Cubo fue buscado en Washington para dirigir la transformación tecnológica de la Justicia en España. Foto: Confilegal.
Aitor Cubo: “Los jueces van a poder preguntar a la Inteligencia Artificial sobre el expediente digital de cada caso”
Director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia
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21/7/2023 06:31
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Actualizado: 25/7/2023 01:28
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El director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo Contreras, habla siempre en la primera persona del plural, nosotros. Porque tiene muy claro que lo importante es el equipo, el conjunto. En este caso es claramente aplicable el proverbio: “Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado”. Quiere llegar lejos.
Cubo es ingeniero informático y psicólogo, y pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. Fue el elegido de entre un abanico de cuatro candidatos, a cuál de ellos más puntero.
El equipo del anterior ministro, que fue quien lo fichó –de entre cuatro candidatos–, tuvo que esperar tres meses a que llegara. Porque en aquel momento estaba en Washington, Estados Unidos. En la División de Innovación de Servicios Ciudadanos del Banco Interamericano de Desarrollo. Ejercía como especialista de Gobierno Digital en proyectos de transformación tecnológica en América Latina y el Caribe.
Su carrera, hasta el momento de dar el salto al charco, se había desarrollado en el sector público español, donde ejerció como subdirector general de Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano y subdirector general de Programas, Estudios e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda.
Durante estos tres años y medio pasados ha sido el jefe tecnológico que ha llevado a cabo la transformación tecnológica desde el Ministerio de Justicia.
Reconozco que tenía ganas de hacer esta entrevista. Era una asignatura pendiente. Porque siempre he pensado que lo que se ha hecho hasta ahora no se ha contado del todo bien. Desde Confilegal lo hemos seguido de cerca, pero faltaba esta conversación.
Una prueba de esa ausencia de relato, como dicen ahora los modernos, es el hecho de que los jueces, para final de año –si nadie lo para– podrán tener acceso a los expedientes digitales de cada caso a través de la Inteligencia Artificial.
Lo cuenta Aitor Cubo en esta entrevista, entre otras muchas más cosas desconocidas.
A usted, ¿quién lo contrata?
A mí me llamael anterior secretario de Estado de entonces, Pablo Zapatero. Yo estaba trabajando en Washington. Tuvimos una charla. Yo ya había pasado la experiencia de la etapa fuerte de digitalización de los servicios comunes en la Administración General del Estado.
Me plantea poder hacer algo similar en la Administración de Justicia, que, en parte ya conocía, porque cuando yo era el responsable de digitalización de Administración General, fui el vocal de la Administración General en la mesa del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, el CTEAJE.
Y regresa a España ganando la mitad, si me permite la impertinencia.
[Pasan varias décimas de segundo. Me mira y se sonríe, como queriendo preguntar pero sin hacerlo, ¿quién te ha contado eso?] Me vengo ganando menos de la mitad. Pablo Zapatero me convenció porque me planteó el desafío profesional de construir un proyecto de transformación digital de la Administración de Justicia de mi país.
O sea, un sueño. En un escenario muy complicado con un ministerio de Justicia con competencias directas en 5 Comunidades Autónomas, 12 Autonomías con competencias transferidas, el Consejo General del Estado y la Fiscalía General del Estado. Eso tiene un nombre: un rompecabezas.
Yo prefiero encontrarme con este escenario que con 8.114 ayuntamientos, como cuando tuvimos que enfrentarnos a su digitalización en un periodo complicado en que las tecnologías no estaban tan avanzadas como las de ahora. Reconozco que el escenario era muy interesante, precisamente por su complejidad.
En este caso, estaba el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que tienen, además, mucha relevancia. Los equilibrios de poder no son fáciles en una Administración en la que hay jefes distintos. Donde no hay una única jerarquía.
Pero lo hemos afrontado bien. Gracias, en gran parte, a la cogobernanza, que ha facilitado muchísimo las cosas, en este periodo de tiempo y, de una forma especial, en estos dos últimos años, se han hecho muchísimas cosas. Y también quedan muchas por hacer.
Es verdad que la Justicia no estaba tan mal desde un punto de vista objetivo y digital. Tanto las 5 Comunidades de territorio Ministerio como las 12 transferidas estaban digitalizadas, con un expediente electrónico digital operativo. Y eso no lo tiene prácticamente nadie en el mundo.
