El terrorismo yihadista en redes ha estado muy presente en este Primer Congreso Internacional sobre Ciberdelincuencia celebrado en Sevilla.
Policía y Guardia Civil libran una guerra silenciosa y eficaz contra el yihadismo en el ciberespacio
Dicho en el Primer Congreso Internacional sobre Ciberdelincuencia, celebrado en Sevilla
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05/5/2024 00:45
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Actualizado: 06/5/2024 11:09
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«Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están haciendo un gran trabajo confrontando las iniciativas del terrorismo yihadista en Internet, donde no solo tratan de captar adeptos, dar publicidad a sus acciones, también tratan de obtener recursos mediante el ‘crowfunding’. Y no solo esto, Internet también se ha convertido en un espacio desde el que tratar de realizar atentados cibernéticos a hospitales y servicios públicos y llevar a cabo todo tipo de delitos informáticos», explicó el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Joaquín Delgado Martín.
Fue durante su intervención en la mesa «Terrorismo yihadista en las redes», que tuvo lugar en el marco del Primer Congreso Internacional sobre Ciberdelincuencia, que ha tenido lugar entre el jueves y el viernes pasado en el salón de actos de la Fundación Cajasol de Sevilla, organizado por el el Colegio de Abogados de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Cajasol.
«La tendencia en el derecho penal, en la actualidad, consiste en adelantar las barreras de protección legales. Hoy en día el Código Penal considera delitos no solo la preparación del atentado. También el enaltecimiento, el adoctrinamiento y el autoadoctrinamiento y la colaboración criminal sin formar parte de organización alguna», explicó Delgado, uno de los grandes expertos españoles en el campo tecnológico y la justicia.
El magistrado resaltó la colaboración voluntaria que las plataformas están prestando para hacer frente al ciberterrorismo yihadista. «Una colaboración que posiblemente será más estrecha en el futuro», remachó.
En esa misma mesa, que moderó el abogado Javier Vilches, tomaron parte también Manuel Torres Soriano, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad sevillana Pablo de Olavide, y Fernando Cocho Pérez, socio de h4dm, empresa de asesoramiento en seguridad, análisis y estrategia.
Torres Soriano relató cómo había sido el camino recorrido por el terrorismo yihadista, que comenzó con fotocopiadoras y casetes, luego se extendió a través de las redes sociales, de las que fue echado. Más tarde echó el ancla en Telegram, del que también fueron expulsados, y ahora está en fase de explotación de la Inteligencia Artifical.
Cocho Pérez, por su parte, explicó cuáles eran los indicadores que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado aplicaban para detectar la radicalización entre sujetos hacia el yihadismo. Y relató cómo se habían vigilado a los imanes de las mezquitas, para monitorizar el radicalismo.
FÉLIX BOLAÑOS, EN LA INAUGURACIÓN
El Congreso abrió sus puertas el jueves por la mañana con la asistencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, quien también mencionó el importante papel que Policía Nacional y Guardia Civil estaban realizando para hacer frente a «una cantidad cada día mayor de ciberataques, de ciberdelincuentes que intentan acceder a diferente información, y además con métodos cada vez más sofisticados, que son cada vez más frecuentes».
En el ámbito de la justicia, ha destacado «la mayor transformación digital en décadas de la justicia española» y va de la mano de la ciberseguridad. «Queremos tener los mejores medios de protección y los mejores expertos también que conozcan cuáles son las últimas tendencias de los ciberdelincuentes en estos ataques. Y queremos también gestionar, desde el Centro de Ciberseguridad del Ministerio, gestionar esa cooperación que ha de ser imprescindible entre comunidades autónomas, distintas administraciones y también Gobierno España».
En el acto de inauguración intervinieron también el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León; la directora del Departamento de Derecho Público de la UPO y miembro del comité de organización del Congreso, Viviana Caruso; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y el consejero de la Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello.
