El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado una advertencia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
Para la institución colegial esta ley concebida para reforzar la lucha contra la corrupción podría, en la práctica, debilitar algunos de los mecanismos de control que hoy permiten detectar operaciones societarias vinculadas al blanqueo de capitales, el fraude fiscal o la financiación ilícita.
La preocupación se centra, en particular, en la reforma del sistema de transmisión de participaciones sociales. El texto impulsado por el Gobierno plantea sustituir el actual modelo basado en escritura pública por otro apoyado en documentos privados electrónicos posteriormente inscritos en el Registro Mercantil.
Para la abogacía madrileña, el cambio altera un elemento clave de la seguridad jurídica preventiva. En el sistema vigente, la intervención notarial permite verificar identidad, capacidad y legitimación de las partes desde el mismo momento en que se formaliza la operación. Además, genera información trazable que puede resultar esencial en investigaciones sobre corrupción, blanqueo o estructuras societarias opacas.
Un espacio de incertidumbre entre los pasos a seguir
El ICAM sostiene que el nuevo modelo podría abrir un espacio temporal de incertidumbre entre la firma del documento privado y su inscripción registral. Ese intervalo, advierte la institución, dificultaría determinar quién controla efectivamente una sociedad en cada momento y reduciría la trazabilidad de determinadas operaciones sensibles.
La preocupación no se limita al plano mercantil. El Colegio considera que jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, organismos antiblanqueo y Agencia Tributaria necesitan acceder a información «fiable, verificable y accesible» sobre la titularidad real de las sociedades para reconstruir entramados complejos y detectar beneficiarios ocultos.
En este contexto, la institución alerta de un posible impacto directo sobre investigaciones relacionadas con adjudicaciones irregulares, enriquecimiento ilícito, financiación ilegal o blanqueo de capitales. A su juicio, las sociedades limitadas —uno de los instrumentos societarios más extendidos en España— podrían convertirse en ámbitos de menor control documental y menor transparencia.
A favor de su finalidad, pero sin debilitar las garantías del sistema jurídico
El ICAM también invoca los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Recuerda que la Recomendación 24 del organismo exige información adecuada, exacta y actualizada sobre los beneficiarios reales de las sociedades, y advierte de que una reducción en la calidad o verificación de esos datos podría afectar a futuras evaluaciones internacionales sobre los sistemas españoles de prevención del blanqueo.
La institución reconoce que la reforma persigue agilizar operaciones, reducir costes y avanzar en digitalización y transparencia registral. Sin embargo, considera que la simplificación no debe producirse a costa de debilitar garantías estructurales del sistema jurídico.
«La seguridad jurídica preventiva no pertenece a una profesión concreta; es una garantía del Estado de Derecho», resume el Colegio, que ya prepara nuevas iniciativas públicas para reclamar la revisión del anteproyecto y abrir el debate jurídico sobre sus consecuencias reales.
