La ministra de Justicia de España, Pilar Llop, puso sobre la mesa de trabajo, que tuvo lugar ayer en Logroño, en el marco de la reunión informal de los ministros del ramo de los 27 países de la Unión, la necesidad de trabajar en la línea de transformar el lenguaje jurídico para dotarlo de más claridad con el fin de hacerlo más comprensible a los ciudadanos y adaptarlo a la diversidad de las sociedades europeas.
Llop explicó a sus colegas los pasos dados por el Ministerio de Justicia español que el próximo mes de septiembre pondrá al servicio de la ciudadanía una herramienta web que traduce al lenguaje normal y comprensible las comunicaciones que reciban en lenguaje administrativo judicial.
Un servicio que fue pensado inicialmente para personas con discapacidad para garantizar la eliminación de las barreras pero que es plenamente viable para cualquier ciudadano.
“La Justicia europea tiene que poner a las personas en el centro y para ello ha de asegurar que las nuevas tecnologías no son un factor de exclusión sino un motor de acercamiento”, afirmó Llop durante la primera sesión de trabajo bajo la Presidencia española de la UE, en este segundo semestre de 2023.
Durante la segunda sesión los ministros trabajaron sobre la mejora de la atención a las víctimas del delito, especialmente en delitos como la explotación de menores, la violencia contra las mujeres o el terrorismo.
“El espacio de libertad, seguridad y Justicia estaría incompleto si, aunque se persiguiera y castigara el delito, no se protegiera adecuadamente a las víctimas y no se les facilitaran los medios para restablecer sus derechos”, explicó la ministra a sus homólogos europeos.
La última sesión trató sobre la elaboración de una estrategia común en la lucha contra el crimen organizado, centrados en la necesidad de agotar sus vías de financiación.
Para ello propusieron una política común en el decomiso de criptoactivos, una fuente de financiación creciente entre las bandas delictivas que operan en Europa.
Del mismo modo, destacaron la importancia de aumentar la cooperación entre los agentes implicados en la lucha contra el crimen organizado, especialmente con las entidades privadas, cuya perspectiva puede aportar un valor añadido, ya que hay ciertos sectores especialmente utilizados por el crimen organizado para la ejecución de su actividad.
