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Juan Carlos Campo: «Existe un derecho de los ciudadanos a comprender el lenguaje jurídico»

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, durante su intervención en la Jornada sobre Modernización del Lenguaje Jurídico; a su lado, María Emilia Adán, decana del Colegio. Foto: Registradores.
| | Actualizado: 03/03/2020 21:49

Al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no le cabe ninguna duda: «Existe un derecho de los ciudadanos a comprender el lenguaje de la Justicia».

Y recordó, de forma muy especial, la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, gestada en 2001, como consecuencia del Pacto de Estado por la Justicia, en la que se habla de «Una justicia comprensible».

«El lenguaje no es inocuo ni neutral. En la relación del ciudadano con el Estado ha primado más la condición de súbdito que de ciudadano. Durante mucho tiempo la oscuridad del lenguaje marcó un muro infranqueable para distanciar a los ciudadanos de las estructuras de poder. Hoy la democracia exige transparencia y claridad«, afirmó.

Para añadir, a continuación: «Tenemos que superar el lenguaje críptico, oscuro e incomprensible. Para mí es un desafío que quedó aplazado por los avatares de la política y que ahora retomo, junto con mi equipo y para el que espero que haya máxima colaboración».

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Fue en el marco de la conferencia de 14 minutos pronunciada en el Colegio de Registradores de Madrid, en la inauguración de la Jornada especial sobre Modernización del Lenguaje Jurídico.

«La claridad aumenta la seguridad jurídica y es compatible con la complejidad. Hay una necesidad de la corrección lingüística de los textos jurídicos para que sean más claros y entendibles y así evitar  problemas interpretativos. Porque no se trata, en suma, más que de hacernos entender», explicó el ministro.

Campo, que fue introducido por la decana del Colegio, María Emilia Adán, hizo hincapié, repetidas veces en «los verdaderos protagonistas de este desafío, de esta asignatura por aprobar».

A los que, de verdad, se sirve: los ciudadanos.

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«La comunicación es un bien público. No puede ser la causa de un aumento en la brecha de la desigualdad. Porque no nos lo podemos permitir», añadió.

Campo, después, recordó las palabras del desaparecido Lázaro Carreter, quien fuera miembro de la Real Academia Española (RAE), quien describió el lenguaje jurídico como «amojamado y mustio». 

Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; Maria Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; y Sebastián del Rey, director de Responsabilidad Social Corporativa. Foto: Registradores.

UNA JORNADA HISTÓRICA Y UNA DECLARACIÓN PÚBLICA DE INTENCIONES

La intervención del ministro de Justicia, la magnífica conferencia sobre «Lengua y derecho», de Salvador Gutiérrez Ordóñez, catedrático de Lingüística General de la Universidad de León, miembro de la RAE y coautor del Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico, y el panel posterior, supusieron una jornada histórica.

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Un nuevo pistoletazo de salida hacia la conquista del horizonte aplazado en 2011.

Una declaración pública de intenciones en toda regla.

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Urbi et orbe.

Gutiérrez Ordoñez siguió en esa línea. Explicó a un auditorio concurrido, con un lleno de un 90 por ciento, cómo en el lenguaje jurídico la lucha por la precisión lleva a la paradoja de la incomprensión por parte del destinatario.

Lo que definió como fracaso y abogó por expresiones más simples como mejor forma de comprensión. De la misma forma, insistió en la necesidad de huir del lenguaje farragoso, de los términos arcaicos y de los párrafos muy largos, plagados de frases subordinadas y con los puntos y seguidos y puntos y aparte desaparecidos.

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«Hay que simplificar. Hay que hacer frases más cortas», relató.

Salvador Gutiérrez Ordóñez, catedrático de Lingüística General de la Universidad de León, miembro de la RAE y coautor del Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico, con Sebastián del Rey Barba. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Plano general de los asistentes a estas jornadas. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

El panel de cierre contó con el concurso de la presidenta de Red Eléctrica Corporación, exministra de Vivienda y exregistradora de la Propiedad, Beatriz Corredor; la catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona, Estrella Montolío Durán, una de las grandes expertas en lenguaje jurídico; Jesús María García Calderón, exfiscal superior de Andalucía y miembro de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico; y María Jesús González-Espejo, directora del Instituto de Innovación Legal y vicepresidenta de la Asociación Europea de LegalTech.