La conferencia inaugural corrió a cargo del catedrático de derecho penal, Fernando Miró Llinares, quien hizo una disertación sobre el cibercrimen, explicando cómo en los últimos 12 años las revoluciones digitales han transformado el panorama delictivo, presentando nuevos retos para el sistema legal.
Uno de los paneles más destacados fue el titulado «Las dificultades en la investigación de los delitos virtuales: Cooperación Internacional contra la Ciberdelincuencia». Moderado por Alfonso Choza Cordero, abogado de la firma Cuatrecasas, en este panel se expuso la complejidad de rastrear y procesar delitos que no conocen de fronteras físicas.
Beatriz Escudero, profesora de derecho penal de la Universidad Cunef, José Manuel Rueda, fiscal de cooperación internacional, y Kike Fontán Lorenzo, ingeniero informático en AUDEA, compartieron perspectivas sobre cómo mejorar la eficacia de las respuestas legales a nivel global.
Paralelamente, en la Sala Salvador se discutió sobre «Ciberseguridad, Ciberdelincuencia y Empresa», explorando la relación entre las prácticas corporativas y la seguridad informática. Con Julián Delgado Piraquive, jefe de Seguridad Ofensiva y MDR en Factum, Álvaro Fraile Hernández, director Global de Servicios de Ciberseguridad de AYESA, y Juan Carlos Ferré Olive, catedrático de derecho penal discutieron estrategias para fortalecer las defensas corporativas frente a ataques cibernéticos.
La moderación corrió a cargo del abogado Jesús Fernández Acevedo, delegado de Protección Datos del Colegio de la Abogacía de Córdoba.
Las sesiones de la tarde del primer día se centraron en la intimidad y los datos personales con el panel «Ciberdelitos contra la Intimidad: La Protección de Datos», donde se destacó la importancia de adaptar las leyes de protección de datos para enfrentar los desafíos que impone la tecnología moderna. Con Salvador Gamero Casado, detective privado en Detectivia, José Luis Zayas Banderas, gestor de Ciberseguridad en AUDEA, y Félix Pedreira González, profesor Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid a los mandos. Y Pedro Rodríguez López de Lemus, abogado y delegado de Protección de Datos en ICAS.
El segundo día comenzó con un enfoque en «Soluciones Tecnológicas contra los Nuevos Modelos Delictivos», donde Eloy Sanz Tapia, jefe de Ciberseguridad Agencia Digital de Andalucía, Ernesto Guerra de Hoyos, director de Ciberseguridad y Detección Electrónica de Teknei, y Francisco José Fernández. director general de Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, explicaron cómo las nuevas tecnologías pueden servir tanto de herramienta como de solución en la lucha contra el crimen digital.
Moderó Macarena Gutiérrez Pérez, abogada especializada en derecho digital y propiedad intelectual e industrial, DPD en Gutper Abogados.
Simultáneamente, la «Ciberdelincuencia Sexual» fue el tema en la Sala Salvador, con una discusión profunda sobre los delitos de «grooming», «sexting» y pornografía infantil en la web, subrayando la necesidad de medidas más rigurosas y educación para proteger a los menores en el ámbito digital. Todo a cargo de Cristina Guisasola Lerma, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Gabriel González Fernández, fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, y Lucía López, inspectora de Policía. Con Viviana Caruso, catedrática de derecho penal, de la Pablo de Olavide.
El último panel llevó por título «Los nuevos retos que supone la Inteligencia Artificial», en el que tomaron parte Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Paz de la Cuesta, catedrática de derecho penal de la Universidad de Cantabria, y Francisco Pérez Guerrero, profesor de derecho administrativo de la Pablo de Olavide.
El acto de clausura fue una llamada a la acción para todos los sectores implicados en la justicia y la seguridad digital.
Ana Carrasco Martínez, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla, y César Hornero, decano de la Universidad Pablo de Olavide, resumieron los puntos clave del Congreso y reafirmaron el compromiso de seguir trabajando en conjunto para adaptar el marco legal a la realidad digital del siglo XXI.
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