Y Lexnet funcionaba, ha mejorado mucho desde entonces, pero funcionaba.
No se partía de cero, por lo tanto.
Los españoles somos muy negativos con todo lo nuestro. Y eso va contra nuestros propios intereses a nivel mundial. Y por eso creo que una de las cuestiones más interesantes que ha habido en esta legislatura, tanto con el anterior ministro, Juan Carlos Campo, como con la actual, Pilar Llop, ha sido la cogobernanza. Porque, de verdad, han interiorizado la necesidad de trabajo conjunto y hemos remado todos en equipo.
Si hablamos entre nosotros y comentamos las cuestiones, vamos a llegar mucho más lejos. El que nos autocritiquemos por diversos motivos, no viene bien ni a nuestro país, ni a nuestra competitividad, ni a nuestro sector legal, ni a los abogados, que consiguen menos negocio internacional, ni a la seguridad jurídica, ni a la marca España.
Bueno, por lo que se refiere al expediente digital, a día de hoy lo que sigue siendo una losa es el hecho de que cuando se van a presentar demandas tienen que hacerlo por partida doble: digitalmente y luego en papel.
Eso no ocurre en todos los casos. Y es algo que iba a cambiarse en la Ley de Eficiencia Digital, que ha quedado varada a la espera del resultado de las próximas elecciones generales. El problema, en justicia, es que muchos procesos y muchísimas cuestiones se fijan en leyes.
En la Administración General del Estado las leyes son como guías genéricas. No hay, entre comillas, el equivalente a las leyes procesales.
Esas guías genéricas se adaptan de manera mucho más sencilla a través de reglamentos o a algo que hemos empezado a usar aquí en esta temporada de justicia, que son referencias a manuales de uso públicos, que están publicados en determinados espacios de la web.
Esto es como cuando hicimos el tema de la facturación digital en la Administración General del Estado. No vas a poner en una ley los campos de la factura que cambiaron 20 veces hasta que se estabilizó el sistema. Ni el proceso de facturación.
El momento importante es cuando aterrizas las cuestiones y las aplicas. En ese momento es cuando realmente se hacen los ajustes finos.
Una de las críticas más repetidas es el hecho de que en España hay 9 sistemas de gestión procesal distintos que no hablan entre sí. Aunque me consta que todas ellos ya hablan digitalmente con el Tribunal Supremo…
Con el Tribunal Supremo están ya todas conectadas. Entre ellas todavía no ocurre, pero sucederá pronto. La falta de que los diferentes sistemas de gestión procesal de diferentes Comunidades Autónomas hablen entre ellos es importante. Pero a un usuario de un juzgado, ¿le interesa que el órgano judicial hable con todas las Administraciones?
¿Cuántos casos reales hay de cambios, en los que un expediente que se inicia en Andalucía pasa a Madrid?
Ojo, no digo que no tenga que estar. De hecho, nosotros ya hemos montado el nodo de interoperabilidad central y lo que estamos esperando es que los sistemas de gestión procesal se integren aquí.
¿En cuánto tiempo puede estar eso?
Nuestro objetivo sería que en este año al menos dos sistemas de gestión procesal puedan interoperar; hablar entre ellos.
O sea, Madrid, por ejemplo, y Andalucía…
O Avantius y otro, seguramente.
El sistema Avantius lo utilizan Navarra, Aragón, Cantabria y Euskadi. En territorio Ministerio, opera el Minerva-Atenea. ¿En cuanto tiempo podrán hablar todos con todos?
Este objetivo se ha acordado en la Conferencia Sectorial. Vuelvo al tema de la cogobernanza, en el que han estado, y están, implicadas todas las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, las doce, el Consejo y la Fiscalía.
Todas las Comunidades Autónomas y todos los sistemas de gestión procesal no solo han estado de acuerdo con el proyecto, sino que se han financiado con fondos europeos, que Europa revisa. Han sido un total de 410 millones de euros.
El plazo final para la realización de esta inversión se ha fijado en 2025. Quedan dos años, por lo tanto, hasta obtener los objetivos y los resultados perseguidos.
