El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha instado al consejero de Educación, Josep González-Cambray, a que «dicte las instrucciones, resoluciones y circulares en materia de personal docente» para asegurar que se cumple la sentencia que obliga a impartir al menos un 25 por ciento de horas lectivas en castellano.
Lo ha hecho en dos autos de este miércoles, que con la misma argumentación desestiman dos recursos de la Generalitat: el primero confirma la ejecución que ordenó a instancias de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y en el segundo hace lo mismo con el auto que aceptó la petición del padre de un alumno, al que el tribunal dio legitimidad para personarse como parte afectada en el procedimiento.
El tribunal reprocha a la Generalitat que alegue que la sentencia vulnera derechos de alumnos y profesores pero, «sin embargo, no contribuye a argumentar por qué considera que con el fallo se están violentando los derechos de los alumnos y profesores cuando lo que se trata de asegurar es un mínimo de impartición de horas lectivas de castellano y catalán en las escuelas».
Los jueces consideran que «no se trata de afectar los derechos de alumnos y profesores sino de garantizar un mínimo de enseñanza efectiva e inmediata mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas» en las aulas.
El auto que confirma la ejecución de la sentencia a petición del padre de un alumno de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) incluye el voto particular de dos magistrados, que cuestionan que el hombre estuviera legitimado para intervenir en el procedimiento.
Estos dos jueces ya discreparon de la decisión del tribunal cuando le admitió en el caso, y ahora lo reiteran porque el auto de este miércoles «insiste en los mismos motivos» a los que ya se opusieron.
Nueva normativa aprobada «in extremis»
El TSJC todavía tiene que dar respuesta al escrito presentado por la Generalitat el último día de mayo, cuando expiraba el plazo dado por la justicia para ejecutar el fallo. En ese escrito, el Govern alegó que la sentencia es inaplicable, en tanto en cuanto existe una nueva normativa legal, aprobada por la Generalitat in extremis en un decreto, que asegura explícitamente que no se pueden aplicar porcentajes en el uso de lenguas, reafirma el catalán como «lengua vehicular» y reconoce el castellano como lengua de «uso curricular».
González-Cambray envió a los centros escolares instrucciones y un cuestionario para validar que sus proyectos lingüísticos se adapten al nuevo decreto aprobado por la Generalitat. «La nueva normativa aprobada en Cataluña ha de servir para que en ninguna clase se apliquen porcentajes», aseguró Cambray durante la presentación de un informe para justificar el mantenimiento y fortalecimiento de la inmersión en los colegios.
En paralelo, el Parlamento catalán aprobó una ley sobre el uso del catalán, que ratificó el catalán como lengua vehicular y reconoció el castellano como curricular.
Ante la sentencia y posterior instancia del TSJ de Cataluña que obliga a impartir el 25 % de materias en castellano, el conseller volvió a lanzar un “mensaje de tranquilidad” a los profesores y directores de centros al insistir en que el decreto ley aprobado dos días antes por el Govern sobre el uso del catalán en la escuela, garantiza que la responsabilidad jurídica de los proyectos lingüísticos recae “plenamente” en la consellería.
