Catorce sesiones. Más de setenta testigos. Un mes largo de declaraciones, contradicciones, silencios estratégicos y acusaciones cruzadas.
El juicio del caso Koldo ante el Tribunal Supremo ha concluido su fase oral y espera ahora sentencia. El magistrado Andrés Martínez Arrieta, preside una sala –en la que también es el ponente– que deberá resolver si José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama conformaron o no una organización criminal que saqueó el Estado mientras España se ahogaba en la pandemia.
Las peticiones de condena no dejan margen para la ambigüedad. La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio para Koldo, por pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
El PP, como acusación popular, va más lejos: 30 años para ambos. Para Aldama, que se declaró culpable en su escrito de defensa, la Fiscalía pide siete años y la acusación popular cinco años y dos meses.
«Quien paga, manda»
La existencia de una organización criminal ha sido el eje sobre el que ha girado todo lo demás. ¿Hubo estructura? ¿Hubo jerarquía? ¿Quién mandaba?
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha tenido dudas. Los tres acusados formaron una «verdadera organización criminal».
Ábalos era «denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama».
Pero hubo un matiz que Luzón recogió del testimonio del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, Antonio Balas y que resume el mecanismo de toda la trama con una frase demoledora: «Quien paga, manda. Quien paga y exige es Aldama.»
Pedro Sánchez, según el propio fiscal, no era el número uno, como había insinuado Aldama con lo que Luzón calificó de «notable desahogo».
Las defensas de Ábalos y Koldo negaron la existencia de cualquier estructura criminal.
El abogado de Aldama, José Antonio Choclán, en cambio, abrió otro frente: la organización, dijo, «no es solo vertical, es transversal», y señaló hacia Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, actualmente imputado en la Audiencia Nacional.
Varios testigos, precisamente por estar imputados en esa causa paralela que se instruye en la Audiencia Nacional, guardaron silencio. El caso Koldo tiene más capas de las que este juicio ha podido mostrar.
El rastro del dinero
Aldama declaró que pagaba 10.000 euros mensuales a Ábalos y a Koldo. Dinero en efectivo. Dinero que salía de los contratos públicos que, según él, le iban adjudicando de forma irregular desde el Ministerio de Transportes.
«Se empiezan a dar contratos y las empresas empiezan a pagarme en efectivo y yo empiezo a llevar dinero, hago entregas en el Ministerio y en la casa de Ábalos en El Viso. Esto era constante porque empieza una ruleta, empiezan a caer licitaciones», explicó Aldama.
Ábalos lo negó todo. Con datos, además.
La UCO le atribuye 94.000 euros sin declarar en diez años. El exministro discrepó de la cifra: «He hecho las cuentas y sale bastante menos».
Y añadió, con una lógica que sus defensores consideran irrefutable: «Si hubiera dinero, aflora».
Cuando Aldama amplió las cantidades durante el juicio, Ábalos respondió con sarcasmo: «Cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y la localización de ese dinero».
En su turno de última palabra, fue todavía más directo: «10.000 euros mensuales a repartir. ¡Qué barato soy!».
Koldo ofreció su propia explicación para el efectivo que manejaba. Era dinero de gastos del Ministerio y de la Secretaría de Organización del PSOE que él adelantaba y que luego se le reintegraba en metálico.
También los gastos personales de Ábalos. Una cadena de reintegros en cash que, según su versión, explica todo sin que haya nada ilícito.
Las mascarillas: 13 minutos para duplicar un pedido
La compra de mascarillas al empresario Aldama —a través de su empresa Soluciones de Gestión— es el núcleo del escándalo.
El estado de alarma, la urgencia sanitaria, la escasez global de material. Y en ese contexto, un contrato que creció de 4 a 8 millones de unidades en un tiempo que las auditoras del propio Ministerio cifraron en apenas trece minutos.
Koldo dijo que Aldama le ofreció material sanitario cuando más falta hacía y que él simplemente intentó ayudar. Que jamás supo que Aldama pertenecía a Soluciones de Gestión ni que cobraba comisiones por esos contratos.
Ábalos negó igualmente haber recibido nada.
Pero los funcionarios y las auditoras del Ministerio contaron otra historia.
El secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares, se alarmó cuando se enteró de la duplicación del pedido. Llamó a Aldama: «Estáis locos, cómo vais a hacer esto».
Aldama le respondió que ya estaba «arreglado» y que la decisión estaba tomada. Sánchez Manzanares le recordó que él solo tenía autorizado comprar 4 millones. La respuesta del empresario fue lapidaria: «Álvaro, no es mi problema, arregladlo entre vosotros.»
El piso, Jéssica y los contratos
Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, vivió casi dos años en un piso de la Torre de Madrid cuyo alquiler –2.700 euros mensuales– pagaba un socio de Aldama.
Un presunto regalo del empresario a los acusados, según la acusación.
La UCO calcula que el coste total del alquiler durante varios años superó los 82.000 euros.
Ábalos y Koldo insistieron en que conocieron a Jéssica a través del propio Aldama. Aldama y Jéssica lo negaron. El exministro, ante esa contradicción, sacó su propia conclusión: su expareja había sufrido presiones del empresario.
Lo que vino después fue igualmente comprometido. El currículum de Jéssica Rodríguez llegó a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, quien lo remitió a Ineco. Fue contratada. Después, en otra empesa pública, Tragsatec.
En ninguna de las empresas trabajó Rodríguez, aunque sí cobró su salario puntualmente.
Ábalos lo redujo todo a lo mínimo: «Me tienen que reprochar en mis años de ministro dos contratos temporales y porque son dos señoritas, que con una tuve una relación.»
Los siete magistrados deliberarán ahora con un sumario que retrata, sesión a sesión, la anatomía de lo que la Fiscalía llama una organización criminal instalada en el corazón del poder.
La sentencia dirá si eso es lo que fue. O si hay otra explicación para todo.
