La medida de acordar el cierre cautelar de la web es, según el magistrado, necesaria "para poder poner fin, en este momento, a la comisión de los delitos denunciados, sin que se aprecie otra opción menos gravosa e igualmente efectiva".

Gadea ordena el cierre cautelar de la web de Acodap, la asociación que preside el exjuez Presencia

Con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender al mismo
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21/6/2022 15:17
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Actualizado: 21/6/2022 16:19
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El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Elías Gadea Francés, que como ha avanzado hoy Confilegal instruye la denuncia de la Fiscalía contra el exmagistrado Fernando Presencia Crespo, ha aceptado la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público de acordar el cierre de la página web de la Asociación Contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública (ACODAP) –https://www.acodap.com-, con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender al mismo.

Así lo dispone en un auto, fechado a 21 de junio, en el que también acuerda tomar declaración como investigado a Presencia y ofrece la posibilidad de personarse como perjudicados a todos los magistrados afectados: el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, y los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva; Susana Polo Garcia, Carmen Lamela Díaz, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo del Arco, Vicente Magro Servet, Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Pablo Llarena Conde y Ángel Luis Hurtado Adrián.

LA DENUNCIA DE LA FISCALÍA

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, ha denunciado a Presencia por un presunto delito de injurias y/o calumnias, del artículo 205 y siguientes del Código Penal, así como un delito contra las altas instituciones del Estado, previsto en el artículo 504 del Código Penal, «no pudiendo descartar que se sumen otras infracciones de carácter patrimonial». También dirige la denuncia «contra todas aquellas personas que puedan haber participado en la comisión de los hechos descritos en la presente denuncia y que se puedan ir determinando a lo largo de la instrucción de la causa».

Esta actuación de la Fiscalía se produjo a raíz de la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, exfiscal general del Estado, quien en su comparecencia solicitó la intervención del Ministerio Fiscal a causa de la publicación a través de dicha página web de una información relativa a él que pudiera considerarse de carácter injuriosa o calumniosa. En concreto, de determinadas informaciones que le imputan la posesión en un paraíso fiscal de cantidades importantes de dinero supuestamente obtenidas mediante sobornos.

El Ministerio Fiscal refiere también en la denuncia que posteriormente, otros seis magistrados de esa Sala –Carmen Lamela Díaz, Vicente Magro Servet, Pablo LLarena Conde, Ángel Hurtado Adrián, Susana Polo García y Andrés Martínez Arrieta– presentaron sendas denuncias por las mismas razones ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado.

Como ha informado Confilegal, en los últimos meses, Presencia ha cargado, a través de su asociación, contra los 16 magistrados que componen la Sala de lo Penal, ha denunciado a 9 de ellos y recusado al resto. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, con estas prácticas el exmagistrado estaría tratando de impedir que la Sala de lo Penal pueda formar tribunal para enjuiciarlo en un futuro y con ello evitar su entrada en prisión, si el fallo final fuera la inadmisión de su recurso de casación, ya que tiene antecedentes penales.

LA ARGUMENTACIÓN DEL MAGISTRADO

El juez destaca en su resolución que a través de la página web de Acodap se solicita a los usuarios de Internet que efectúen donaciones en favor de la asociación y /o de su presidente, Fernando Presencia -quien se atribuye falsamente la condición de juez-, como contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción.

En relación con el cierre de la web, argumenta que hay que ponderar los intereses en conflicto: por una parte, el derecho a la libertad expresión y por otra, la salvaguarda del orden público, y que procede la medida, “cuando existen indicios de la comisión de delitos que se estarían produciendo de manera flagrante mediante las publicaciones que integran la citada web”.

El magistrado añade que “el ejercicio de la libertad de expresión no puede servir de excusa para el insulto y tampoco puede menoscabar la dignidad del ser humano y su propio valor como persona”.

La medida de acordar el cierre cautelar de la web es, por tanto, según Gadea, necesaria “para poder poner fin, en este momento, a la comisión de los delitos denunciados, sin que se aprecie otra opción menos gravosa e igualmente efectiva”.

El magistrado ordena también oficiar a la Guardia Civil para que investigue los hechos de la denuncia, identifique todos los presuntos perjudicados e informe sobre las aportaciones que se realicen a Acodap.

Esta resolución no es firme. Contra la misma cabe recurso de reforma y/o de apelación.

INVESTIGADO POR UN JUEZ DE TALAVERA

En paralelo, el juez Manuel Buceta Miller, juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Talavera de la Reina, investiga a Presencia tras recibir testimonio proveniente de la Audiencia Nacional por la posible comisión de un delito de falsedad por parte de este exmagistrado, en relación a la denuncia que interpuso Presencia y su asociación contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputándoles los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Denuncia que la AN rechazó por considerar que está basada en documentación falsa, pero Gadea fue más allá y la remitió a los Juzgados de Talavera de la Reina para que allí –donde tiene su domicilio Presencia– el juez de instrucción al que le corresponda investigue si todo ha sido una invención, una denuncia falsa, y actúe judicialmente en consecuencia.