A mí me extrañaría que las Comunidades Autónomas lo apuren. Viendo por como van las cosas y cómo van los contactos, los blogs, los temas de pruebas y demás… Avantius, por ejemplo, va a estar este año.
Es decir, para 2025, como muy tarde, la interoperabilidad, la comunicación de todos con todos, será una realidad.
Es que si no es así sería un problemón. Tendríamos, como Estado, que devolver los fondos europeos porque alguien no ha cumplido el contrato suscrito.
Insisto. Hay 17 interoperabilidades. Me refiero a proyectos de interoperabilidad con SIRAJ, con la cuenta de consignaciones, con Audiencias Provinciales, a través de SIR, y también a través de INSIDE, con el punto neutro, registro civil, carpeta justicia…
Esta es solo una de ellas. Y por su importancia no creo que nadie quiera ser el último en aparecer en la foto. Mi previsión es que esta esté ya operativa en 2024.
¿Qué ha sido lo más difícil en la consecución de este objetivo?
¿La verdad? Lo complicado ha sido llegar al acuerdo de cómo se hace el intercambio de la información. Desde el punto de vista TIC puro hay muchísima controversia. En este caso es como con los colores, si me permite la broma. ¿Qué modo de intercambio debe haber?, ¿cómo se intercambian los documentos?, etcétera, etc. Aquí ha habido mucha discusión porque a cada uno le gusta un color distinto.
Nadie puede decir que uno sea mejor que otro. La discusión era sobre si debían ser servicios web o API Rest, una interfaz de programación de aplicaciones.
Con eso estuvimos un tiempo bastante significativo viendo si era mejor una vía u otra. Y una vez que decidimos la vía tecnológica de intercambio de información, el aterrizarla a la especificación de información también tuvo su complejidad. ¿Qué metadatos se iban a intercambiar en el nodo central?, ¿qué metadatos se intercambiarían directamente sistema a sistema…? Depende de cómo se aborden las cuestiones tienes unas ventajas y unos inconvenientes.
Si el nodo central tiene muchísima información, liberas de eso a los sistemas, pero ese nodo empieza a tener un poder significativo. Y, además, puede tener datos que no es bueno que se tengan.
Si las interconexiones son solamente por abajo, el nodo central es mucho más rápido, su velocidad es mayor, pero empiezan a generarse infinidad de problemas.
Al final, llegamos a un acuerdo intermedio: un nodo central por el cual no pasa ningún documento judicial. Es decir, el intercambio de un fichero, o de un vídeo, entre Andalucía y Valencia no pasa por el nodo central nunca, pero sí pasa lo que en telefonía se define como la señalización de la llamada.
De tal manera que el nodo central se convierte en el tercero de confianza de todos.
No es tan sencillo hacer estos proyectos. Porque los expedientes judiciales tienen una complejidad muchísimo mayor que los expedientes administrativos debido a que contienen vídeos. Y eso exige un volumen de información y de criptografía enorme.
«La comunicación horizontal, entre todos los sistemas de gestión procesal existentes en nuestro país, está en construcción. Queda la conexión de todos ellos con el nodo central, que ya está definido y funcionando. Espero que todo esté operativo para 2024»
Llegar a acuerdos sobre esto parece harto complicado.
Ha sido complicado hacer el nodo central. Ahora, lo que tenemos que hacer todos, incluido el Ministerio con su ecosistema Minerva –ya Atenea–, es la integración con ese nodo central para hacer la interoperabilidad completa del expediente judicial electrónico.
Pero insisto, a nivel de funcionamiento del juzgado le va a venir mucho mejor el resto de interoperabilidades que estamos aplicando. Porque el caso de intercambio de un expediente, que no sea el Supremo, lo tenemos solventado de manera manual.
O sea, resumiendo, la comunicación será de todos con todos…
La comunicación horizontal, entre todos los sistemas de gestión procesal existentes en nuestro país, está en construcción. Queda la conexión de todos ellos con el nodo central, que ya está definido y funcionando. Espero que todo esté operativo para 2024. Y no creo que nadie quiera ser el último que se conectó a la interoperabilidad.
¿Y con el Tribunal Constitucional?
