Este magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado destaca la importancia de contar con una justicia inteligible y ágil.
Julián Sánchez Melgar: “Las resoluciones tienen que ser claras, precisas y congruentes”
Una justicia comprensible es uno de los derechos de los ciudadanos
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04/8/2023 00:45
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Actualizado: 04/8/2023 08:04
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“Es muy importante contar con una Justicia inteligible”. Así lo declara a Confilegal el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, preguntado sobre el derecho de los ciudadanos a una justicia comprensible, porque un lenguaje demasiado oscuro no es Justicia.
Este magistrado destaca que las sentencias y demás resoluciones judiciales “van encaminadas a explicar a la ciudadanía la razón por la cual optan por una determinada solución, de manera que tienen que ser claras, precisas y congruentes (así se expresaba nuestra antigua ley de Enjuiciamiento Civil)”.
De otra manera, “puede ser un dictamen técnico jurídico, pero no una resolución judicial dirigida a la sociedad y particularmente a los litigantes, quienes quieren y deben conocer las razones del fallo dictado”, manifiesta este magistrado.
La ciudadanía tiene derecho a una justicia comprensible. Así lo recoge la ‘Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia’, cuyo texto fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, por unanimidad, y que establece un catálogo de derechos de los usuarios de la Justicia.
Según dispone la misma, el ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos “contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios”.
También es un derecho “que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en Derecho”.
Los jueces y magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la salvaguardia de este derecho, dispone la Carta.
Asimismo, el ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales “se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico”.
Entre las prioridades del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, figuraba precisamente la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atendiera a los principios de transparencia, información y atención adecuada y que estableciera los derechos de los usuarios de la Justicia.
Una prioridad que también se encuentra en el acuerdo quinto de los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en Las Palmas el 22 de mayo de 2001.
Una justicia ágil es otro de los derechos que tienen los usuarios de la Justicia. La ciudadanía tiene derecho “a una tramitación ágil de los asuntos que le afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal, y a conocer, en su caso, el motivo concreto del retraso”.
Preguntado al respecto, el magistrado Julián Sánchez Melgar también hace hincapié en que la reducción de los tiempos de respuesta es “imprescindible”.
Este magistrado sostiene que “un asunto no puede eternizarse, porque las personas no pueden estar indefinidamente en espera para que su asunto se resuelva”.
“En los frontispicios de nuestros Palacios de Justicia, yo pondría, a modo de subtítulo, tras la palabra Justicia, resoluciones predictibles en un tiempo razonable”, agrega.
Julián Sánchez Melgar recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) “ya se ha pronunciado acerca de las dilaciones indebidas, tachándolas de intolerables”.
¿Es necesaria una mayor calidad en la Justicia? Este magistrado del Tribunal Supremo considera que la Justicia española tiene un buen nivel de calidad, “lo que no quiere decir que no sea mejorable”, apunta.
“Todas las encuestas muestran la satisfacción de la ciudadanía con el nivel de las resoluciones, incluyendo la complacencia de los profesionales del Derecho y de sus Colegios profesionales, que nunca se han quejado de la calidad de la respuesta judicial”, señala Sánchez Melgar
LA CARTA DE DERECHOS VINCULA A TODOS LOS OPERADORES JURÍDICOS Y LOS CIUDADANOS TIENEN DERECHO A EXIGIR SU CUMPLIMIENTO
Están vinculados a la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, funcionarios públicos, Abogados, procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en ella.
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los Colegios profesionales competentes adoptarán las disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos en esta Carta.
SÁNCHEZ BERNAL: “A VECES LAS RESOLUCIONES TIENEN UN LENGUAJE TAN OSCURO QUE INCLUSO A LOS ABOGADOS NOS CUESTA ENTENDERLAS”
“Las resoluciones tienen que tener un lenguaje que cualquier ciudadano pueda entender, pero a veces nos encontramos con algunas con un lenguaje tan oscuro que incluso los abogados hemos de leerlas varias veces para poder entender el sentido de las mismas, hasta tal punto que incluso tenemos que solicitar aclaración de la resolución”, declara a Confilegal el abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, conocido por su lucha contra la justicia tardía.
Es el letrado que presentó la demanda de amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 10 de octubre a la que ha aludido el magistrado Julián Sánchez Melgar, acerca de un juicio fijado para junio de 2024.
Sánchez Bernal hace un llamamiento a que “las resoluciones tengan, de una vez por todas, un lenguaje asequible”. Recuerda que muchas de ellas van dirigidas a ciudadanos con discapacidad funcional e intelectual.
El Ministerio de Justicia está desarrollando una herramienta de Inteligencia Artificial ‘online’ que traduce los documentos jurídicos a un formato de lectura fácil.
Además, los jueces pueden pedir la redacción en este formato en virtud de la ley que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
No obstante, para este abogado, que las resoluciones tengan lectura fácil debería ser la norma para cualquier juez.
En este sentido, celebra la decisión de una juez de Barcelona que ha redactado una carta dirigida a un adolescente de 13 años adjuntada a su auto, en la que le explica las consecuencias de su resolución judicial, con un lenguaje comprensible, “que debería ser la tónica general en cualquier resolución”.
JUSTICIA ÁGIL, EFICIENTE Y EFICAZ
Preguntado sobre el problema de la justicia tardía, este abogado sentencia que “la justicia siempre tiene que ser ágil, eficiente y eficaz”. Al respecto, señala una reciente información publicada en Confilegal sobre un caso en el que una familia lleva cerca de 20 años esperando cobrar una indemnización de un millón de euros por un accidente de tráfico. A juicio de este letrado, esto es “intolerable”.
En la sentencia del TC del pasado octubre sobre la demanda presentada por Sánchez Bernal, el órgano de garantías dictaminó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva porque el caso carecía de complejidad y fue señalado a tres años vista.
Ante una queja de este letrado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por otro juicio tardío, el órgano de gobierno de los jueces declaró que un señalamiento a más de dos años vista es excesivo y merma la tutela de los derechos de los ciudadanos.
Según informa Sánchez Bernal, “hay muchísimos clientes que prefieren perder lo que les corresponda antes que acudir al auxilio de los jueces, por esta larga espera de dos o tres años, que en la mayoría de los casos es verdaderamente angustiosa”.
“La primera pregunta que nos hacen los clientes cuando acuden a nuestros despachos es cuánto puede tardar su caso, relegando a un segundo plano si su pretensión es viable o no”, apunta.
Y recuerda que a la “precaria situación” de los Juzgados de la Social por falta de medios humanos y materiales, agravada si cabe en Sevilla, se suman las huelgas de los últimos meses por los operadores jurídicos, algo que “a los justiciables ni les va ni les viene”, y que “conllevan que se agrave más el problema que sufrimos de lentitud de la justicia”.
Ante esta situación, pide a las autoridades competentes que “de una vez por todas solucionen esta pandemia que padecen los juzgados”.
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