Catorce sesiones. Más de setenta testigos. Y un final que nadie olvidará fácilmente.
El Tribunal Supremo ha dado por concluido el juicio oral del Caso Koldo este miércoles después de que los dos acusados principales —el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García— hayan utilizado su turno de derecho a la última palabra para lanzar dos alegatos que mezclaron la indignación, la denuncia y, en el caso de Koldo, una carga de profundidad contra medio Gobierno.
El caso queda ahora visto para sentencia.
Ábalos: «Me juego la poca vida que me queda»
Ábalos llegó al estrado con la determinación de quien sabe que es la última vez que puede hablar. Y habló. Mucho. Y con rabia.
Lo primero que hizo fue rechazar de plano la acusación que más le persigue: haber cobrado 10.000 euros mensuales del empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor que ha actuado como testigo y acusado a la vez en este proceso. La cifra, que según la acusación se repartía entre él y Koldo García, le sacó de quicio.
«10.000 euros mensuales a repartir, ¡qué barato que soy!», exclamó ante la sala. La frase, cargada de sarcasmo, resumía su argumento central: que un ministro con su nivel de responsabilidad, con acceso a las oportunidades de negocio que genera un ministerio de esa envergadura, no iba a comprometerse por una cantidad así.
«Si se quieren oportunidades, son brutales, pero no para 10.000 euros, ni para el pago de una semana de un chalet ni para un alquiler que se pretende simulado», dijo.
Sobre el modo en que supuestamente se habrían producido esos pagos —según Aldama, en mano, delante de Koldo—, Ábalos mostró incredulidad rayana en el escarnio. «¿Quién se puede imaginar eso? Que alguien sea capaz de prestarse a eso, que me lo den en mano delante de terceros y hacerme una foto para recordar ese instante… pues también, ¿no?».
El exministro denunció que se ha seguido contra él una «causa predeterminada, general» y un «proceso inquisitorial», y cargó con dureza contra los juicios paralelos, a los que definió como «toda una perversión» diseñada para «intoxicar, viciar los procesos judiciales y alterar la verdad». Solo le queda, dijo, «la opción de la defensa del honor».
Antes de concluir, introdujo un elemento que dejó la sala en silencio. «Ya no tengo más palabras en este proceso y tengo que aprovechar porque me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada». Una frase que sonó a testamento político, personal o ambas cosas a la vez.
También se refirió a las contrataciones de su expareja Jéssica Rodríguez y de otra mujer, Claudia Montes, en empresas públicas, reduciéndolas a «dos contratos temporales» que le reprochan «porque son dos señoritas, que con una tuve una relación».
Y cuestionó que las compras de mascarillas realizadas por el Ministerio del Interior —al mismo proveedor, Soluciones de Gestión, por el mismo sistema y a través de la misma conexión— no formen parte de la causa mientras que las de su ministerio sí. «Ha decaído, yo me alegro porque es una carga menos, pero no lo entiendo».
Jéssica Rodríguez fue un gancho, según el abogado de Ábalos
El abogado de Ábalos, Marino Turiel, desplegó en su informe final la tesis más arriesgada de la defensa: el piso de lujo no fue una dádiva al exministro, sino el cebo de un empresario que quería comprar voluntades
Hay momentos en un juicio en los que la defensa decide jugárselo todo a una sola carta. Ayer miércoles, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el abogado Marino Turiel eligió la suya: Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, no era la amante a la que se colmó de favores. Era, en sus propias palabras, el «gancho» del empresario Víctor de Aldama.
La distinción no es menor. Es, de hecho, el corazón de toda la estrategia de la defensa.
El piso que nadie habitaba
Uno de los ejes del caso Koldo gira en torno a un apartamento en la Torre de Madrid donde vivió Jéssica durante el tiempo en que Ábalos era ministro. La acusación lo presentó como un favor descarado: una vivienda pagada para la pareja del ministro a cambio de contratos públicos. Turiel lo desmontó —o al menos lo intentó— con una anatomía minuciosa del uso real del inmueble.
«El exministro no utilizó el inmueble, no tiene las llaves, no es para él, no duerme, no pernocta, no tiene ningún tipo de acceso», enumeró el letrado con la cadencia de quien va cerrando puertas una a una. El piso era, a su juicio, «un sitio de contacto con ella». Nada más.
La conclusión que extrajo fue quirúrgica: si Ábalos no vivía allí, no había dádiva para él. La dádiva, si es que existió, era de Aldama hacia Jéssica. Y eso respondía a una lógica completamente distinta: la del conseguidor que invierte en sus propias redes de influencia.
«Captación». La palabra que incomoda
Fue en otro momento de su informe donde Turiel pisó terreno más pantanoso. Reconoció —y justificó— haber preguntado a Jéssica Rodríguez, cuando declaró como testigo, si se dedicaba a la prostitución.
