medios tecnológicos o no saben utilizarlos, cubriendo así el riesgo de exclusión digital.
Cultura del acuerdo frente a cultura del litigio
El magistrado también dedicó parte de su discurso a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), abogando por un cambio cultural profundo que pase del litigio al acuerdo.
«Si logramos pasar de la cultura del litigio a la cultura del acuerdo, habremos ganado mucho», afirmó, aunque matizó que ese cambio cultural necesita el respaldo de las normas para consolidarse.
Campo quiso dejar claro que la litigiosidad en sí misma no es el problema: «La litigiosidad solo implica el grado de complejidad de una sociedad». El reto, explicó, es articular mecanismos que resuelvan los conflictos sin romper la paz social.
El exministro cerró su intervención con un mensaje inequívoco de apoyo a la reforma en marcha. «Apostar por modernizar la justicia es apostar claramente por un mayor Estado del bienestar y prosperidad», concluyó, convencido de que las bases están puestas para construir una organización judicial que dé «una respuesta completamente distinta a la que hemos tenido hasta ahora».
Campo se mostró abierto a que el modelo pueda corregirse y mejorar, pero rechazó el escepticismo paralizador: «Lo que quiero es que me digan por qué fracasa. Vamos a corregirlo».
