Entre los proyectos de Inteligencia Artificial impulsados por el Ministerio de Justicia se encuentran la «textualización» de comparecencias y juicios –grabación en vídeo, con subtítulos en pantalla y transcripción del contenido con acceso en la nube–, con más de 1.125.000 desde que se puso en marcha, la anonimización de documentos, con más de 800 usos en el mes de junio solo, la clasificación documental o la última «estrella», que estará operativa en septiembre próximo: la traducción al lenguaje fácil y accesible de citaciones, autos y sentencias a través de una aplicación en red.
Asimismo, el Ministerio trabaja en el reconocimiento automático de la información en los libros de Registro Civil escaneados, para poderlos procesar automáticamente; la tramitación del procedimiento monitorio -reclamaciones judiciales económicas de pequeña cuantía-; o los resúmenes documentales automáticos.
Fue durante la reunión de trabajo que presidió ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop, con la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, en la que también participaron el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y el director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, el «cerebro» detrás de esta modernización tecnológica.
En cuanto a la robotización, se hizo balance del proyecto de cancelación de antecedentes penales y la concesión de nacionalidad. Este último, ha permitido pasar de un retraso de hasta cinco años en la concesión de nacionalidades, cumpliendo todos los requisitos, a, como prescribe la ley, concederla en menos de un año
En total se han implantado cinco procesos de robotización en este trámite, que han realizado más de 2 230 000 operaciones desde su inicio en julio de 2022. Gracias a ello más de 257 000 personas han podido acceder a este derecho.
La ministra destacó el avance conseguido en la Administración de Justicia, entre otras áreas, respecto a la accesibilidad universal de personas con discapacidad, como los proyectos de IA en el ámbito de la lectura fácil, haciendo hincapié en que “una premisa fundamental es que todos estos procedimientos de digitalización relacionados con la Inteligencia Artificial tienen que desarrollarse dentro de un marco ético y del respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales”.
Según Llop, la IA es una herramienta “poderosa y fundamental para afrontar y resolver los nuevos retos que debemos superar, pero debe tener en cuenta los derechos de las personas para que no se convierta en un arma de desigualdad”.
CIBERSEGURIDAD
En el encuentro también se abordaron los avances en ciberseguridad. El departamento que dirige Llop ha constituido un nuevo Comité de Gobierno de Seguridad y Riesgos (CGSR) como órgano colegiado que gestionará y coordinará todas las actividades relacionadas con la seguridad del Ministerio en los ámbitos de la administración electrónica, protección de datos personales y protección de la información clasificada.
Este órgano está previsto en la Política de Seguridad del Ministerio de Justicia (PSMJU), que entró en vigor en junio, y contempla todos los requisitos de la actual normativa aplicable.
Esta misma norma introduce la creación de un Comité de Ciberseguridad de carácter tecnológico, enfocado al ámbito de seguridad de la información y constituido por vocales permanentes y no permanentes, según los asuntos tratados. Entre los miembros no permanentes podrán incorporarse representantes de las fiscalías, magistrados y letrados de la Administración de Justicia.
Esto permitirá tomar decisiones consensuadas en relación con los sistemas de información que provee el Ministerio de Justicia.
Esta PSMJU, de aplicación a todo el ámbito del Ministerio, está alineada con las necesidades de la Política de Seguridad de la Administración de Justicia, aprobada en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE).
Esta nueva política de seguridad se adapta a los diversos contextos normativos que le son aplicables, principalmente los relativos a protección de datos personales e información clasificada, alineándose con el Esquema Nacional de Seguridad como marco común de medidas técnicas y organizativas.
