La Constitución Española dice en su artículo 117 que «La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y únicamente sometidos al imperio de la Ley».
Una incongruencia patente, hasta ahora, era que ese pueblo del que la justicia dice que emana la justicia mayoritariamente no entiende el lenguaje de esa justicia. El pasado 12 de septiembre, a través de la la Orden JUS/912/2022, se acordó construir un puente hacia ese fin llamado Comisión para la Claridad y Modernización del Lenguaje Jurídico, que ayer celebró su sesión constitutiva bajo la Presidencia de la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez.
Está conformada por representantes del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Real Academia Española, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General Graduados Sociales de España, y la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.
Pase lo que pase y salga quien salga, dicha Comisión debería permanecer como un puente de piedra romano de esos que duran siglos, aunque manden diferentes colores en diferentes épocas.
Además, en esa sesión se abordaron aspectos sobre cómo mejorar el servicio público de Justicia a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como el trabajo que el Ministerio realiza para hacer más accesible la Justicia a las personas con discapacidad.
En esa dirección, y con ese marco, ayer el Ministerio de Justicia presentó, en la sesión constitutiva de la Comisión la «Guía de redacción clara. El derecho de la ciudadanía a entender: claves para redactar documentos judiciales eficaces», cuyas recomendaciones se desarrollan y concretan en el «Informe de recomendaciones elaborado en 2011 por la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico«; y la Guía para el uso de un lenguaje más inclusivo e igualitario, con recomendaciones para avanzar en materia de igualdad.
Justicia accesible para personas con discapacidad
En este sentido, y con el fin de garantizar una Justicia accesible para personas con discapacidad, el Ministerio impulsa una sección en su portal web dedicada exclusivamente a la Justicia accesible para personas con discapacidad, eliminando las barreras, favoreciendo la comprensión, el derecho a entender y ser entendido.
Entre los diferentes avances, la nueva sección, que se lanzará el próximo viernes, ofrece modelos de lectura fácil y resoluciones judiciales y guía en lenguaje sencillo, con el fin de facilitar la comprensión de los procedimientos legales, y favorecer el acceso a la Justicia para que sea un derecho real y efectivo para todas las personas.
También se ha impulsado la lectura fácil mediante la creación de formularios tanto para procedimientos como para el Registro Civil.
Otra de las herramientas para romper las brechas de acceso a la Justicia que afrontan los colectivos vulnerables es el Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), que permite conectarse desde las residencias asistenciales con el juzgado mediante un sistema de videoconferencia con un dispositivo muy sencillo; o el puesto de trabajo adaptado, con monitores de gran tamaño, ratones verticales, teclados ergonómicos o teclados retroiluminados.
Con este mismo objetivo, Justicia desarrolla una herramienta de inteligencia artificial (IA) que permite traducir de manera automática documentos legales e información jurídica a un formato de lectura fácil.
Sedes accesibles
En cuanto a las sedes, el Ministerio de Justicia también ha abordado los proyectos de accesibilidad en sedes físicas judiciales que se han implantado o están en proceso de implantación con el fin de eliminar barreras arquitectónicas, garantizando que todas las personas puedan relacionarse con la Justicia en igualdad de condiciones.
En este sentido se han adaptado los edificios a los estándares que establece la Ley 8/2021, de 2 de junio, con medidas de accesibilidad como el bucle magnético, así como sedes judiciales con certificación de accesibilidad AENOR, en edificios como el de la Audiencia Nacional o en el Palacio de Justicia de Plasencia.
Además, se trabaja en la señalética de los edificios que forman parte del territorio Ministerio, así como las sedes del Ministerio de Justicia.
Es el caso del proyecto piloto en Palencia en el que personas con discapacidad están verificando la adecuación de la señalética en edificios judiciales.
Por otro lado, también se ha previsto la creación de grupos de trabajo para ir avanzando en el objetivo de garantizar la calidad y la accesibilidad del lenguaje jurídico, como se indica en la Orden JUS/912/2022, de 12 de septiembre