Acabamos de firmar un convenio con el Constitucional donde se les ha ofrecido multitud de soluciones tecnológicas del Ministerio y tienen que contestarnos.
Recientemente, los presidentes de Audiencias Provinciales hicieron un llamamiento sobre la necesidad de tener un único sistema de gestión procesal para todo el territorio nacional. Evidentemente, y lo digo yo, alguien no les ha explicado que eso va a estar resuelto pronto. ¿La clave está en lo que se han denominado ustedes la interoperabilidad orientada al dato? ¿En qué consiste?
Ese es el gran cambio. Hasta que pusimos en marcha todo este proceso la interoperabilidad estaba orientada al documento. Lo que se intercambiaban eran documentos. Si lo que buscas son los delitos que ha cometido una persona lo que tienes es un documento que tienes que abrir, leer y decidir.
Si la interoperabilidad la haces al dato no intercambias documentos, intercambias datos. Lo que te permite averiguar en que en este procedimiento de familia en el que estás tomando decisiones hay una alerta que te salta automáticamente porque, como se cruzan los DNIs y los delitos, puede detectar automáticamente si hay un delito de violencia de género.
Si no lo tienes en dato, eso no puede salir. Para que no entendamos, ¿qué sistema operativo tiene tu móvil?
Un Android.
Hoy en día tenemos dos formas de intercambiar nuestros datos. Puedes enviarme una foto de tu tarjeta personal o profesional, que contiene el nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. Una foto, en este caso, es un documento.
O me puedes enviar tu contacto por WhatsApp, con los mismos datos. Ese contacto es totalmente compatible con los teléfonos Android de todas las marcas y con los Apple.
La interoperabilidad orientada al dato que hemos implementado funciona de la misma manera. En este caso el documento se metadata. Se introducen los datos principales en un formulario digital.
Son, por ejemplo, el nombre, los hechos, la resolución, la categoría y el número de documento. Lo que se decida. Es esto lo que circula. No el documento original. Documento que es fácilmente accesible a partir de este formulario, equivalente al contacto del WhatsApp del que le he hablado.
Es una nueva funcionalidad que permite una gran rapidez en el intercambio de la información.
Como publicó The Economist en su momento, los datos son el nuevo petróleo. Y la forma de explotación que estamos haciendo de ellos ahora lo prueba.
Otro de los proyectos que no han explicado mucho es el de la grabación de las comparecencias y vistas en los juzgados. El hecho de que se graben, de que ese material videográfico se suba a la nube y de que las partes no solo puedan acceder a ello poco después, sino que su contenido es textualizado –según su lenguaje; transcrito, según el mío–, lo cual es descargable, y las intervenciones aparecen con subtítulos. ¿Dónde está operativo ya?
En territorio Ministerio en todas las Comunidades Autónomas a las que damos servicio [Castilla-La Mancha, Castilla-León, Baleares, Extremadura, Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Audiencia Nacional y Tribunal Supremo]. Todo se sube a una nube del Ministerio.
Ojo, esto ya lo tenía el territorio Avantius [Navarra, Aragón, Cantabria y País Vasco], hay que reconocérselo, aunque ellos no tienen la textualización.
En territorio Ministerio, donde todas nuestras salas, tenemos dos cámaras. Y ya hemos realizado 479.000 grabaciones.
Sin embargo, la que más lo usa, con diferencia, es la Comunidad de Madrid, que lo tiene implantado en todos los juzgados.
¿Y en territorio Ministerio?
En la mayoría de los sitios tenemos las dos cámaras porque tenemos las salas de vistas preparadas para juicios telemáticos.
Otra innovación, que será para septiembre, es ese servicio web que va a dar el Ministerio de traducir al lenguaje normal los documentos que se suban, incluyendo citaciones, sentencias o autos. Está pensado para personas discapacitadas y la necesidad de accesibilidad, pero, sobre todo, para el gran público.
A mí me parece apasionante porque te hace un resumen y una traducción. Las dos cosas. A lo mejor no lo hemos contado lo suficiente.
En estos dos últimos años hemos dado grandes avances en inteligencia artificial.
