El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera por mayoría -por 12 votos a 7- que el fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesto el pasado martes por el Consejo de Ministros tras la dimisión, por motivos de salud, de Dolores Delgado.
“A la vista de la documentación recibida» -remitida por la Fiscalía General del Estado-, «cabe concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala el acuerdo adoptado según la propuesta presentada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor de Lesmes y los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, Wenceslao Olea, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Han votado en contra los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart, que han anunciado la formulación de un voto particular.
El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
García Ortiz tendrá que pasar ahora por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde será preguntado por todos los grupos parlamentarios, un procedimiento que no es vinculante y que no precisa de votación a favor o en contra.
En el paso siguiente, el Consejo de Ministros lo nombrará.
El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el CGPJ, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
Álvaro García Ortiz, salmantino de 54 años, se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y tiene acreditados más de 23 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, en la que ingresó en abril de 1999, fecha en la que fue destinado a la Fiscalía de Mahón (Menorca).
En 2002 se incorporó a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela y desde 2004 ejerció como fiscal especialista en Medioambiente de la Fiscalía del ‘Tribunal Superior de Xustiza’ de Galicia y fiscal coordinador especial de incendios de esa Comunidad Autónoma. Un año más tarde asumió como fiscal las Diligencias Previas 960/2002 del Juzgado número 1 de Corcubión (caso Prestige).
Nombrado en 2007 fiscal delegado de Medioambiente de la Fiscalía de La Coruña, ocupó ese mismo puesto -con especialidad en medioambiente, ordenación del territorio, patrimonio histórico e incendios forestales- para toda la Comunidad Autónoma de Galicia desde abril de 2009 hasta su nombramiento en marzo de 2020 como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
García Ortiz fue presidente-portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de 2013 a 2017 y vocal electivo del Consejo Fiscal entre 2018 y 2022.
Está en posesión de la cruz distinguida de San Raimundo de Peñafort, que recibió en junio de 2004, a propuesta del Consejo Fiscal, un galardón con el que se premió en gran medida, su labor en el juicio por el hundimiento del petrolero Prestige.
