Hoy no quiero escribir como jurista. Quiero escribir como ciudadana. Desde el corazón.
Después de semanas escuchando declaraciones, versiones contradictorias, acusaciones cruzadas y relatos sobre comisiones, favores y relaciones de poder en torno al llamado caso Koldo, Ábalos y su entorno, creo que muchos españoles compartimos una sensación difícil de ignorar: tristeza.
No hablo de ideologías.
No hablo de izquierdas ni de derechas.
Hablo de algo mucho más profundo: la pérdida de confianza de la ciudadanía en quienes tenían la obligación de proteger el interés general.
Y duele especialmente porque todo esto gira alrededor de contratos y actuaciones producidas durante los años más duros de la pandemia.
Mientras miles de familias sufrían miedo, enfermedad, soledad o ruina económica, hoy escuchamos conversaciones y testimonios que proyectan una imagen devastadora de la política: personas próximas al poder presuntamente preocupadas por negocios, contactos, influencias y beneficios.
Será la Justicia quien deba determinar las responsabilidades penales que correspondan.
Y debemos mantener el máximo respeto institucional hacia el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, magistrados, fiscales, letrados y todos los profesionales que desempeñan su labor bajo una enorme presión pública y mediática.
Porque el Estado de Derecho consiste precisamente en eso: en permitir que la Justicia actúe con serenidad, independencia y garantías.
Pero una cosa es la responsabilidad penal. Y otra muy distinta es el daño moral y social que ya se ha producido.
Porque el verdadero problema no es únicamente si existió corrupción. El verdadero problema es que millones de ciudadanos sienten que la política se ha alejado por completo de la realidad de la calle.
Mientras muchas familias no llegan a fin de mes, mientras autónomos y empresarios sobreviven asfixiados, mientras los jóvenes ven imposible acceder a una vivienda y muchos pensionistas sostienen económicamente a hijos y nietos, la sociedad escucha hablar de privilegios, enchufes, comisiones, amistades influyentes y redes de poder que parecen vivir en una dimensión paralela.
Y eso genera algo extremadamente peligroso para cualquier democracia: el desencanto.
Cuando un ciudadano deja de confiar en sus instituciones, deja también de creer en el esfuerzo, en la igualdad de oportunidades y en la justicia social.
Y una democracia no se destruye únicamente por la corrupción económica; también se deteriora cuando la ciudadanía pierde la esperanza de que existan dirigentes íntegros, ejemplares y verdaderamente comprometidos con el servicio público.
España necesita recuperar la ética pública.
Necesita servidores públicos con vocación, humanidad y sentido del deber.
Necesita políticos que recuerden que administrar dinero público no es un privilegio, sino una responsabilidad sagrada.
Y también necesita una Justicia fuerte, independiente y respetada. Porque cuando todo falla, la Justicia se convierte en la última esperanza del ciudadano.
Ojalá algún día dejemos de normalizar estas noticias.
Ojalá vuelva el tiempo en que la ejemplaridad sea una exigencia mínima para ocupar responsabilidades públicas.
Porque los ciudadanos no merecen convivir permanentemente con la sospecha, la decepción y el cansancio moral.
Merecen confianza. Merecen verdad.
Y merecen dignidad institucional.