«Teníamos planificado un septiembre-noviembre con dos grandes subidas a producción de los sistemas de inteligencia artificial con nuevos servicios. En septiembre debiera estar el de los resúmenes documentales y la parte de traducción a lenguaje comprensible, no especializado»
¿Qué más innovaciones han implementado?
El anonimizador ha permitido sacar muchísimo provecho a lo que es el sistema de extracción de entidades nominales. Esto permite, de cualquier documento, extraer los sitios en los que se habla de personas, empresas, lugares, cuentas corrientes… y después se pueden procesar esos datos para múltiples usos.
Lo más importante ha sido montar la infraestructura de inteligencia artificial en el Ministerio. Esto se hizo hace tres años.
Porque necesitábamos una infraestructura propia. Luego hicimos competir a tres modelos internos, más el del centro supercomputación de Barcelona, con el fin de ver cómo se comportaba con el ámbito judicial. Ahí ya los entrenamos.
En el momento que tuvimos la extracción de entidades nominales lo pasamos a la ORGA [Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio], para localización de activos, o de otros sistemas que utiliza Justicia
En lo que más se está utilizando hasta ahora es en textualización. Pero también está en producción la clasificación documental, que va a permitir eliminar muchísimo trabajo.
Aguas arriba a abogados y procuradores que no van a tener que hacer las clasificaciones en manera manual en Lexnet. Y aguas abajo a los juzgados, porque va a permitir un encaminamiento automático de los documentos con riesgo cero.
Todo el trabajo manual que suponía ver el documento, revisarlo, decir es para esto, o para lo otro. En el noventa y tantos por ciento, o incluso en el ciento por ciento, la inteligencia artificial lo resuelve.
Estas cuestiones están ya funcionando.
Teníamos planificado un septiembre-noviembre con dos grandes subidas a producción de los sistemas de inteligencia artificial con nuevos servicios. En septiembre debiera estar el de los resúmenes documentales y la parte de traducción a lenguaje comprensible, no especializado.
Y nos gustaría ver si este año también pudiera estar en la segunda iteración una serie de nuevas funcionalidades y la posibilidad de que ya no trabajemos solamente a nivel de documentos, sino de trabajo de expediente judicial electrónico.
Si me pongo en el papel de un juez, ¿qué puedo esperar acerca de aplicación artificial para facilitar mi trabajo?
Esperamos que esté disponible a finales de este año. Los jueces van a poder preguntar a la Inteligencia Artificial en lenguaje natural sobre el expediente digital de cada caso. Van a poder pedir saber cuál era el documento donde el acusado decía lo que fuera, o que presentó tal cosa, o cualquier otro detalle.
La inteligencia artificial lo buscará en todo el expediente judicial electrónico y responderá a lo requerido en cuestión de segundos. Ese es nuestro objetivo. Por ahora, las pruebas son muy prometedoras.
O sea, como si fuera un ChatGPT.
Efectivamente. Es segregación y búsqueda inteligente de información, pero no tomará decisiones. Pero no hará sentencias ni autos.
Lo que se está utilizando ahora, de forma más masiva, la anonimización, la gente está muy contenta. Porque ha quitado una cantidad de trabajo espectacular.
Una labor que hace el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
Trabajamos en colaboración con el CENDOJ, pero ellos se ocupan de la anonimización de las sentencias, no de todo tipo de documentos.
Hemos montado un sistema para que lo consuman de nuevo, en interoperabilidad, los sistemas de gestión procesal. De tal manera que esté trabajando con Ius Madrid diga, ‘pásame la anonimización completa’. Se conecta, lo anonimiza, y se devuelve. El funcionario de Madrid no ha tocado otra cosa que su sistema y obtiene lo que busca, el documento que quiere con el nivel de anonimización que fije.
Esa es la idea y lo interesante de la interoperabilidad.
¿De qué forma ha afectado el frenazo dado a la aprobación de las tres leyes de eficiencia, organizativa, procesal y digital a la implementación de todos estos programas? Porque el plan del Ministerio era ponerlo todo a rodar en septiembre-octubre.
Y sigue siendo la idea. Por ahora, mantenemos las mismas fechas para la planificación de proyectos de transformación digital sigue su curso. Todas las Comunidades Autónomas están en la misma línea. No hemos tenido ningún cambio. Esto beneficia a todo el mundo.