Panel que fue moderado por Carlos Berbell, director de Confilegal.

De izquierda a derecha, Sebastián del Rey, Estrella Montolío, Carlos Berbell, Beatriz Corredor, María Jesús González-Espejo y Jesús María García Calderón. Foto: Registradores.

Durante su intervención, Beatriz Corredor criticó el lenguaje críptico empleado por algunas sentencias del Tribunal Supremo, plagadas de frases subordinadas que hacen incomprensible lo que se quiere comunicar, poniendo algunos ejemplos de sentencias de cláusulas abusivas.

También explicó como se gestan los textos legales en el Parlamento. «Cuanto más complejos, más se enriquecen y se oscurecen las normas. Tenemos que ser muy conscientes que en nuestra relación con los ciudadanos tenemos la obligación de explicar las cosas con toda claridad», señaló.

Y apostó por mejorar la educación y por un pacto con los medios de comunicación. «Un pacto de nuevas prácticas en la dirección de la transparencia», dijo. 

La expresidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Beatriz Corredor, apostó por la claridad en el lenguaje como una necesidad inaplazable. Foto: Registradores.

Estrella Montolío se refirió a las llamadas «resistencias identitarias», a la incomodidad ante los cambios y a una inquietud: el temor a perder el rigor jurídico. 

«El miedo es normal. Es comprensible. Pero un texto jurídico más claro aporta precisión. La claridad de lo que se explica es, además, prueba del control del conocimiento. Aunque reconozco que la claridad requiere más trabajo, más esfuerzo», dijo.

La profesora Montolío reveló un hecho incontrovertido: Las sentencias del Tribunal Supremo español son más largas, más farrogasas que las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

«Las del TJUE tienen párrafos cortos, numerados y las oraciones son más breves. Se entienden mejor que las del Tribunal Supremo. Me consta que cuando llega una sentencia española a Europa los jueces se echan a temblar», indicó.

La profesora Estrella Montolío comparó las sentencias del TJUE con las del Tribunal Supremo de España y afirmó que las primeras eran más claras, más comprensibles. Foto: Registradores.

LA MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO ES UNA CUESTIÓN DE ESTADO

El fiscal Jesús María Calderón –autor de 12 libros de poesía y dos ensayos–, puso en tela de juicio la misma composición del sumario. «Hay una inmensa inutilidad del proceso. Es un caos organizativo». Y siguiendo la línea de Campo: «El lenguaje jurídico es oscuro. Porque es una manera de que permanezca la condición de súbdito sobre la de ciudadano«.

Además, «nos movemos sobre un paradigma erróneo. Porque se enseña al jurista a ser retorcido, oscuro, para trabajar más. Lo que tenemos entre nosotros es el fracaso comunicativo del lenguaje jurídico. Por eso, lo que tratamos hoy aquí es muy importante. La modernización del lenguaje jurídico es una cuestión de Estado«.

El exfiscal superior de Andalucía, y fiscal del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma, afirmó que la modernización del lenguaje judicial es una cuestión de Estado. Foto: Registradores.

María Jesús González-Espejo, por su parte, hizo especial hincapié en la tecnología y en la necesidad de vincularlo con el lenguaje.

«Las empresas e instituciones se han olvidado de colocar al ciudadano, al cliente y al usuario en el centro de todo. Por eso tenemos que buscar soluciones que tengan ese fin. La gente tiene derecho a comprender. Quizá habría que hacer una ley sobre el derecho a comprender», argumentó.

González-Espejo recordó a los presentes la potencialidad del LegalTech, de las nuevas tecnologías, de su uso para conseguir ese fin. «Sólo tenemos que emplearlas», remachó.

María Jesús González-Espejo, directora del Instituto de Innovación Legal, llamó la atención sobre la ventaja competitiva que supone utilizar las nuevas tecnologías para conquistar este nuevo horizonte. Foto: Registradores.