«No se trata de connotar negativamente a esta mujer», se apresuró a aclarar. Lo que pretendía, dijo, era «establecer una relación estrictamente mercantil y de captación». Porque «lo que subyace en toda esta historia es que se produce una captación», dentro de «las redes de contubernio para obtención de determinadas cosas».
Traducido: Aldama no regalaba pisos por generosidad. Los utilizaba para fabricar deudas de gratitud. Jéssica habría sido, en esa lectura, un instrumento en el tablero del empresario. No una beneficiaria del poder ministerial, sino una ficha en el juego de otro.
Las mascarillas: la compra más normal del mundo
Sobre la adquisición de mascarillas a Soluciones de Gestión —empresa vinculada a Aldama—, Turiel agitó un correo electrónico que calificaba la oferta como «la más viable». Esa es su piedra angular.
«No había mascarillas en ninguna parte», subrayó. En ese contexto de desabastecimiento global, contratar con quien podía suministrarlas no era corrupción. Era gestión. Recordó además, como dato que a su juicio se ha ocultado, que se intentó contratar con otras empresas, y todas fallaron.
Para el cambio del pedido de cuatro a ocho millones de unidades —uno de los puntos más espinosos del caso—, recurrió a la explicación del propio Aldama ante el instructor: Correos transfirió el dinero antes de que hubiera soporte contractual, la empresa tuvo que devolver el importe y se quedó «colgada con las mascarillas». De ahí el ajuste.
Y sobre la decisión de Ábalos de aprobarlo, su conclusión fue tan simple como ambiciosa: «Fue una decisión política, legítima, evidente y, sobre todo, lo hace de forma normal».
Normal. Esa palabra resumió la estrategia entera.
Koldo: «Me ofrecieron mentir para no entrar en la cárcel. Dije que no»
Si Ábalos fue la indignación contenida, Koldo García fue la bomba sin seguro.
El exasesor ministerial, que cumple prisión provisional, utilizó su derecho a la última palabra para lanzar una acusación de enorme gravedad: el abogado del Partido Popular —que lidera la acusación popular en el caso— le habría ofrecido colaborar a cambio de no ir a la cárcel.
Colaborar, aclaró, significaba mentir.
«A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir». Fuentes del PP negaron de inmediato esta acusación.
Koldo García arremetió contra Aldama con una contundencia que no dejó margen a la interpretación.
Lo acusó de vivir «a costa de todos» por haberle metido a él y a Ábalos en prisión «con mentiras», de haber elegido «el camino fácil» mientras él «se mató a trabajar», y de haber inventado contactos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con varios ministros, entre ellos Ángel Víctor Torres —al que definió, con visible emoción, como «un grandísimo político y una gran persona»—, Félix Bolaños y la exministra de Hacienda María Jesús Montero.
Y entonces vino el reproche más personal. Koldo recordó que a todos ellos, «cuando no eran ministros, cuando no eran gente relevante de España», les ayudó en todo lo que pudo. «Pero claro, ahora hay que dejarme de lado, igual que han dejado de lado al señor Ábalos».
El registro de su domicilio fue otro de los momentos de mayor intensidad emocional. Koldo explicó que se ofreció voluntariamente a colaborar con la Guardia Civil, que les dio las llaves de su casa, que puso todo a disposición de los investigadores.
Y sin embargo, relató, irrumpieron «con una unidad de intervención, armados hasta los dientes, con el dedo en el disparador, con un escudo protector». Lo que le hizo perder la compostura fue otra cosa. «Apuntando a una niña de tres años, corriendo». Se detuvo. «Tiene huevos», dijo, y se disculpó de inmediato por el exabrupto.
Denunció también presiones sobre su entorno más cercano: que ciertas personas le habrían advertido de que su hermano y su exmujer —investigados en la Audiencia Nacional en la rama del caso que sigue abierta— podrían ir a la cárcel. «Y entonces tu hija, a ver». La frase quedó en el aire. «¿Pero por qué es? ¿Porque pienso distinto? ¿Así vamos a funcionar?».
Las chistorras y los billetes de 500
Hubo también un momento casi costumbrista en medio de tanta tensión. Koldo explicó el origen del término «chistorras», el código con el que los investigadores identificaron las referencias a billetes de 500 euros en las comunicaciones interceptadas.
Según él, es «un concepto» que llevaba usando con agentes de la Guardia Civil en Navarra desde hacía quince años.
No para cobrar, sino para lo contrario: porque los guardias civiles le daban esos billetes para que él los cambiara, ya que «no saben lo feo que queda que vaya un guardia civil a cambiarlos».
Recibía billetes de 500 de «muchísima gente», afirmó, e intentaba «deshacerse de ellos, porque nadie los quiere».
El Supremo tiene ahora la palabra. Y el tiempo que necesite para tomarla.
