La Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins –representada por el bufete de Emilia Zaballos— ha solicitado al magistrado Alejandro Abascal, titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, que investigue el origen del millón de euros, la fianza aportada por la sociedad sevillana, «Strong Project», administrada por Ignacio Pérez Hidalgo.
Este dinero ha posibilitado la puesta en libertad provisional de Javier Biosca Rodríguez, el cabecilla de una supuesta estafa piramidal con criptomonedas.
Zaballos considera que el dinero depositado por “Strong Proyect” para garantizar la libertad de Biosca, señalan que, “no cubre el pago de responsabilidad civil del total de los afectados, superior a 800 millones de euros”.
La abogada, a través de la procuradora, Teresa Aguado Dorrego, en nombre de la Asociación, actúa como acusación popular, así como acusación particular en nombre de los querellantes, se ha opuesto a la puesta en libertad de Biosca Rodríguez.
Considera que el riesgo de fuga es alto, y que de conformidad con el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se podría celebrar juicio oral sin la presencia del acusado.
¿QUIÉN ES PÉREZ HIDALGO?
De acuerdo con Zaballos, Pérez ostenta el cargo de presidente, consejero, apoderado y consejero delegado de la sociedad Soto Ruiz S.A, junto a Carmen María León Romero, también consejera y secretaria de la mercantil que, en la actualidad, ocupa un puesto de trabajo en la Administración de Justicia en la ciudad de Sevilla.
Los afectados solicitan que ambos aporten declaración jurada ante el Juzgado acerca de su relación con Biosca, así como el contrato referente a la fianza que han depositado.
El ‘broker’ salió de prisión por orden de la Sala de lo Penal y con el apoyo del fiscal, en contra del criterio del juez del caso, Alejandro Abascal, que detecta riesgo de fuga por la capacidad económica que aún se le supone en el extranjero.
Conforme a lo marcado en la Sala de lo Penal, mantiene como medida cautelar que Biosca se presente en el juzgado quincenalmente y le prohíbe salir de España, por lo que le ha retirado el pasaporte.
Al acusado se le imputan los delitos de estafa continuada y blanqueo a través de la sociedad Algorithms Group.
Conforme a los informes policiales, el investigado captaba fondos asegurando retornos del 20 o el 25 % semanal. De esa forma habría obtenido cientos de millones de euros.
En 2020, Biosca comienzó a incumplir sus compromisos dejando al descubierto su estafa piramidal.
La situación culminó en octubre de 2020 cuando Algorithmics Group dejó de abonar las cantidades prometidas.
