El magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo subrayó la urgencia de impulsar una regeneración democrática, a la que describió como “una obligación de Estado”, durante su intervención en la jornada “Democracias con latido: el papel de la sociedad civil en la regeneración democrática”, organizada por los Gestores Administrativos.
Su mensaje de fondo, en la ponencia que pronunció –titulada “La regeneración democrática, una obligacion de Estado”–, fue claro: la democracia sólo avanza si coloca al ciudadano en el centro y logra recomponer la confianza deteriorada en las instituciones.
Desde el inicio, Campo quiso poner el foco en el ciudadano como pilar del sistema democrático. Para ello, recurrió a referentes clásicos —como Aristóteles— para recordar que es ciudadano quien puede participar en el ejercicio del poder. A partir de esa idea, defendió una “sociedad democrática avanzada” basada en la igualdad y en el ejercicio efectivo de derechos y responsabilidades.
En un contexto marcado por la desafección política y un malestar social cada vez más visible, insistió en que recuperar y fortalecer la ciudadanía es esencial para restaurar la legitimidad del sistema democrático.
Instituciones en crisis y riesgo para el Estado social
El magistrado advirtió también de un deterioro profundo de las instituciones españolas, derivado tanto de actuaciones individuales inadecuadas como de fallas estructurales. “Nuestras instituciones se están alejando de los ciudadanos”, lamentó, y recordó que este fenómeno se repite en otras democracias occidentales.
Según señaló, cuando las instituciones pierden eficacia y credibilidad, el Estado social diseñado en la Constitución también se debilita. De ahí que defendiera la necesidad de que los poderes públicos recuperen un compromiso real con la igualdad, la cohesión social y la protección de los más vulnerables.
Campo dedicó una parte central de su intervención a la corrupción, que describió como un problema de carácter estructural más que individual. La definió como un “crimen de cálculo” que distorsiona incentivos, erosiona instituciones y genera profundas injusticias en la distribución del poder y la riqueza.
Alertó, además, de que la proliferación de casos y la normalización de la mentira en espacios institucionales están socavando la confianza pública. “Ninguna institución queda a salvo”, afirmó, señalando que la magnitud del problema no tiene precedentes recientes.
Transparencia y confianza: pilares del nuevo pacto democrático
El magistrado defendió la transparencia como un instrumento imprescindible para recomponer la relación entre ciudadanía e instituciones. Explicó que los poderes públicos deben rendir cuentas, especialmente en lo relativo al uso del dinero público, y que la transparencia es una de las mejores herramientas para prevenir la corrupción y hacer más accesible el funcionamiento del Estado.
Aun así, advirtió del riesgo de exigir una “transparencia infinita” cuando no existe una base de confianza, pues ese enfoque puede derivar en mecanismos de control excesivos que no necesariamente mejoran la calidad democrática.
Campo planteó la creación de un instrumento estable encargado de analizar y proponer reformas destinadas a fortalecer las instituciones, mejorar la representación política, democratizar el funcionamiento interno de los partidos, impulsar la participación ciudadana y reforzar la independencia de los órganos constitucionales y reguladores.
Sostuvo igualmente que la lucha contra la corrupción debe apoyarse en transformaciones profundas del sistema y no limitarse a respuestas penales apresuradas. En este sentido, destacó la importancia creciente de los programas de cumplimiento normativo, también en el ámbito de los partidos políticos, como herramienta eficaz de prevención.
En su cierre, Campo apeló a la responsabilidad colectiva y al liderazgo político. Recuperó unas palabras pronunciadas en el Congreso en 2016 para recordar que “estamos obligados a liderar esa demanda de cambio, creérnosla y buscar consensos”, convencido de que sólo así será posible recuperar la credibilidad de la política y reforzar la confianza ciudadana en la democracia.
