La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado la redacción de una sentencia en «lectura fácil», cuya demandante es una trabajadora que tiene una discapacidad intelectual y le ha reconocido una incapacidad permanente absoluta.
Es la primera vez que un órgano judicial en Cantabria acuerda la redacción de una sentencia en este formato. Lo hace en virtud de la ley que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La Sala ordena que se recabe la intervención de las entidades que con dicha finalidad han suscrito protocolos de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según la sentencia, de la que es ponente la magistrada Elena Pérez Pérez, que ahora será redactada a lectura fácil para que la trabajadora pueda comprender su contenido, la discapacidad de la mujer se ha agravado y a ella se han sumado nuevas dolencias.
Consta acreditado que la demandante sufre una discapacidad psíquica derivada de un retraso mental ligero y que se ha producido una agravación de la referida patología. Además, al cuadro residual se han añadido varias dolencias nuevas.
“Es evidente que el cuadro de la actora ha sufrido una agravación relevante, no solo mediante la adición de las dolencias que acabamos de describir, sino que, incluso, la dolencia que ya existía al tiempo de la afiliación, a su vez, se ha visto agravada”, destaca el tribunal.
El TSJC considera que la conjunta valoración de las lesiones y secuelas objetivadas determinan el reconocimiento del grado absoluto de incapacidad, por lo que confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Santander, que acordó una pensión vitalicia para la mujer del cien por ciento de la base reguladora.
EL SUPREMO TAMBIÉN SOLICITÓ ESTE FORMATO EN MAYO PARA DOS SENTENCIAS
El pasado mes de mayo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también solicitó por primera vez en dos sentencias que se adaptara el texto a lectura fácil para facilitar la comprensión a las personas con discapacidad intelectual del caso.
Tanto la víctima como uno de los victimarios que interpuso el recurso, finalmente desestimado, tienen discapacidad intelectual.
Dichas sentencias fueron dictadas el pasado 10 de mayo (339/2023 y 341/2023), por los magistrados Julián Sánchez Melgar (presidente), Antonio del Moral García, Carmen Lamela Díaz, Leopoldo Puente Segura y Javier Hernández García (ponente).
Noticias relacionadas:
La Comisión para la Claridad y Modernización del Lenguaje Jurídico comienza su andadura