El otro día hablaba con la Comunidad de Madrid, que me contó que iba a usar nuestro visor Horus.
Otra innovación ha sido la puesta en marcha de las Oficinas Municipales de Justicia, transformando los 7.700 Juzgados de Paz en centros que permitirán a los ciudadanos acceder a servicios como obtener certificados, realizar declaraciones ante los tribunales por videoconferencia o acceder al expediente de su caso en la nube. Es un redespliegue del Estado.
Sin duda es un buen servicio. Si tu expediente está en la Audiencia Provincial de Palencia y vives en un pueblo al norte de la provincia, esta oficina te facilitará el acceso a esos servicios. Gracias a la digitalización, como ese expediente está en la nube, significa que no está en ningún sitio, lo que realmente significa que está en todos.
Eso permite que lleguemos con todos los servicios a todos los lugares.
Es lo mismo que ocurre con el Registro Civil. Cuando haces la transición al nuevo modelo de Registro Civil, basado en hoja única personal y ciento por ciento digitalizado dejas de depender de los libros físicos.
Aplicando la interoperabilidad orientada al dato, supongo.
Claro.Por eso está disponible en todos los sitios de manera completamente deslocalizado. Por eso puedes hacer las juras de nacionalidad en Formentera, aunque sea con respecto al Registro Civil de Ibiza.
En comparación con el resto de los países de la Unión Europea, ¿en qué lugar se encuentra España en esto de la digitalización?
Estamos a la cabeza.
¿Y con respecto, de forma específica, a países como Francia, Alemania, Italia…?
Estamos a años luz.
¿Han venido a ver lo que se está haciendo aquí gente de otros países?
Han venido de la Unión Europea, de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa, la CEPEJ, que hizo con nosotros la nueva Ley de Eficiencia Digital. De hecho, la está utilizando como ejemplo de cómo hacer la transformación digital en el ámbito de la justicia.
A nivel internacional hemos conseguido un posicionamiento muy significativo tanto en el ámbito OCDE como en el ámbito Consejo de Europa como en el ámbito Unión Europea, Comisión Europea como en el ámbito de América Latina y el Caribe.
Hasta hace bien poco no se sabía hasta qué punto la robotización y la Inteligencia Artificial se estaba siendo utilizada en este proceso de transformación digital de la Justicia española. Y ahora resulta que, como los cultivos, se ha hecho de forma intensiva.
Yo no conozco en ningún otro caso en la Administración en España, donde la robotización y la inteligencia artificial se esté usando tanto, es cierto.
Esto es debido a que hemos tenido apoyo por arriba para hacerlo, porque ahora que todos los resultados han sido buenos. Nadie abriga ningún temor.
¿Qué significa eso de “apoyo desde arriba”?
Bueno, fue el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, el que impulsó el gran proyecto de robotización de nacionalidad. En lo que ha tenido mucho que ver también el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.
Y los proyectos de Inteligencia Artificial se han podido implementar porque la ministra, Pilar Llop, tenía un grupo de IA y ética en el Senado, que montó cuando era presidenta de la Cámara Alta, que analizó hasta dónde había riesgos. La ministra poseía esta la sensibilidad. Por eso apoyó este tipo de proyectos. Sin este apoyo no habríamos llegado lo lejos que estamos llegando.
La tecnología para aplicarla estaba ahí. Y también disponíamos de los millones de los Fondos Europeos. Esto ha sido determinante. Este Ministerio se ha atrevido y se ha lanzado. Los resultados están llegando.
Otro servicio que hemos puesto en marcha ha sido la robotización ampliada a la cancelación de los antecedentes penales, aplicando un nuevo algoritmo. Esto desde 2022.
Estas son algunas transformaciones que los ciudadanos están comenzando a sentir, pero, sobre todo, se sentirán desde dentro de la Administración de Justicia. Pero hay muchas más.
Quizá el problema ha estado en no haberlo explicado antes.
Quizá sea así. Pero, sin duda esto marca un antes y un después en la historia de la Administración de Justicia. Cuando todo esté operativo nadie podrá decir que tenemos una Justicia del siglo XIX. Porque no será verdad. Ya no. Esto es irreversible.
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